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La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, aguarda por un informe de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (Javaa) para decidir si se cita a los 41 electores que, presuntamente, solicitaron que sus sobres de papeletas de voto por correo se enviaran a una misma dirección postal en Santa Isabel, una aparente irregularidad denunciada el martes por el Partido Popular Democrático (PPD).

Padilla Rivera sostuvo este miércoles que, ante la ausencia de unanimidad en torno a una moción de la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, para que se citara a la CEE a los electores, se optó por esperar a que la Javaa notifique, entre otras cosas, si se realizó la gestión de llamar a los supuestos peticionarios de voto adelantado para validar que, en efecto, hubieran hecho la solicitud.

Desde septiembre, la CEE decidió que, cuando un elector pidiera que sus papeletas se enviaran a una dirección que no coincidiera con la que obra en su perfil del registro electoral, se le tendría que contactar para minimizar la posibilidad de fraude.

“Tenemos que tener los elementos, que la CEE conozca cuál es el estatus de las gestiones que Javaa hizo con relación a estos electores. La CEE había determinado que las solicitudes de voto adelantado cuyas direcciones fueran distintas en ese tercer campo (para el recibo de las papeletas), se iba a llamar al elector para validar esa información. La CEE no tiene constancia de si, con esos 41 electores, esa llamada se hizo, y si el elector validó o no ese correo postal. Hasta tanto la CEE no conozca qué hizo (…) no concedería, me parece un poco prematuro, llamar a los electores (para citarlos)”, afirmó Padilla Rivera, en una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones Electorales en Hato Rey, donde se celebra el escrutinio general.

Según Padilla Rivera, la instrucción a la Javaa es que el informe esté listo este mismo miércoles.

Angleró sostuvo, por separado, que solo el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, se opuso a la moción de citar a los electores, generando el desacuerdo resuelto por la presidenta alterna.

“Queremos darles el mismo trato que le dimos a otros casos, incluyendo el de Villalba que presentamos hace varias semanas. Esos sobres se ponen bajo arresto hasta que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Ahora el PNP se opone. Ya no podemos esperar más. Estamos en un escrutinio y esos votos, de ser validados, se adjudican”, recalcó Angleró, señalando que la Javaa no ha podido producir los detalles que, según Padilla Rivera, se incluirán en el informe.

La comisionada electoral indicó que, de momento, el pleno de la CEE no tiene constancia, por ejemplo, de si los sobres de los 41 electores fueron devueltos con papeletas votadas.

Angleró añadió que, luego de la denuncia realizada el martes, se identificó un acta en la que se consigna que otro elector de Santa Isabel –que no forma parte de los 41 que supuestamente pidieron el envío de papeletas a la misma dirección– reportó que no había solicitado el voto adelantado, a pesar de que se recibió un sobre a su nombre.

En Santa Isabel, el alcalde popular, Rafael “Billy” Burgos, salió airoso en los resultados de la noche del evento por un margen de 838 votos sobre el aspirante del PNP, Meldwin Rivera Rodríguez.

En tanto, el comisionado electoral alterno del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, criticó una moción sometida el martes por la CEE, en el caso judicial de electores que impugnaron el proceso de validación mediante llamadas, en la que el organismo se distancia del acuerdo del pleno alcanzado en septiembre, al describirlo como “un trámite inoficioso que resultará en un efecto práctico de evitar que se cuenten votos y, por tanto, invalidarlos sin evidencia alguna de ilegalidad”.

“Para evitar esa situación, este honorable Tribunal puede armonizar el derecho aplicable con las instrucciones; estableciendo un término específico para que se logre la validación de los votos pendientes de validar y, de no cumplirse, el resultado sea que se tendrán por validadas las mismas”, sugirió la CEE al Tribunal de San Juan.

“¿Con qué autoridad los abogados hacen esto? Si es así, se acabó la Comisión”, exclamó Cruz. “Si hay una decisión por unanimidad de la CEE, la representación legal (tiene que) respaldar esa decisión”.

“Hay una directriz por unanimidad por parte de la CEE que se tiene que cumplir. No hay una prerrogativa de si se cumple o no con la instrucción; hay que cumplirla”, dijo posteriormente Padilla Rivera a preguntas de la prensa, aunque no quiso responder si se trata de una postura consistente con lo que el organismo ha argumentado ante el tribunal.

“La pregunta que me hace la compañera es con relación a la posición de la CEE (y) lo que estoy respondiendo es que no voy a entrar a interpretar la posición de la CEE ahora (que) ya eso está en el tribunal. Lo que sí digo y categorizo es que la CEE siempre va a proteger el interés del elector”, abundó.