Toa Baja - Debido a la falta de consenso entre los comisionados electorales, la gobernadora Jenniffer González anticipó este martes que se propone someter a la Asamblea Legislativa las nominaciones de los jueces Jorge Rivera Rueda y Cyndia Irizarry Casiano para presidente y presidenta alterna, respectivamente, de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Mientras, el comisionado de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, adelantó que acudirá al tribunal para solicitar la paralización del proceso o que se le permita participar.

Aunque los comisionados aún no se han reunido para discutir la idoneidad de los nominados, Roberto Iván Aponte, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dejó claro que tanto Rivera Rueda como Irizarry Casiano fueron presentados y rechazados el pasado cuatrienio, bajo la gobernación de Pedro Pierluisi.

“Me imagino que ellos (líderes del PIP) quieren que yo nombre a Juan Dalmau”, dijo González, en alusión al excandidato a la gobernación de la Alianza de País, al cuestionársele sobre el asunto.

“Lamento que quieran oponerse a todo. Ese es el problema de la gente que quiere oponerse a todo, para que se quede todo tranca’o. Yo no voy con eso. Si no hay ese consenso, voy a someter los nombramientos a la Cámara (de Representantes) y el Senado para que sean avalados por las dos terceras partes que el PNP (Partido Nuevo Progresista) tiene (en ambos cuerpos). Exhorto al resto de los legisladores a que evalúe a estos juristas en función de su experiencia y su capacidad”, abundó.

La mandataria, de paso, defendió que el comisionado del PNP, Aníbal Vega Borges, haya presentado solo dos nominados y que ambos ya hubiesen sido considerados a los cargos.

“Esto no hay término de cuántas veces tú puedes nominar a una persona o no, y antes había una realidad de una Asamblea Legislativa y ahora hay otra”, dijo.

Por separado, Vega Borges indicó a El Nuevo Día que el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Ernesto González Rodríguez, entrevistará esta misma semana tanto a Rivera Rueda como Irizarry Casiano. Agregó que, una vez el comisionado del PIP haga lo propio, se reunirán –como pleno– para discutir el tema.

“Fecha, como tal, no hay”, indicó Vega Borges sobre dicha reunión.

Según el Código Electoral, corresponde a los comisionados evaluar a los candidatos y aprobarlos por unanimidad. Para eso, tienen 30 días. Concluido el tiempo y de no haber consenso, el gobernador de turno refiere las nominaciones a la Legislatura. Para ser aprobados, los candidatos deben contar con el consentimiento de dos terceras partes del total de los miembros de ambas cámaras.

Tras los comicios de noviembre, el PNP controla en mayoría ambas cámaras legislativas, por lo que, en teoría, contaría con los votos para aprobar los nombramientos de Rivera Rueda e Irizarry Casiano.

“En el caso de Rivera Rueda, lo habían descartado porque había votado fuera de precinto, y esa es una violación al Código Electoral. En el caso de Cyndia, la entrevistamos y Proyecto Dignidad presentó un reparo por las contestaciones que dio a algunas preguntas, y ya no se sometió ni a votación por posturas liberales que asumió ante las preguntas”, reveló la ex comisionada electoral del PPD Karla Angleró.

González Rodríguez, su sucesor, se ha limitado a indicar que evaluará a los candidatos.

“Lo triste de esto es que, en lugar de tratar de lograr consenso y que el país recupere la confianza en la CEE, someten solo dos nombres con la actitud de ‘si no lo apruebas tú, lo apruebo yo’”, deploró Angleró.

Rivera Rueda, quien es juez en el Tribunal de Caguas, laboró antes en la Oficina del Contralor Electoral, bajo la dirección de Manuel Torres, y luego colaboró en la redacción del actual Código Electoral, junto con el ahora juez Hamed Santaella Carlo, entre otros. Por su parte, Irizarry Casiano, jueza destacada en el Tribunal de Arecibo, laboró como asesora para el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“No estamos hablando de ningún funcionario por ahí. Son gente que imparten la ley, que han tenido experiencia dirigiendo JIPs (Juntas de Inscripción Permanente), atendiendo asuntos electorales, personas que han trabajado también en lo legislativo”, puntualizó la gobernadora.

