Jesús Manuel Ortiz y Javier Jiménez, candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad, respectivamente, dejaron en evidencia las diferencias entre sus visiones para el avance económico del país, como parte del “cruce de ideas” que protagonizaron el jueves, a solo 12 días de las elecciones generales.

Mientras que Ortiz enfatizó la necesidad de apalancar los fondos federales disponibles para la reconstrucción de Puerto Rico, Jiménez ripostó con su disposición a enfrentar el reto de reducir el impacto de la corrupción sobre la salud fiscal del aparato estatal y de fomentar medidas de “libertad económica”, a través de la limitación a las regulaciones implementadas desde el gobierno.

Según Ortiz, su plan económico “está basado en establecer (el desarrollo), a través de la utilización de fondos federales, que se pueda encadenar ese efecto en el empresario local, bajar el costo de energía y la creación de empleo”.

Para el aspirante de la Pava, un componente clave para su visión será la gestión en la capital federal y la búsqueda de incentivos, aludiendo a la pérdida de los beneficios contributivos que contenía antiguamente la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

“Lo primero que causó (la crisis económica) es un gobierno ideológico que era estadista, que se advirtió lo que iba a ocurrir, y pasó. Llevamos 20 años con comisionados residentes en Washington D. C. (pertenecientes al) PNP (Partido Nuevo Progresista) peleando sobre el status y combatiendo las herramientas del Estado Libre Asociado”, sentenció el candidato popular.

En cambio, Jiménez habló de convocar a un referéndum dirigido a aprobar enmiendas constitucionales que creen “salvaguardas” para evitar una futura quiebra causada por el endeudamiento excesivo.

“La economía tiene que correr paralela a la política pública que establezca el gobierno. Va a generar más fuentes de empleo y, como consecuencia, más beneficios”, sostuvo el aspirante del partido conservador, en referencia al efecto de la desregulación de la actividad comercial.

A preguntas de una ciudadana, Jiménez, quien abandonó el PNP en 2023 para unirse a las filas del Proyecto Dignidad, señaló que determinadas iniciativas gubernamentales –como mayor ofrecimiento de servicios a adultos mayores y aumentos en las pensiones a jubilados del sector público– podrían financiarse al eliminar las instancias de fraude, lo que promovería mediante el reclutamiento de un “ejército de auditores” adscritos a la Oficina del Contralor. Específicamente, citó un estudio de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, que estimó en $527 millones anuales la pérdida en fondos públicos a causa de la corrupción.

Paralelamente, dijo el aspirante, “la libertad económica va a proporcionar que toda persona con un sueño pueda cumplirlo sin intervención del gobierno, tanto con el empresario local como de afuera”. “Vamos a generar mayor cantidad de empleos bien pagos con los beneficios que necesita el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

El “cruce de ideas” entre Ortiz y Jiménez, organizado por Telemundo y El Nuevo Día, se materializó luego que los candidatos del PNP, Jenniffer González, y el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, cancelaran sus participaciones en el debate que se había programado.

Desde la semana pasada, Dalmau ha suspendido sus participaciones relacionadas con la campaña ante la delicada situación de salud de su esposa, Griselle Morales, quien sufrió una hemorragia cerebral aguda a causa de una aneurisma, mientras que González canceló su asistencia al plantear que celebrar un debate entre tres aspirantes hubiera supuesto un escenario “injusto”.

Jiménez y Ortiz, de otra parte, reiteraron la intención de promover la salida de LUMA Energy como operador de la red eléctrica, si bien quedaron plasmadas las diferencias en sus respectivos acercamientos.

Ortiz, en primer lugar, cuestionó el plan de Jiménez de crear una entidad sin fines de lucro que asuma la gerencia de la transmisión y distribución eléctrica, al sostener que requeriría legislación, “y el Proyecto Dignidad no va a tener una mayoría”.

“Yo dudo que un legislador se oponga a que pongamos en orden” el sistema eléctrico, ripostó Jiménez, quien aludió a las gestiones que realizó como alcalde de San Sebastián luego del huracán María, a través de la Pepino Power Authority, como se denominó a las brigadas municipales que realizaron labores de estabilización del servicio.

El representante popular, en tanto, ha fundamentado su campaña en la promesa de que cancelará el contrato de LUMA en su primer día en La Fortaleza, transfiriendo la gerencia a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y defendiendo su proceder en los tribunales, puntualizando que los principales indicadores de rendimiento –como la duración y frecuencia de apagones– se han deteriorado bajo la empresa.

El candidato popular, sin embargo, no definió su postura sobre el desempeño de Genera PR –administrador de la flota de generación–, mientras que Jiménez propuso, sin precisar una fuente de financiamiento, la adquisición de barcazas que proveerían 400 megavatios de generación adicional.

“Si se hace eso, podemos estabilizar el sistema”, dijo Jiménez, quien igualmente apostó a ceder a los municipios la responsabilidad de trabajar con el manejo de vegetación en el tendido eléctrico.