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Candidatos de Guaynabo por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad cuestionaron una ordenanza municipal, aprobada en el 2007, que prohíbe la colocación de propaganda política en espacios públicos y sostuvieron que la directriz los deja en desventaja ante contrincantes de partidos políticos con mayores recursos y estructuras.

“Para mí esa ordenanza tiene vicios de inconstitucionalidad, porque la expresión política está protegida por el Tribunal Supremo. Tiene que haber un criterio de razonabilidad. No puede ser que nos impidan el poder poner propaganda”, aseveró el licenciado Ricky Aponte, candidato a representante al Distrito 6 (Guaynabo, Cataño y Bayamón) por Proyecto Dignidad.

En síntesis, la Ordenanza 14 (2007-2008) prohíbe pegar, fijar, pintar o erigir anuncios, letreros, avisos, banners o pasquines, sin importar el asunto, sobre cualquier edificio, estructura, postes municipales, terrenos, muros, vallas de seguridad, parques, árboles o cualquier otra propiedad del Municipio de Guaynabo. Y, a su vez, designa tablones de expresión pública para la ubicación de este tipo de propaganda.

“La ordenanza no se ha impugnado en los tribunales y por eso prevalece... en mi opinión esa ordenanza fue hecha y aprobada para coartarle el derecho a los adversarios políticos de aquel momento del señor O’Neill, padre, y su hijo ahora lo está utilizando para lo mismo”, indicó Aponte en referencia al exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quien renunció al cargo, en el 2017, en medio de denuncias de hostigamiento sexual y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Su hijo y actual alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, defendió la directriz. “Hay unas brigadas de Ornato y Conservación que hacen valer la ordenanza, sin distinción de personas, y se remueve toda propaganda que ubique en postes o lugares no autorizados por la ordenanza. Es responsabilidad de todos cumplir con la ley; más allá, es deber de los que aspiran a cargos públicos a contribuir con la limpieza, el orden y ser ejemplo”, indicó el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

O’Neill aseguró que, en su caso, la propaganda política por la reelección a la alcaldía, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), está ubicada “en lugares o residencias privadas y tienen la autorización de los propietarios”. “Censuramos a los candidatos que no cumplen con la ordenanza y hasta ubican sus rótulos en espacios como casas abandonadas o declaradas estorbos públicos, postes u otros espacios”, afirmó O’Neill.

A finales de septiembre, Aponte denunció que –a pesar de que contaba con la autorización del propietario– propaganda suya fue retirada por empleados municipales de un poste ubicado en un terreno privado en la avenida Esmeralda. El incidente fue captado por una cámara de vigilancia de seguridad. “La parte derecha de la guagua tiene el símbolo del Municipio. No puedo dar fe de qué dependencia es la guagua, pero por las investigaciones que he podido hacer, supuestamente pertenece a la Administración de Servicios Generales”, indicó Aponte sobre parte de lo que observó en las imágenes.

Tras el incidente, el candidato de Proyecto Dignidad acudió ante las autoridades y radicó una querella por daños y vandalismo que actualmente está ante el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Negociado de la Policía. “Vivimos en un país de ley y orden y yo esperaría que esto prosperara porque no podemos estar por la vida coartándole derechos a la gente”, expresó Aponte.

“Esa propaganda, primero, cuesta dinero, y, segundo, no puedes apropiarte ilegalmente de algo que no es tuyo y luego disponer de eso”, agregó el candidato a la Asamblea Legislativa.

De forma similar se expresó la candidata a la alcaldía de Guaynabo por el MVC, Myrna Conty, quien conoció de la directriz tras intentar ubicar propaganda en el área de la rotonda de la avenida Juez David Urbina. “Esta ordenanza es un atropello a las candidaturas de opositores a la maquinaria del PNP, en especial a nosotros los miembros de partidos emergentes que no tenemos los recursos que le brindan los donativos de contratistas a los incumbentes” señaló Conty.

Dijo que la ordenanza no explica la razón detrás de la regulación de estos carteles y sostuvo que los tablones de expresión pública disponibles “son escasos, semiocultos y pobremente mantenidos por el Municipio”. Alegó, además, que O’Neill, “aprovechando su posición de alcalde”, “tiene múltiples letreros en terrenos públicos y utiliza los recursos del Municipio para generarse simpatías”.

“Es indignante que estos politiqueros profesionales que dirigen una ciudad democrática implementen esta clase de medidas que revelan su profundo carácter antidemocrático y ventajero”, subrayó Conty.