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Entre sus propuestas ambientales, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, incluyó establecer como política pública promover la energía renovable, bajo un modelo que conllevaría cancelar los contratos de Genera PR y LUMA Energy, que operan, respectivamente, la generación, así como la transmisión y distribución eléctrica en el país.

“Ha llegado el momento de dar unos pasos reales para alejarnos de los combustibles fósiles y establecer una política pública de energía renovable. Eso trae el tema, que es los elefantes en la sala, los contratos de Genera PR y LUMA Energy. Nosotros proponemos rescindir de los contratos de ambas empresas por incumplimiento criminal contra el pueblo de Puerto Rico y porque la energía eléctrica tiene que ser un bien público por excelencia”, expresó el candidato independentista, que cuenta con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana como parte de la llamada Alianza de País.

No obstante, la propuesta del candidato no sería volver al andamiaje de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino que aludió a una medida presentada recientemente por la delegación del PIP en la Legislatura para crear el Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico, que estaría compuesto por personas expertas que tendrían que diseñar un plan para la transición, en un año, hacia un nuevo modelo público.

Sobre cómo haría frente a la Junta de Supervisión Fiscal para viabilizar estas iniciativas, mencionó que buscaría combatirla “en todos los foros”, incluyendo el político, lo que implicaría crear un frente multisectorial para pedir al Congreso estadounidense que enmiende la ley federal Promesa con el fin de eliminar el ente que controla las finanzas del gobierno electo de la isla.

La transición hacia la energía limpia incluiría, además, diversificar las fuentes energéticas, que van más allá de la solar, para cuya producción, señaló Dalmau Ramírez, no deben impactarse terrenos agrícolas.

El programa ambiental del PIP agrupa sobre 200 ideas, que incluyen atender la protección de las costas y de los abastos de agua, la soberanía alimentaria, la conservación de los bosques, el transporte colectivo e impulsar la atención descentralizada ante emergencias. El plan fue diseñado con la asesoría de personas expertas, algunas de las cuales acompañaron al aspirante a la gobernación en la conferencia de prensa, donde también estuvo presente Pedro Cardona Roig, candidato de la Alianza al escaño por el precinto 1 de la Cámara de Representantes.

Dalmau Ramírez explicó que la base filosófica de su propuesta está basada en terminar con la “corrupción ambiental”, lo que, expuso, tiene que ver con la falta de responsabilidad de los entes reguladores, proteger intereses económicos sobre los ambientales y la ausencia de política pública para atender la crisis climática teniendo en cuenta las realidades de un archipiélago.

Sobre los entes reguladores –como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos, entre otros–, mencionó que uno de los principales problemas es que entiende que no se toma en cuenta la experiencia, el conocimiento e historial al nombrar a quienes los dirigen.

Una de las propuestas del candidato del PIP está dirigida a crear un “plan robusto” para la reforestación que tenga en cuenta la realidad tropical del país y que cree, por ejemplo, microbosques urbanos para reducir las temperaturas. Igualmente, establecería un Programa Nacional para la Rehabilitación Ecológica de los Arrecifes de Coral, reconociendo que estos son la primera barrera para proteger la costa.

Sobre el manejo de desperdicios sólidos, adelantó su intención de crear un Departamento de Economía Circular, que desarrollaría e implementaría la “reutilización, reducción, reciclaje y compostaje en todo el país”, lo que, a su vez, generaría empleos. La propuesta contempla alcanzar un 50% de desvío del material que hoy llega a los vertederos.

Dalmau Ramírez incluyó en su plan establecer la Ley de Costas, un proyecto insignia del PIP durante las pasadas asambleas legislativas, así como una moratoria para construir en el litoral, una medida que, incluso, el exlegislador presentó durante su incumbencia en el Senado. Estas legislaciones han tenido oposición de distintos grupos, en el gobierno y el sector privado, y no han sido consideradas.

Cuestionado sobre cómo viabilizaría estos proyectos, de no concretarse una mayoría legislativa comprometida con esas iniciativas, el líder pipiolo dijo que la combinación de la conciencia que el país ha desarrollado respecto a la protección de las costas, “con un cambio de gobierno”, haría más viable su aprobación.