La candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 1 de San Juan, Ginny Piñero Parés, denunció este domingo “el robo y la usurpación” del paseo que accede al fortín de San Gerónimo del Boquerón, en Puerta de Tierra, donde supuestamente se ha “imposibilitado” el acceso a la ciudadanía y aparentemente opera un estacionamiento “valet” sin los debidos permisos.

“Estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos, de los sanjuaneros y de nuestros turistas a acceder a esa edificación histórica por medio del paseo, que está en Paseo Caribe”, señaló la abogada, en conferencia de prensa.

De acuerdo con el relato de Piñero Parés y los documentos que presentó, para el desarrollo de Paseo Caribe se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, representado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), y San Gerónimo Caribe Project, desarrolladora de Paseo Caribe, en el que se establecía que el derecho al acceso peatonal era a “perpetuidad” e “irrestricto”.

Sin embargo, según la candidata, el paso hacia el fortín fue vendido a las empresas Las Brisas Property Management y Paseo Caribe Commercials, LLC, cuyo propietario es Jacobo Ortiz Blanes.

En entrevista con El Nuevo Día, Ortiz Blanes alegó que la vereda que bordea Paseo Caribe está dividida en dos fincas y que sus empresas solo son propietarias de una de ellas, que no es la que dirige hacia el fortín.

“El dueño anterior segregó esa calle, en el 2008 o 2010, y hay dos fincas. La finca que compramos nosotros, que queda frente a nuestra propiedad, y la finca que te lleva al lado de Condado Lagoon Villas hasta el fortín. Esa última parcela no es nuestra. Osea que el camino que te lleva desde el final de Paseo Caribe hasta el fortín, esa parcela le pertenece todavía al dueño anterior”, explicó.

Según Piñero Parés, “cuando Ortiz Blanes compra (el espacio) a Arturo Madero (de San Gerónimo Caribe Project), en la escritura de compraventa dice que ese paso es una servidumbre a perpetuidad. Osea que sí tenían conocimiento de esto y los abogados notarios tenían que haberles advertido, pero en la escritura sí lo establece. Teniendo conocimiento de esto, Ortiz Blanes rellenó el área de los adoquines con hormigón sin tener una consulta ambiental o permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y ni siquiera del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos”.

La candidata acusó también que se cortaron manglares y arbustos de uva playera en el lugar.

Sobre este punto, Ortiz Blanes dijo que se rellenaron unas áreas de la calle, por recomendación de un ingeniero estructural “para darle firmeza a la carretera”, y que no conllevaba algún permiso del DRNA ni una evaluación ambiental. Además, rechazó que se haya podado alguna parte de la vegetación del área.

En la entrada del paseo, indicó Piñero Parés, había una cadena que fue removida y reemplazada por un brazo mecánico que da paso al estacionamiento. “Ahí se opera un estacionamiento tipo ‘valet’, en el camino peatonal, siendo esta una propiedad que no tiene número de catastro y, por lo tanto, no paga contribuciones al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por ser de uso público”, sostuvo.

Cuestionado por este periódico, Ortiz Blanes confirmó esta información, pero achacó la responsabilidad a que “el CRIM no se ha puesto al día” para hacer las correspondientes tasaciones, aunque, señaló que igualmente tiene “exención por ser propiedad turística”.

Además, la candidata añadió que las empresas no tenían los debidos permisos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para “operar el estacionamiento tipo ‘valet’, en el camino de uso público”.

El empresario confirmó que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, un contratista operó un estacionamiento en el camino frente a Paseo Caribe, pero aseguró que la operación contaba con los debidos permisos. Aunque inicialmente movieron el “valet” a otra área del complejo, la operación cesó en mayo de este año.

A preguntas de la prensa, la candidata reconoció que no se ha prohibido el paso de la ciudadanía, pero afirmó que se está “limitando”. Así también lo expresaron su asesor legal, el licenciado José Montalvo, y la candidata a la alcaldía de San Juan del PPD, Terestella González, quienes señalaron que se estaba restringiendo “funcionalmente” el paso con la valla y los vehículos, lo que a su vez “da la impresión de que es privado”.

Ortiz Blanes sostuvo que hay dos brazos mecánicos, al principio y al final de la vía, dado a que, según el empresario, uno de los usos de la carretera era dar acceso a personal de emergencia, lo que se dificultaba con una cadena.

Piñero Parés hizo un llamado al Municipio de San Juan, al alcalde Miguel Romero, al representante Eddie Charbonier, al gobierno estatal, al gobernador Pedro Pierluisi, al Departamento de Justicia, al DRNA y al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para que tomen acción.

“La investigación ya está hecha, la fiscalización ya está presentada a la prensa hoy, y presentaremos las querellas correspondientes en los foros correspondientes”, expresó la candidata a la Cámara de Representantes.

La política expuso que, por esta situación, hay una demanda incoada por el Consejo de Titulares de Laguna Plaza, mediante su junta Edwin Pérez Hernández, contra San Gerónimo Caribe Project, Newage Ventures, Paseo Caribe Commercial y Las Brisas Property Managment. Asimismo, el ICP se unió como parte demandante interventora.

Ortiz Blanes aseguró que gran parte de los señalamientos que esbozó la candidata ya se han discutido como parte del litigio que entablaron los titulares de uno de los condominios residenciales de Paseo Caribe.