Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

La empresa B. Billboard NC, LLC, conocida como bMedia, pagó a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) los $8,650 que se le impusieron de multa administrativa por incumplir con los parámetros de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011) relacionados con anuncios.

“Sí, pagaron la totalidad”, confirmó este martes el contralor electoral, Walter Vélez, tras recordar que bMedia acordó transar la violación a la Ley 222.

A finales de septiembre, el exponente de música urbana Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, asumió responsabilidad por colocar “billboards” en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP), a un costo de $150,000, luego que la OCE exigiera información. En principio, los anuncios publicaron sin que se le informara a la dependencia, como exige la Ley 222.

Posteriormente, Martínez Ocasio rindió el informe requerido por el estatuto. Los anuncios se divulgaron del 23 de septiembre al 14 de octubre, por un costo de $150,000, según el informe, que fue firmado por Martínez Ocasio, dando fe de que, en ese momento, estaba en Nueva York. Tras el informe, la OCE comenzó una pesquisa que desembocó en la imposición de la multa.

La multa fue producto de un acuerdo entre la OCE y bMedia, luego de que la empresa aceptara que violó el Artículo 7.007 de la Ley 222. Originalmente, la sanción era de $86,500, pero se redujo a solo un 10%, como dispone el estatuto, cuando la parte perjudicada acepta la violación. En este caso, fueron 173 “billboards” utilizados para colocar los anuncios.

Tras aceptar la multa, Martínez Ocasio invirtió otros $150,000 en anuncios en “billboards” e, incluso, publicó una carta en los principales rotativos de país, explicando por qué arremetía contra el PNP y el Partido Popular Democrático.

Si bMedia no hubiese aceptado la multa, habría podido pedir una reconsideración e, incluso, acudir al tribunal.