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La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, justificó este jueves la posibilidad de proceder con una demanda contra el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras la publicación de un reportaje fundamentado, en parte, en datos del Registro General de Electores, a pesar de que, en el pasado reciente, se ha descartado esa vía ante la divulgación de información de electores particulares por parte de figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP).

En una rueda de prensa improvisada en la sede de la CEE, Padilla Rivera tronó contra el reportaje publicado esta semana, en el que se alude a la posibilidad de que, en las pasadas dos elecciones, se hayan emitido miles de votos a nombre de personas fallecidas, al cuestionar la forma en que el medio pudo haber accedido a la información del Registro General de Electores.

En cambio, despachó como información “incorrecta” las alegaciones expuestas en el artículo, que apuntan a que oficiales electorales habitualmente “trafican” los datos del registro para adelantar sus intereses partidistas y a prácticas como el vaciado de listas o las solicitudes de voto adelantado a nombre de electores fallecidos o que se han mudado fuera de Puerto Rico.

“Estuvimos reunidos (con los abogados de la CEE) en la noche de ayer (miércoles), evaluando esto y, definitivamente, hoy (jueves) vamos a darle continuidad a este proceso y ver, finalmente, cuál será el curso de acción por la protección del interés público y los más de cinco millones de electores, fallecidos o no, que están en ese Registro General de Electores”, sostuvo Padilla Rivera, quien señaló que solo funcionarios de la CEE tienen acceso al registro.

La presidenta alterna no abundó sobre por qué, en este caso, se dispone a actuar por iniciativa propia como “representante del interés público” y potencialmente demandar, cuando en controversias anteriores –incluyendo la ocasión en que el senador del PNP Thomas Rivera Schatz divulgó datos de electores particulares, incluyendo periodistas– indicó que, antes de ordenar cualquier investigación, debía aguardar a que mediara una querella y, luego, optó por referir el asunto a los comisionados electorales.

Más recientemente, Padilla Rivera se limitó a destituir a una oficial de inscripciones del PNP y a ordenar una investigación interna tras, presuntamente, compartir en un chat privado datos electorales de la prominente abogada Mayra López Mulero y a cancelar el destaque de un empleado que habría falsificado un endoso a favor de Elmer Román, exprecandidato a comisionado residente por la Palma.

“A nivel administrativo, nosotros atendimos ese asunto de esa única empleada con un único récord. (En esta ocasión) estamos hablando de cinco millones de récords electorales que tiene el CPI, que lo adquirió de manera ilegal. En ese sentido, vamos a ver cuál va a ser el recurso legal contra ellos”, expresó.

La advertencia de Padilla Rivera –adelantada el miércoles en un comunicado de prensa– fue condenada por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Nydia Bauzá, quien catalogó las expresiones de la jefa de la CEE como un intento de “mordaza”.

“Los periodistas no vamos a bajar la guardia, no nos vamos a amedrentar. Continuaremos con nuestra función informativa y fiscalizadora con los más altos valores que guían el ejercicio de nuestra profesión para que nuestro pueblo tenga toda la información, sin tapujos”, sostuvo la líder gremial.

En la conferencia de prensa, Padilla Rivera, por un lado, criticó que en el reportaje del CPI se le citara a base de una entrevista de 20 minutos, lo que catalogó como “muy poco tiempo”. Acto seguido, sin embargo, afirmó que no tenía espacio para conceder la entrevista de 45 minutos que se le había solicitado.

“Definitivamente, la agenda de esta presidenta es una agenda que está cargada, y no es de fácil disposición decir, ‘te voy a dar 45 minutos para que me hagas una entrevista’”, planteó la funcionaria, quien insistió, a lo largo del encuentro con los medios, en que la CEE ha logrado reducir de cerca de 70,000 a 13,667 la cantidad de personas muertas que aparecen como electores activos en el registro.

“Es indignante que, ante los hallazgos tan escandalosos que publicó el CPI sobre las fallas históricas de la CEE, la reacción de su presidenta alterna, Jessika Padilla, sea amenazar el trabajo de fiscalización hecho por nuestras periodistas. Este trabajo lo único que busca es que se atienda con urgencia el problema del robo de votos que claramente se ha estado dando y que se podría repetir en noviembre próximo”, manifestó, por su parte, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La CEE debe dedicar todos sus esfuerzos y recursos a atender con acciones remediativas los graves problemas de credibilidad que tiene y a hacer todo lo posible para que la elección de noviembre sea limpia, en vez de perseguir a periodistas. Pero, si la presidenta alterna opta por cumplir su amenaza de acción legal, estamos más que preparados para enfrentarla”, agregó la periodista.