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La Oficina del Contralor Electoral (OCE) halló, al menos, tres municipios y/o alcaldes que violaron la veda electoral o prohibición publicitaria de anuncios para el ciclo en curso, por lo que, antes que finalice el año, se emitirían multas administrativas, algunas de las cuales pudieran ser en “carácter personal”, reveló este martes el jefe de la dependencia, Walter Vélez.

“En las últimas semanas, previas al evento electoral (del 5 de noviembre), se recibieron varias confidencias de anuncios que se habían proyectado en varios municipios, que no cumplían con los estatutos que dispone la veda publicitaria. En ese sentido, enviamos personal de la OCE a investigar esas confidencias y se corroboró que, en efecto, había publicaciones en varios municipios que violentaban ciertos estatutos de la veda”, dijo el contralor electoral.

“Se pudo corroborar. ¿Qué procede ahora? Pues, se va a enviar una orden de mostrar causa para darle el beneficio que les otorga la Ley (para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, Ley 222 de 2011) de contestar. Ya nosotros constatamos, y tenemos pruebas en el sentido de que se violó (la veda electoral)”, recalcó.

Aunque no reveló los municipios ni alcaldes implicados, Vélez precisó que la violación consistió en publicar o divulgar un anuncio que no fue aprobado por la OCE usando el código que la dependencia dio tras analizar otro contenido que no violenta la veda. También, la OCE dio con anuncios que nunca fueron llevados por los municipios ante la evaluación de la agencia.

La veda electoral, que comenzó el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es el mecanismo que el Código Electoral provee para que no se usen fondos públicos para enaltecer la imagen o gestión de un candidato a un puesto electivo.

Todas las entidades gubernamentales deben solicitar autorización a la OCE antes de difundir anuncios o distribuir materiales de promoción. Los anuncios deben ser enviados a esa dependencia electrónicamente y, de la misma manera, se transmite a cada peticionario la respuesta, orden, notificación, el requerimiento, las modificaciones o los comentarios que correspondan. Desde el 16 de octubre de 2023, la OCE recibe los anuncios del gobierno para evaluarlos.

Los anuncios son evaluados por una junta examinadora, y los trabajos los rige la OCE, luego que se le designara esa tarea en el Código Electoral aprobado en 2020. Previamente, era una tarea de la Comisión Estatal de Elecciones.

La OCE cuenta con tres examinadores, nombrados por el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño: René Comas, Diego Robles e Ivonne Rivera Picorelli.

En junio y octubre, la OCE emitió dos multas, de $200 cada una, contra la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, por violar la veda electoral al poner fotos suyas en la página cibernética del municipio. “Ya pagó una, la otra (la de octubre), esa no la tengo paga todavía”, precisó Vélez.

Previamente, en 2022, el Departamento de Educación debió pagar una multa de $11,000 por violaciones a la Ley 222, a raíz de una pesquisa de la Oficina del Inspector General, que halló que la agencia publicó 44 convocatorias de empleo, en 2020, sin la autorización de la OCE.

De otra parte, Vélez detalló que este martes se realizó el sorteo de las posiciones para comenzar las auditorías de las elecciones del 5 de noviembre.

Los primeros en ser auditados serán los candidatos a la gobernación. En cuanto a candidatos legislativos, los primeros cinco serán los de los distritos representativos 12 (Vega Alta, Vega Baja, Morovis y Manatí), 9 (Bayamón y Toa Alta) y 28 (Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío), y los distritos senatoriales 4 (Mayagüez) y 8 (Carolina). Respecto a alcaldes y comités municipales, los primeros cinco serán Las Piedras, Isabela, Aguadilla, Cidra y Camuy.

La OCE espera completar el 100% de las auditorías, como ocurrió, por primera vez, en los comicios de 2020. Tras las primarias del 2 de junio, la dependencia comenzó las auditorías, cuyos informes serán notificados a partir de este miércoles, adelantó Vélez. Los informes en ser notificados serán los de los aspirantes de los distritos 15 (Hatillo, Camuy y Quebradillas) y 20 (San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo), precisó.

“Es importante que se sepa que los informes no son públicos hasta que transcurran cinco días desde su notificación”, apuntó Vélez.