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A menos de dos semanas del cierre del registro para los comicios generales –cuando se anticipa un alto volumen de transacciones–, la filtración de datos electorales de la abogada Mayra López Mulero originó una pesquisa interna en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero conocedores en materia electoral coincidieron en que la investigación tiene que ampliarse ante la posible comisión de delitos.

“Divulgar la información electoral, que incluye la vivienda, la edad, el número del Seguro Social de una persona, a mi entender, es un delito. Debería referir(se) al Departamento de Justicia, (aunque) el récord de la Comisión refiriendo a Justicia es muy deficiente”, sostuvo el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático Héctor Luis Acevedo.

Con él, concurrió el exvicepresidente de la CEE Andrés Miranda, quien destacó que, como la filtración denunciada por López Mulero supuestamente emanó del propio ente electoral, la investigación no puede ser interna.

“Tiene que referirse al Departamento de Justicia porque aquí se cometió un delito. Se supone que, si alguien comete un delito, y la ley electoral establece los delitos, es el Departamento de Justicia y los tribunales quienes deben intervenir en la investigación”, puntualizó Miranda.

López Mulero denunció el martes, en el programa Jugando Pelota Dura, que, tras hacer una transacción electoral el lunes en una Junta de Inscripción Permanente, se divulgó su información confidencial a través de un chat que, supuestamente, está integrado por miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP). Afirmó que fue un integrante del chat quien le alertó de la divulgación, y adelantó que presentará querellas formales.

“Estoy, primero, denunciando esta práctica; alertando a los electores de que se cuiden de no ser las próximas víctimas de esta acción ilícita y, luego, estoy canalizando mis respectivas querellas a la CEE, la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia en su División de Integridad Pública y al FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”, dijo López Mulero el miércoles a El Nuevo Día.

Por escrito, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, indicó que están “en el proceso de recopilar la información necesaria” para atender la denuncia de López Mulero “con la seriedad que amerita”.

“Estamos llamados a proteger la información de todos los electores. Es por eso que somos muy cuidadosos con el acceso al Registro General de Electores y cautelosos con la información que manejamos. En ese sentido, responsablemente, estamos procurando toda la información concerniente a esta alegación, con el fin de tomar la acción que dispongan las leyes y reglamentos aplicables, una vez analizada en su totalidad la denuncia”, expresó.

Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que, si se presenta una querella en Justicia, la agencia debe atenderla, pero “primero eso hay que evaluarlo administrativamente”.

“Si Justicia recibe una querella, la va a investigar, se va a hacer lo que tenga que hacer. La evalúa primero y, si procede a una investigación, la investiga. Si es un asunto de naturaleza electoral, pues, usualmente, eso lo atiende la propia CEE o, dependiendo de la naturaleza del asunto, puede ser el contralor electoral. Esas son las dos entidades que vienen a mi mente”, sostuvo, tras participar de un evento oficial en Orocovis, y añadió que la Oficina de Ética Gubernamental también vela por el comportamiento de los funcionarios.

Opinó, en tanto, que el sistema electoral, “con todas las fallas que le puedan señalar, es ejemplar”. Según el gobernador, “hay agendas para desestabilizar”, pero no precisó de quién o de dónde provienen.

Justicia reaccionó, también por escrito, diciendo que, “en este momento, no sería prudente emitir comentarios” sobre un asunto que podría ser investigado por la agencia. Se comprometió, sin embargo, a que, tan pronto se reciba la denuncia “con todos los datos necesarios”, se dará “el trámite correspondiente para iniciar una investigación, como lo hacemos en todos los casos de esta naturaleza”.

“La CEE está muy mal parada. Todos los días es un asunto nuevo. Y, entonces, eso ha minado la confianza de la gente. El organismo electoral perdió ya bastante, porque no sabe ni qué hacerse”, dijo Miranda, quien recordó que, desde la aprobación del Código Electoral, en 2020, oficinas clave en la CEE, como la Secretaría y la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico, no están sujetas al mecanismo de fiscalización y contrapeso político conocido como “balance electoral” (representación de cada partido).

Miranda y Acevedo repasaron, además, controversias e irregularidades que, desde hace varios años, a su juicio, han lacerado el desempeño, integridad y credibilidad de la CEE y, por ende, la democracia.

Mencionaron, por ejemplo, los casos de fraude, en Guaynabo y Cataño, en 2012; la convicción por corrupción del expresidente de la CEE Rafael Ramos Sáenz; la abortada primaria de 2020; la denuncia de un elector que aparece en los registros votando en las pasadas elecciones cuando no lo hizo; los supuestos endosos fraudulentos de este año; la divulgación de información electoral de periodistas; y la drástica baja de personas sin inscribir, así como la falta de depuración del registro electoral, que contiene personas fallecidas.

A esas instancias, dijeron, se suma que la CEE no tiene un presidente en propiedad y que, a poco menos de dos meses de los comicios, no se han aprobado documentos cruciales, como el Reglamento de Elecciones Generales y Escrutinio.

“No solamente es triste, es más peligroso que triste. Hay que tener una vigilancia combativa”, expresó Acevedo, al recalcar que, bajo este escenario, las acciones de los comisionados electorales de todos los partidos son “vitales”.

“Los comisionados tienen que estar en una actitud bien activa de fiscalización para compensar la falta de credibilidad de la Comisión, porque la gente tiene que solicitar el voto adelantado antes de este lunes (16 de septiembre) y el registro electoral cierra el próximo 21 de septiembre. La desconfianza hay que superarla con fiscalización”, esbozó el también exalcalde de San Juan.

De otra parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, indicó que llevaría la denuncia de López Mulero a la reunión del pleno de la CEE, que se realizaría este mismo miércoles.

“Esto es un asunto sumamente serio, y la CEE no puede quedarse cruzada de brazos. Corresponde a la presidenta (Padilla Rivera) atenderlo inmediatamente, con los procedimientos que dispone el Reglamento de Comité de Querellas”, dijo Aponte.

De paso, lamentó que las denuncias de irregularidades que se han traído, hasta ahora, a la CEE supuestamente han quedado en nada.

“Lamentablemente, (Padilla Rivera) ha tomado distintos caminos dependiendo las querellas, las investigaciones que se han pedido. Eso ocurrió rumbo a las primarias de junio, y hace falta uniformidad en los procesos. Ese es el problema, que no ha sido uniforme con el procedimiento”, dijo Aponte.

Entretanto, el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, opinó, por escrito, que la filtración de la información electoral de López Mulero “demuestra cómo se persigue a quienes se identifican como opositores”.