Más tempano este martes, tras una reunión en La Fortaleza con González, los líderes legislativos aseguraron no tener reparos en avalar los nombramientos de los jueces, si finalmente no hubiera consenso entre los comisionados.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo, incluso, que “no hay razones” para que los comisionados no avalen a Rivera Rueda y Irizarry Casiano. “Sus credenciales son admirables. No creo que haya un señalamiento que pueda hacerse contra ninguno de los dos”, afirmó.

Por su parte, Méndez calificó a ambos candidatos como “excelentes”. Aunque inicialmente había trascendido que el liderato del PNP, por vía de Vega Borges, presentaría un listado de candidatos, Méndez defendió que al final fueron solo dos.

“Usualmente, es un presidente en propiedad y un alterno, pues, ahí están las opciones que sometió el comisionado”, dijo Méndez.

Frontera Suau, de Proyecto Dignidad, compartió que buscarán detener el proceso de selección de los nuevos líderes de la CEE.

“Vamos a acudir al Tribunal de Primera Instancia para pedir un ‘injunction’ (recurso extraordinario) para solicitar nuestra intervención en el proceso de evaluación de esos nombramientos, como partido propietario que estamos alegando que somos ante el Tribunal Supremo”, dijo.

“Que se nos permita participar o, si no, que lo detengan en lo que el tribunal determina”, agregó.

Proyecto Dignidad mantiene un pleito legal exigiendo su asiento pleno en la CEE, luego de haber retenido su franquicia en las pasadas elecciones generales de noviembre, igual que el PNP, PPD y PIP. La pugna está ante la consideración del Supremo.

Sobre la posibilidad de un fallo en contra con el “injunction”, Frontera Suau respondió: “Sería algo que trataríamos de llevar al Tribunal Supremo, para que lo vea conjunto o emita una orden”.

Respecto a las nominaciones pendientes en el Senado, Rivera Schatz, desde La Fortaleza, dijo que el secretario de Salud, Víctor Ramos, tendrá su vista pública, “igual que todos los demás designados”, pero no precisó fecha.

“Se va a designar en los próximos días la fecha, porque ya hemos ido sacando los nombramientos. Y de nuevo, el nombramiento del secretario de Salud, igual que todos los demás, se va a evaluar conforme a lo que corresponde. Si tiene los méritos, los tiene. Si no tiene los méritos, pues, no los tiene”, sentenció.

En cuanto a los señalamientos públicos hechos por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, Rivera Schatz, aseguró que se escuchará “todo lo que la gente tenga que decir que tenga méritos de verdad y, si tiene méritos, pues, lo evaluamos”.

Díaz Vélez se opone a la confirmación de Ramos por entender que no reúne los criterios para ser secretario de Salud, a base de sus ejecutorias mientras presidió el Colegio. Ha dicho que, bajo la dirección de Ramos, las autoridades federales requirieron información sobre el uso de fondos federales para vacunas contra el COVID-19. Además, ha alegado que Ramos manejó $1.4 millones que, aseguró, serían destinados a la creación de seguro médico para los galenos y que el dinero desapareció sin que se materializara.

“La opinión o la recomendación que quieran hacer personas involucradas en este tema de los designados a favor o en contra, se escucha y, si hay prueba documental, también se mira. Nosotros vamos a examinarlo todo con el mayor sentido de responsabilidad”, señaló.

Entretanto, la evaluación de la secretaria designada de Justicia, Janet Parra, aún aguarda por entrevistas a fiscales y otras personas que la misma nominada pidió que se hicieran, apuntó Rivera Schatz. “Pero las vamos a entrevistar para que el expediente esté lo más completo posible”, dijo.