El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, catalogó de “alarmantes y escandalosas” la orden administrativa emitida por el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Péres, archivando los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas; así como las primeras órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora Jenniffer González.

“Son preocupantes, alarmantes y escandalosas las acciones que ha tomado el gobierno de Jenniffer González mediante órdenes ejecutivas y acciones de sus jefes de agencia... Aquellos que se jactaban durante la campaña de combatir gobiernos autoritarios y dictatoriales, precisamente han asumido una actitud de gobernar por decreto aún actuando en contra de disposiciones constitucionales y de disposiciones de ley”, señaló este lunes el también secretario general del PIP.

El pasado 9 de enero -el mismo día de su designación- Quiles Pérez firmó una orden administrativa que detiene, entre otras, la investigación que el DRNA realizaba contra los suegros de la gobernadora por presunta construcción ilegal y daños en la reserva natural.

El designado secretario ha sostenido que la directriz para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera fue redactada y preparada por la administración anterior. González ha defendido el proceder del designado y validado su versión de que la directriz no fue preparada por nadie de su gobierno.

“La idea de que un jefe de agencia deja sin efecto leyes habilitadoras, reglamentación federal y disposiciones constitucionales en protección de lo que es el bien común y lo que son bienes del pueblo de Puerto Rico es absolutamente escandaloso. Si la Asamblea Legislativa va a asumir la actitud de bajar la cabeza al permitir que haya una usurpación de sus poderes en este proceso, problema de la Asamblea Legislativa”, expuso Dalmau.

“En cuanto a lo que nos corresponde como colectividad, al igual que a los legisladores del PIP, vamos a estar fiscalizando y llevando a cabo los señalamientos correspondientes”, subrayó el excandidato a la gobernación de la también Alianza de País.

El líder independentista también criticó la directriz emitida por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao Delgado, paralizando la admisión a más de 60 programas de académicos.

Dalmau Ramírez, quien se presentó este lunes en conferencia de prensa para hablar sobre el mapa de ruta de la colectividad para el 2025, también cuestionó la constitucionalidad de la orden ejecutiva -emitida por la gobernadora- que obliga a las instrumentalidades del gobierno a promover y adelantar la estadidad para Puerto Rico, desde sus agencias, mediante viajes, reuniones y alianzas con sectores a nivel federal.

“Veo un esfuerzo del gobierno de redirigir la atención pública para no ser evaluado por su falta de ejecución o su mala ejecución”, aseveró Dalmau Ramírez, quien en los pasados comicios ocupó el segundo lugar en la carrera por la gobernación.

El profesor de Derecho Constitucional Carlos Gorrín Peralta indicó que “posiblemente” la orden ejecutiva de la gobernadora viola leyes y disposiciones constitucionales. No obstante, dijo que cualquier cuestionamiento podría ser invalidado por los tribunales. “En este momento, existe una hegemonía del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), por lo tanto, debe esperar que todas esas acciones se validen”, expuso.

Recordó que, en el 1952, la Convención Constituyente aprobó una resolución que disponía que no se podían gestionar cambios de status a no ser que hubiese un mandato del pueblo, lo que luego se conocía como la “Cláusula de Reserva”. “Se consideraba ilegal gastar dinero del gobierno para adelantar una causa de status”. mencionó.

No obstante, tras el pasar de los años y la celebración de plebiscitos en los cuales salió favorecida la estadidad, el Poder Judicial entendió que en la consulta del 2012 el pueblo había rechazado la territorialidad y que, desde entonces, existía una mandato del pueblo al gobierno de Puerto Rico para adelantar la anexión.

“Esa es la nueva interpretación constitucional. La Constitución puede querer decir una cosa, puede querer decir otras y a través del tiempo van cambiando las cosas. Es un péndulo”, aseveró el licenciado.