Más de dos docenas de estados demandaron el jueves a la administración Trump por exigirles que cumplan con condiciones relacionadas con las elecciones y la inmigración para poder recibir miles de millones de dólares en fondos federales destinados a desastres.

La demanda, presentada en Rhode Island y que impugna políticas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sostiene que la administración está obligando a los estados a modificar sus sistemas electorales y a colaborar con el DHS en la aplicación de las leyes de inmigración. Las condiciones también permitirían al DHS cancelar las subvenciones en cualquier momento y por cualquier motivo.

“Una vez más, la administración Trump amenaza con poner en riesgo la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales y, una vez más, no se saldrá con la suya”, declaró el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “Esta administración está utilizando la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar intimidar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional de aprobar las políticas y leyes que mejor sirvan a sus residentes”.

Los estados sostienen que imponer condiciones a fondos asignados por el Congreso viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de gastos de la Constitución de Estados Unidos.

En un comunicado, un portavoz de FEMA calificó la demanda como un ejemplo de “oposición partidista” y afirmó que esperaban “que estos políticos de izquierda se opusieran a medidas de sentido común diseñadas para proteger la seguridad electoral y salvaguardar la integridad de la democracia estadounidense”.

“La seguridad electoral es seguridad nacional, y proteger nuestra infraestructura crítica sigue siendo una prioridad para la administración Trump”, señaló el portavoz. “Las preocupaciones sobre los procesos de votación, la seguridad de los datos y las prácticas de registro han dejado claro que es necesario actuar”.

La demanda es una de las decenas presentadas contra la administración Trump por sus reiterados intentos de presionar, principalmente a estados gobernados por demócratas, para que adopten sus prioridades políticas a cambio de recibir miles de millones de dólares en fondos federales. Esta estrategia se ha aplicado en ámbitos que van desde la financiación educativa hasta las subvenciones para combatir la violencia doméstica y los fondos destinados a carreteras.

Los tribunales han determinado en repetidas ocasiones que esta estrategia es ilegal e inconstitucional. Un fallo del año pasado impidió a la administración imponer condiciones a otros fondos de FEMA, y una segunda decisión este año bloqueó el intento de redirigir fondos del DHS lejos de los estados que no eran considerados afines a su agenda.

“Los estados se enfrentan a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales, se ven obligados a renunciar a su derecho soberano de decidir cómo utilizar a sus propios agentes del orden, corren el riesgo de perder la confianza construida entre las fuerzas del orden locales y las comunidades inmigrantes, y tendrán que reducir, reconsiderar o cancelar proyectos de transporte en curso”, escribió el juez federal de distrito John McConnell Jr. el año pasado, cuando prohibió al secretario de Transporte, Sean Duffy, cortar los fondos de transporte a los estados que no cumplieran con las medidas de control migratorio.

La demanda más reciente sostiene que la administración intenta aplicar algunas de esas mismas condiciones a los fondos correspondientes a 2026, después de no haber logrado hacerlo con los fondos del año anterior.

Entre los requisitos impugnados en la demanda presentada el jueves figura la obligación de que los estados modifiquen sus sistemas electorales. Deberían adoptar sistemas de votación con papeletas de papel, realizar auditorías manuales de los sistemas de votación, conciliar los registros de votantes y verificar la ciudadanía de todos los votantes inscritos en las bases de datos electorales del estado.

Si los estados no cumplen, se arriesgan a perder al menos el 20 % de la financiación que reciben a través del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional. Ese dinero se utiliza para financiar medidas destinadas a proteger a la población frente a ciberataques y actos de terrorismo.

“La administración Trump está tomando como rehén una financiación crucial para la seguridad nacional y la respuesta a desastres en su más reciente intento de controlar nuestras elecciones y perpetuar teorías conspirativas infundadas”, declaró en un comunicado el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, uno de los demandantes.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado, sin pruebas, que el voto por correo está plagado de fraude y ha impulsado una investigación federal sobre esos comicios, pese a que auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que no hubo fraude generalizado. Trump también ha manifestado que quiere “tomar el control” de la administración electoral en las zonas gobernadas por demócratas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.