El gobierno de Puerto Rico contará con un equipo de abogados experimentados para atender los litigios bajo el Título III de la ley federal de PROMESA, pero esa contratación implicará el gasto de decenas de millones de dólares en casos que pueden extenderse por años, reconoció ayer el representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.