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La determinación de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, de no extender la fecha en la que cierra el registro electoral, es la muestra más reciente de la tirantez al interior del ente, donde las prioridades son disímiles e inciden en los preparativos del andamiaje para la cita en las urnas el 5 de noviembre, reconocieron este martes los comisionados electorales de los cinco partidos.

Por un lado, los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Roberto Iván Aponte Berríos y Lillian Aponte, respectivamente, buscan dar prioridad a la inscripción de electores.

“La prioridad tienen que ser los electores siempre, en todo proceso. El voto adelantado es un beneficio y un derecho que tiene el elector que no puede acudir el día del evento a su colegio de votación. La realidad es que los procesos, tanto el voto adelantado como el proceso de inscripción, tienen que ser transparentes y accesibles, y ahí es que está el problema”, sostuvo Aponte.

Entretanto, sus homólogos de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau; del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges; y del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, entienden que debe hallarse un balance entre las inscripciones y el manejo del voto adelantado.

Angleró sostuvo, de hecho, que ante la derrotada petición del PIP para extender el cierre del registro electoral del 21 de septiembre al 6 de octubre, trató de llegar “a un punto medio, pero no fue posible”.

“Dentro de todos esos intereses, aquí, hay un proceso que hay que sacar adelante y que no se puede afectar porque podemos triunfar en un interés y derrotar el proceso primordial, que es que la gente pueda votar, que el voto se pueda contar efectivamente. Que la Comisión está atrasada, que debía haberlo hecho antes… todo eso es cierto, pero, ahora, tenemos que trabajar en pos de sacar una elección”, opinó Frontera Suau.

“El problema es que, dentro de esos intereses particulares, se va a ver afectado, de una manera u otra, siempre el elector. Porque unos dicen que defienden al elector, pues, vamos a ampliar el proceso del cierre. Pero es una extensión irrazonable ese cierre, que puede afectar a los electores de otra manera. Aquí, siempre se va a afectar a alguien”, recalcó el comisionado de Proyecto Dignidad, quien puntualizó que la CEE también ha perdido empleados que son claves o de memoria institucional que mueven los eventos electorales.

El expresidente de la CEE Héctor Conty recordó que la intervención del jefe del organismo electoral solo se produce cuando no hay unanimidad entre los comisionados y, en ese momento, “debe actuar de forma objetiva, representando al interés público y buscando el mejor interés del proceso”.

A esos efectos, hizo un “llamado al diálogo, a la reflexión y a que se busquen puntos de encuentro entre los intereses particulares, de la visión que tenga cada partido político a través de sus comisionados electorales, de forma tal que se pueda llegar a entendidos y que se salve la ejecución del proceso”.

Actualmente, los comisionados no tienen igualdad de representación en todas las oficinas de la CEE que manejan asuntos cruciales, lo que aumenta la desconfianza de algunos, reconocieron.

Vega Borges y Angleró precisaron que tienen empleados en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), la Unidad de Exclusiones –bajo la dirección de la Secretaría– y la Unidad de Control de Calidad. Esta última se encarga de evaluar las transacciones que hace un elector a través del Registro Electrónico de Electores, mejor conocido e-RE.

El PIP, en cambio, tiene poco más de 30 empleados en las JIP, una cifra que se reduce a cinco en la JAVAA, dijo Aponte Berríos, su comisionado.

“Para atender el asunto de los fallecidos, en Exclusiones, movemos empleados. También lo hemos hecho para tener personas en Control de Calidad”, reconoció.

Por su parte, Proyecto Dignidad aún recluta empleados para la JAVAA y solo tiene ojos en las JIP, con 12 trabajadores. La colectividad no tiene empleados en las casi 30 Juntas de Inscripción Temporeras que la CEE abrió en año electoral.

El MVC está en la misma situación que Proyecto Dignidad respecto a su representación en las JIP, y en la JAVAA tiene 10 empleados.

Este cuadro significa que el PIP, el MVC y Proyecto Dignidad no tienen representación en la Unidad de Exclusiones, que debe depurar el registro electoral para que no haya difuntos, ni en la Unidad de Control de Calidad, que –hasta el lunes– debía atender las solicitudes de transacción electoral de más de 60,000 electores.

“El mal llamado balance institucional del Código Electoral, aprobado en junio del 2020, lo que creó fue un desbalance”, sentenció Aponte, la comisionada del MVC, quien, de paso, dijo que solo el PPD y el PNP tienen representación en la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE.

“Ellos desconfían de todo”, ripostó Vega Borges.

La presidenta alterna de la CEE no estuvo disponible para entrevista. Pero, previamente, ha reconocido que el ente electoral necesita más empleados y que los comisionados mueven trabajadores de cada una de las oficinas en las que tienen representación para atender asuntos inherentes al montaje de un evento electoral. Pero los comisionados también se han quejado públicamente de que Padilla Rivera no atiende con celeridad los disensos entre ellos, lo que afecta el proceso electoral.