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Benito A. Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano Bad Bunny, presentó ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) un segundo “Informe de Comunicaciones Electorales” o “Gastos Independientes” en el que indica que pagó otros $150,000 a la empresa B. Billboard NC, LLC, conocida como bMedia, por la compra de más espacio en sus “billboards”.

De esta forma, Martínez Ocasio extendió la pauta de anuncios hasta el día de las elecciones generales, el próximo 5 de noviembre. La nueva compra de anuncios la hizo el pasado 15 de octubre, justo cuando venció la pauta de los primeros anuncios.

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A finales de septiembre, Martínez Ocasio asumió responsabilidad por colocar “billboards” en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP) a un costo de $150,000, luego que el contralor electoral, Walter Vélez, exigiera información. En un principio, los anuncios publicaron en los “billboards” sin que se le informara a la agencia fiscalizadora, como exige la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011).

Posteriormente, Martínez Ocasio rindió ante la OCE el informe requerido por el estatuto. De acuerdo con el documento, los anuncios se divulgaron del 23 de septiembre al 14 de octubre por un costo de $150,000. El informe fue firmado por Martínez Ocasio, quien dio fe de que, al momento, estaba en Nueva York. Tras ese informe, la OCE comenzó una pesquisa que desembocó, recientemente, con la imposición de una multa administrativa por $8,650.

La multa fue producto de un acuerdo entre la OCE y bMedia, luego que la empresa aceptara que violó el Artículo 7.007 de la Ley 222. Originalmente, la sanción era de $86,500, pero se redujo a solo un 10%, como dispone el estatuto, cuando la parte perjudicada acepta la violación. En este caso, fueron 173 “billboards” utilizados para colocar los anuncios.

Tras la multa administrativa impuesta por la OCE, el asunto se encuentra en los 30 días que le concede la agencia fiscalizadora a la empresa para pedir una reconsideración.

Ahora, Martínez Ocasio entregó un segundo informe a la OCE haciendo constar que invirtió otros $150,000 en anuncios. Al igual que en el primer informe, declara que no hubo generación de ingresos y el pago para los anuncios lo hizo Torres LLC, una empresa que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, es presidida por José J. Torres Rodríguez.

Los anuncios de esta segunda ronda también contienen mensajes que mencionan al Partido Popular Democrático (PPD).

Los primeros anuncios muestran un fondo negro con letras blancas que dicen “Quien vota PNP no ama a Puerto Rico”; “Votar PNP es votar por la corrupción” y “Votar PNP es votar por LUMA”.

Luego, nuevos anuncios tienen mensajes como “Cada vez que se te vaya la luz recuerda que es culpa del PNP y el PPD”.

El informe también hace constar que, al momento, Martínez Ocasio se encuentra en Nueva York.

Vélez había dicho, luego de que se publicaran los primeros anuncios, que estos debían precisar quién los pagó y que no estaban autorizados por un partido político o candidato. La Ley 222 exige que, aunque se trate de un ejercicio de libre expresión y el emisor no sea un candidato, debe cumplir con informarlo a la OCE, que vela por que el anuncio sea acorde con lo que establece el estatuto.

La Ley 222 define este tipo de inversión en anuncios como “gasto independiente”, expuso Vélez. Al ser un gasto independiente, no hay límites de aportación. La ley, sin embargo, impone un límite de $3,100 en aportaciones anuales por persona cuando se trata de un candidato o partido. Por eso, añadió Vélez, se exige que se explique que el gasto no es coordinado con candidatos o partidos.

Además, la ley exige que toda persona que quiera hacer una comunicación pública, de corte electoral, y no tenga un comité registrado en la OCE, pero quiera usar su derecho a la libre expresión, debe rendir un informe de gastos independientes en 48 horas a partir de realizado el gasto sin límite.

La Ley 222 establece, en su Artículo 7.006 –”Divulgación de Comunicaciones Electorales”–, el requisito de un informe ante la OCE.

“Toda persona que de ordinario no rinda informes ante la OCE, que haga un desembolso que por sí o en el agregado exceda de $5,000 para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral durante cualquier año calendario, presentará al contralor electoral un informe con la información requerida”, indica el estatuto.

El informe requerido “se presentará so pena del delito de perjurio” y debe contener nombre, dirección y teléfono “de la persona que hizo o hará el desembolso y de las organizaciones relacionadas con esta”, la cantidad y fecha de cada desembolso de más de $200, la elección, plebiscito, referéndum o consulta a la cual el gasto se refiere, y la fecha de divulgación.

Además, en su Artículo 7.002. –”Informes de Gastos Independientes”–, exige que ese documento se presente en o antes de 48 tras publicados los anuncios.