En lo que ya es un evento histórico, miles de electores acudirán este martes a ejercer su derecho al voto para escoger a los funcionarios que estarán al frente del gobierno por los próximos cuatro años, entre una lista de 4,071 candidatos, 19 de ellos independientes, y una cantidad indeterminada de aspirantes a distintos puestos que hicieron campaña para ser electos mediante nominación directa.

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El evento electoral se produce en medio de varios traspiés que ha confrontado ya la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como tardanzas en la aprobación de reglamentos y manuales, máquinas de escrutinio electrónico que no leen bien las papeletas, denuncias de electores por supuestas irregularidades con las recusaciones y atrasos con el voto adelantado, cuyo conteo no se habrá completado cuando cierren los colegios a las 5:00 p.m.

“Situaciones han pasado, claro. Las estamos comunicando. Enfrentamos un problema, lo estamos atendiendo. Confío en Dios que todo salga bien, que el elector pueda entender que situaciones pasan, que la Comisión las está atendiendo”, dijo este lunes la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, a preguntas de El Nuevo Día.

Para el analista político y doctor en Ciencias Políticas Jorge Schmidt Nieto, se trata de una elección vital para la isla en “un momento de muchos cambios”.

“Estamos en un momento de transición, difícil predecir a dónde nos va a llevar. Pero la cultura política se está moviendo en una dirección totalmente diferente a donde se había dirigido desde 1968. ¿Hacia dónde se dirige? Parece ser a un multipartidismo”, opinó. “Me preocupa el caos, que ya se está dando”, añadió.

La CEE divulgó, en septiembre, un ejercicio de simulacro, que ahora se sabe tuvo una programación de las máquinas de escrutinio distinta a la actual, ahora también trascendió que las pruebas de lógica y precisión se hicieron con papeletas con el cuadrante ennegrecido totalmente y no con una X, como se ha instruido tradicionalmente al electorado. Ante este cuadro, el llamado de Padilla Rivera, desde el domingo, es que se ennegrezca el cuadrante completo al votar.

Cinco partidos políticos postularon a sus candidatos para los distintos puestos electivos y dos de ellos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) así como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se unieron en una alianza política luego que no progresara en la Legislatura ni en los tribunales la propuesta para revivir el concepto de alianzas coaligadas, eliminado del Código Electoral, en 2011. El junte promueve, entre ambos partidos, a Juan Dalmau como candidato a gobernación y a Ana Irma Rivera Lassén para comisionada residente en Washington.

Schmidt Nieto dijo que esa alianza es uno de los elementos novedosos de esta contienda, así como el pulseo entre la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González y Dalmau. Recordó que, antes, el PIP luchaba en cada evento electoral por mantener su franquicia, y “ahora está contendiendo para ganar”.

El MVC, en cambio, se expone a perder su franquicia electoral, según ha reconocido el propio liderato de la colectividad, si con los resultados de las elecciones no cumplen con lo que estipula el Código Electoral, que prioriza el voto íntegro. Además, en el proceso, perdió algunos de sus candidatos, incluyendo los legisladores Rafael Bernabe y Mariana Nogales –que ahora aspiran por nominación directa–, tras un fallo judicial en el que se concluyó que debieron recoger endosos y no lo hicieron.

Por Proyecto Dignidad, el candidato a la gobernación, Javier Jiménez, es el alcalde de San Sebastián, quien se desafilió del PNP el año pasado, y por el Partido Popular Democrático, es el representante Jesús Manuel Ortiz, quien fue electo en primarias, las segundas consecutivas de esa colectividad.

Tras meses de preparación, la CEE certificó a 937 candidatos del PNP, 936 del PPD, 381 del MVC, 853 del PIP y 382 de Proyecto Dignidad. Unas 19 personas lograron los endosos para participar del evento como candidatos independientes, entre ellos, ocho legisladores municipales, siete candidatos a alcaldes (Vieques, San Juan, Peñuelas, Maricao, Guánica, Canóvanas y Cabo Rojo) y cuatro candidatos a escaños legislativos: Elizabeth Torres, José Vargas Vidot, Nelson Raúl Albino y Luis Raúl Torres.

