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A horas de su radicación, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, retiró la demanda que presentó la mañana de lunes contra la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, exigiendo que la funcionaria dejara sin efecto una directriz que, a su juicio, añadía restricciones al procesamiento y adjudicación de los votos emitidos bajo las modalidades de ausente y adelantado.

“Se informa a este honorable tribunal el deseo del peticionario, el licenciado Aníbal Vega Borges, de desistir del presente recurso de revisión sin perjuicio sin ningún otro particular”, lee el aviso de desistimiento voluntario presentado la tarde del lunes.

La decisión se da al amparo de la Regla 39.1, que regula “la forma y manera en que una parte puede desistir luego de presentada una causa de acción ante el Tribunal de Primera Instancia”.

Vega Borges había adelantado el lunes a El Nuevo Día su intención de retirar la demanda para “hacerle unas enmiendas”. Este medio intentó comunicarse hoy, martes, con el comisionado del PNP para conocer sobre cuál sería la nueva estrategia, pero al momento de esta publicación no había sido posible. “Primero, tengo que hablarlo, y los abogados tienen que dialogar conmigo la estrategia que van a llevar”, manifestó el lunes en un breve intercambio con este diario.

En la demanda, Vega Borges le solicitaba al tribunal la validación inmediata de todas las solicitudes de voto ausente y adelantado recibidas y no procesadas dentro del término establecido en el “Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias y Elecciones Generales 2024″, y que se adjudicaran los sufragios de los electores que remitieran papeletas votadas a la CEE “de forma expedita y sin necesidad de posteriores validaciones no contempladas en el Código Electoral de 2020 y los reglamentos aplicables”.

Los hechos en controversia se remontan al 4 de octubre, cuando Padilla Rivera acogió una moción presentada por la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, para reclamar la validación de todas las solicitudes de voto adelantado que no aparecen firmadas en la sección del juramento.

El proceso de confirmación se haría llamando directamente al elector. De no lograrse contacto con la parte peticionaria, las solicitudes en controversia se mantendrían como “pendiente de validar”.

Según la demanda retirada, la determinación de Padilla Rivera de someter las solicitudes de voto adelantado y ausente a un proceso de validación adicional constituye una violación directa al derecho fundamental al sufragio protegido por la Constitución de Puerto Rico. Es, además, una medida “arbitraria” que “carece de justificación legal” y “crea un obstáculo indebido que afecta la participación de los electores en el proceso democrático”, indica el documento.

El único voto en contra de la moción del MVC fue de Vega Borges, por lo que, al no haber unanimidad, la determinación final recayó en la presidenta alterna de la CEE. “La decisión de la presidenta alterna de imponer un proceso de validación adicional, basado únicamente en la falta de firma en un formulario que no es requerido por el Código Electoral, crea una barrera procesal onerosa que restringe la accesibilidad del elector al ejercicio de su derecho al voto”, insistió el comisionado.