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Eva Prados, candidata a la Cámara de Representantes del Precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la denominada Alianza de País, propuso este lunes crear estructuras en el gobierno para agilizar el procesamiento de casos de corrupción, así como promover el libre acceso a la información pública y una cultura de rendición de cuentas para combatir este problema.

“El costo de la corrupción altera y afecta directamente los recursos disponibles para atender los problemas que impactan al precinto”, aseveró la abogada, durante una conferencia de prensa en el comité del candidato a la alcaldía de San Juan por el MVC, Manuel Natal, en Río Piedras.

Según datos de la Oficina del Contralor citados por Prados, el gobierno pierde cerca de un 10% del presupuesto del Fondo General por ineficiencia y corrupción. Mientras, informes del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica apuntan a que, desde el 2000, se han perdido más de $7,400 millones en fondos públicos a causa de la corrupción.

“Vamos a seguir proponiendo un proceso de cero impunidad a la corrupción. En el 2020, Puerto Rico ocupaba la décima jurisdicción con mayores casos de corrupción y, desde entonces, ha empeorado la cosa con más casos de corrupción a nivel de alcaldías y también hasta con una exgobernadora”, expuso en referencia a la exmandataria Wanda Vázquez Garced, quien enfrenta cargos federales por corrupción.

Este cuatrienio, fueron arrestados y resultaron convictos por corrupción los alcaldes de Cataño, Félix “el Cano” Delgado; Guaynabo, Ángel Pérez Otero; Trujillo Alto, José Luis Cruz; Guayama, Eduardo Cintrón; Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez; y Aguas Buenas, Javier García. Todos renunciaron. A ellos, se suman los ejecutivos municipales de Ponce, Luis Irizarry Pabón; y Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, cuyos casos están pendientes en los tribunales.

Específicamente, Prados propuso establecer salas judiciales y unidades especializadas en este tipo de casos en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Seguridad Pública, medidas que entiende permitirían proteger la confidencialidad de la información y agilizar el procesamiento de estas querellas. También apuesta a establecer mayores protecciones para los alertadores internos.

“Los whistleblowers (alertadores internos) siguen siendo una figura fundamental, y el gobierno se ha negado en reconocerlos y protegerlos”, subrayó la candidata, al agregar la urgencia de establecer líneas confidenciales y una plataforma –disponible al público– que incluya toda la información sobre el uso de fondos públicos, incluido el pago de nómina, los puestos de confianza y contratos.

Su agenda, agregó, adopta las propuestas que presentó la organización Somos Más para atajar la corrupción gubernamental y el inversionismo político.

El anuncio de Prados coincidió con el cuarto aniversario de la sentencia que obtuvo en la demanda que presentó contra el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que resolvió que los salarios del personal de la Asamblea Legislativa constituían información pública a la que debía tener acceso toda la ciudadanía. “Estamos lejos de tener acceso a esa información”, reconoció, sin embargo, al reflexionar sobre el fallo judicial.

“Todavía tenemos periodistas que siguen teniendo que ir a los tribunales a pedirle esta información”, indicó, al reconocer el esfuerzo de la Cámara de Representantes que, a través de su portal, publica este tipo de datos, mas no así el Senado. En esa línea, Prados propone enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).

“La idea es que esto sea ya compulsorio y que incluya sanciones y penalidades, como ocurre cuando no se cumple con la publicación de los contratos con la Oficina del Contralor”, expuso. “Queremos esa información para evaluar el desempeño y el uso de nuestros fondos públicos, y con eso decidir también si vamos a seguir confiando en esa persona para administrar nuestro país”, subrayó la candidata del MVC.

Ante la posibilidad de un escenario diverso en la Asamblea Legislativa y cómo ello impactaría la aprobación de legislación el próximo cuatrienio, Prados sostuvo que la apuesta de la Alianza de País es aumentar la presencia de la delegación del MVC en los escaños. “Las candidaturas de distrito son fundamentales en aumentar esas sillas... Al final, lo que buscamos es aprobar esa legislación, no es un objetivo numérico”, apuntó.