En este evento electoral, para el que la CEE tuvo un presupuesto de $31,681,000, el elector recibirá cinco papeletas: la estatal, municipal, legislativa, una consulta de status no vinculante y la del voto presidencial simbólico. Sobre estas últimas dos, el PPD y el PIP instaron a sus huestes a dejar la papeleta en blanco. Si el elector daña una papeleta, tiene derecho a otra por categoría.

A continuación, algunas dudas o preguntas frecuentes sobre el proceso electoral:

De acuerdo con el Artículo 5.3 del Código Electoral, puede votar “todo ciudadano de Estados Unidos, domiciliado en Puerto Rico”, con 18 años de edad cumplidos y que esté activo en el registro electoral.

Puede votar íntegro, mixto, por candidatura o mediante nominación directa (write in). Al llegar al colegio de votación, el elector debe proveer una identificación válida, que puede ser la tarjeta electoral, el pasaporte o la licencia de conducir. Se busca si es un elector hábil, es decir, si aparece activo en el registro electoral, que ahora es digitalizado. Por ende, el votante firmará de manera digital en una tablet o una computadora portátil. Se verifica que no tenga el dedo entintado y tras ello, se le entinta. Luego, se le entregan las papeletas, pasa a la urna de votación y tras votar, lleva las papeletas en un cartapacio provisto por la CEE para insertarlas boca abajo por la máquina de escrutinio electrónico.

El voto es secreto, y nadie debe decirle a un elector cómo votar. Sin embargo, si un elector necesita ayuda o tiene dudas sobre el proceso, puede solicitarla a un funcionario de colegio, que debe advertir en voz alta que le están pidiendo asistencia.

Los colegios de votación abren a las 9:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m. Si a las 5:00 p.m. quedan electores sin votar, se cierra el colegio y se continúa con el proceso hasta que vote el último elector que esté allí.

Todo elector que no sepa dónde votar puede llamar al (787) 665-3233 y, por mensaje de texto, tras proveer el número electoral, se le indica dónde acudir.

También se puede buscar el listado de los colegios de votación que está disponible en la plataforma digital de la CEE.

El registro electoral, cerrado el 21 de septiembre, cuenta con 1,987,307 personas inscritas. La CEE ha habilitado 4,490 colegios de votación, y 1,258 son colegios añadidos a mano. Estos últimos son centros a los que acuden personas que no aparecen en la lista de votación el día del evento. Por ende, a ese centro, debe acudir toda persona que solicitó voto ausente o adelantado y no le llegaron las papeletas, o aquellos que fueron recusados. Sus nombres no deben aparecer en el registro electoral.

En cuanto a los resultados, el Código Electoral exige que la CEE ofrezca un primer anuncio de resultado parcial “no más tarde de las 10:00 p.m”. Un segundo anuncio de un resultado parcial se debe producir a las 6:00 a.m. del miércoles, 6 de noviembre del 2024.

Padilla Rivera ya ha anticipado que, al cierre de los colegios, a las 5:00 p.m., no tendrá el conteo total del voto adelantado ni el voto ausente. Ese voto se termina de contar durante el escrutinio, que comienza cuando lo fija la CEE por unanimidad del pleno.

Padilla Rivera indicó que aún hay 15 centros de votación con problemas con el servicio eléctrico. No precisó cuáles son, pero dijo que 10 serán atendidos por los municipios o comunidades que le suplirán un generador. Los otros cinco también contarán con un generador provisto por la CEE.

Cada una de las 6,073 máquinas de escrutinio electrónico tienen baterías con vida por ocho horas. Además, la CEE cuenta con 500 baterías externas de resguardo. También tiene 30 generadores, según ha dicho Padilla Rivera.

El Código Electoral dispone que, para las elecciones generales, aplica la Ley Seca, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., por lo que los comerciantes no pueden vender bebidas alcohólicas. Hacerlo es un delito menos grave que conlleva una pena de cárcel de 90 días y/o multa de $5,000.

Sin embargo, quedan exentos de esa norma los restaurantes, barras de cruceros u hoteles certificados por la Compañía de Turismo. Tampoco aplica a los negocios que operan en las zonas libre de impuestos de los puertos y aeropuertos, o que son de interés turístico, según definidas por la Junta de Planificación.