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A menos de un mes de las elecciones, ocho electores jóvenes prevalecieron ante el intento de militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que fueran recusados y excluidos del registro electoral, luego de visitar sus hogares, en el Precinto 3 de San Juan, el mes pasado, en momentos en que no se encontraban presentes.

“Fue un proceso bastante tras bastidores. Estos recusadores del PNP vinieron en dos ocasiones, el 2 y 7 de septiembre, cuando yo no estaba en mi residencia ni mi arrendadora, que tiene su oficina legal en el piso de abajo”, contó este jueves Joel Vélez, de 23 años, quien supo de la recusación por un mensaje en Facebook del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el estudiante resaltó que todos los citados a la vista de recusación del Precinto 3, el miércoles, eran jóvenes menores de 25 años.

“En el documento que sometieron de recusación, (el PNP) alegó que la residencia estaba abandonada, y no es hasta una visita posterior que se percataron que habían cometido un error y habían identificado una residencia que no era. Pero decidieron continuar con el proceso. Antes de la vista de recusación, solicité que se desestimara por la alegación errónea, pero, comoquiera, se celebró la vista”, abundó.

Para la citación, Vélez tuvo que llevar evidencia de pago de renta, y su arrendadora redactó una declaración jurada. “Soy estudiante a tiempo completo, trabajo... Mi vida es en San Juan”, subrayó.

Frente a sus expresiones, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, defendió el trabajo de los funcionarios y voluntarios de la colectividad, y respondió que no le parece sospechoso que sean muchos los jóvenes que están siendo recusados en la capital.

“La ley (Código Electoral) dispone el procedimiento de recusación. Igualmente, el MVC o cualquier partido puede hacer lo mismo. La persona que recuse y diga que (un elector) no vive ahí tiene que presentar evidencia”, dijo.

Glenis Rivera fue otra electora joven que contó a El Nuevo Día que tuvo que acudir a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a defender su derecho al sufragio.

“Me enteré por una llamada del MVC de que tenía que ir allí. Fue a mi casa (la aspirante cameral) Eva Prados y funcionarios del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para notificarme sobre eso (la recusación). Nunca recibí una carta de la CEE”, denunció la joven, también de 23 años.

La estudiante de la Universidad de Puerto Rico afirmó que se sintió “insegura y ansiosa” ante la posibilidad de que “no hubiese podido votar”. “Se siente con mucha intención de una manera siniestra, definitivamente maliciosa, para hacerle difícil a la juventud ejercer su derecho”, enfatizó Rivera, quien sacó su primera su tarjeta electoral en Caguas, pero, en abril, acudió a la CEE, en Hato Rey, para cambiar su domicilio.

“Todo el mundo estaba con esa actitud de que estaba sospechoso. A mi mejor amigo, que vive en la misma calle, también lo recusaron”, relató.

En tanto la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, rechazó que, al momento, haya otros casos de recusación ante esa entidad, pero recalcó que esos procedimientos se guían por normas legales y reglamentarias.

“En el caso de trámites relacionados con recusaciones, la Comisión cuenta con un Reglamento para el Trámite de las Recusaciones, Exclusiones e Inactivaciones. Actualmente, no se encuentra ante la consideración del pleno de la Comisión ningún asunto relacionado a este particular. En caso de que eventualmente ello ocurra, como de costumbre, se atenderá en sus méritos conforme dictan los procesos”, indicó por escrito.

A juicio de las comisionadas electorales del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, y el MVC, Lillian Aponte Dones, el PNP ha llevado a cabo “una persecución” para recusar electores.

“El PNP está recusando electores sin darles el debido proceso, y la Comisión se está haciendo de la vista larga ante este atropello. Todos viven donde dicen. Ninguno fue recusado, pero si Victoria Ciudadana no los llama y les avisa, independientemente del partido que sea, estos electores no podían ir a defender su derecho a votar”, dijo Aponte Dones, tras alegar que han enfrentado retos para acceder a datos sobre las recusaciones que les permitan informar a tiempo a los afectados.

En el caso del PPD, Angleró advirtió que “han tenido casos de persecución de electores con un mismo patrón”. “Hubo una funcionaria popular que fue recusada por el PNP, en Maunabo. Esta electora fue a cuidar a su mamá con cáncer en un hospital. No es que está residiendo en Estados Unidos, sino que fue una emergencia”, dijo, y agregó que, en Comerío, tienen más de 100 recusaciones que sometieron a apelación en los tribunales.

“No podemos hacer uso de los mecanismos que nos da la ley para tratar de beneficiar unos candidatos en particular. Si la persona no está domiciliada en el municipio, pues, presentas la evidencia honestamente y certera, pero utilizar el proceso de recusación para perseguir es repudiable”, señaló Angleró.