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El candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, encaminaría la transición a la unicameralidad de la Asamblea Legislativa que la ciudadanía favoreció un referéndum en 2005, lo que conllevaría una consulta para una enmienda constitucional.

El sistema unicameral, mencionó este martes Dalmau Ramírez, debe ser representativo y que cuente con la participación ciudadana, a todos los niveles, como parte de su plan de transformación gubernamental, que abarcaría las tres ramas del gobierno.

“Hay que definir no solamente que tengamos una Legislatura unicameral, es cómo sería su composición, cuántos serían por acumulación, cuántos por distrito, un criterio de representatividad proporcional. Todo eso tiene que ser objeto de un diseño legislativo para que el país vote. Nosotros tendremos nuestras propuestas a través de nuestra delegación; habrá otros que tengan otras propuestas, lo importante es que el país se dirija a un sistema legislativo más efectivo, menos costoso y más balanceado en términos democráticos”, sostuvo el candidato, que cuenta con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), como parte de la Alianza de País.

El referéndum, que se realizó hace casi dos décadas y sería la base del proceso del cambio legislativo, tuvo una participación de 553,955 personas, o 22.6% del electorado hábil para votar. La opción de la unicameralidad tuvo el apoyo del 83.8% de los votantes.

Además, el candidato independentista sostuvo que los miembros de su gabinete de gobierno serían nombrados por el mérito y no miraría su afiliación política.

“El criterio rector para ser parte de mi gobierno va a ser el mérito propio, el conocimiento, la experiencia, el respeto de pares con respecto a sus respectivas, valga la redundancia, disciplinas, que tengan probidad moral, que vengan a servir y no a servirse”, puntualizó Dalmau Ramírez, quien sostuvo que los puestos por “amiguismo partidista” tienen “sus días contados”.

Los méritos y capacidades, indicó, también serían el criterio para el nombramiento de los fiscales del Departamento de Justicia y de los jueces del Poder Judicial. Para ello, propone que las personas pasen por un proceso competitivo en el que los interesados en esas posiciones postulen y sean evaluados a base de sus años de experiencia, preparación académica y su ética en las organizaciones profesionales que les agrupan, por ejemplo. Además, la evaluación se haría en consulta con las diferentes escuelas de Derecho en Puerto Rico.

“Para cada uno de esos renglones, se establecerá una fórmula para que aquellos y aquellas que obtengan las mejores calificaciones sean las personas designadas. Nuestra aspiración es que salga de las manos de las ramas políticas las designaciones de jueces y fiscales”, estableció el candidato, quien explicó que su intención con estas propuestas es darles independencia a los fiscales y jueces.

Aunque su intención sería transformar el proceso de designaciones a estos puestos, mediante legislación, de no poder concretarse, aseguró que el cernimiento de los potenciales funcionarios sería una “disciplina ejecutiva como gobernador”.

Dalmau Ramírez dijo que, de llegar a La Fortaleza, buscaría atender el “desfase” de los entes fiscalizadores de la corrupción gubernamental, que aseguró “no sabe una lo que hace la otra, quién tiene jurisdicción sobre qué, desmovilizan los procesos de fiscalización”.

El exsenador expresó que no avala la figura de la Panel del Fiscal Especial Independiente como existe y que apostaría por fortalecer el presupuesto de la Oficina de Ética Gubernamental y el nombramiento de un fiscal en esa agencia, que no “dependa del Departamento de Justicia para encausar a los funcionarios que fallen a sus obligaciones éticas en el gobierno”.

Cuestionado sobre qué pasaría con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Dalmau Ramírez acentuó que evaluaría cuál es el resultado de los informes que emite, y que daría más recursos para investigar y procesar a quienes incumplan con las leyes en la gestión pública.

Mientras, crearía el “Panel de Justicia y Verdad” –un ente autónomo, que cuente con especialistas en contabilidad, derecho y economía– que se encargaría de investigar “la manera y forma en que se incurrió una deuda impagable para el pueblo de Puerto Rico”. El proceso, subrayó, serviría para que la ciudadanía conozca cómo se llegó a la quiebra, que no se vuelvan a cometer los errores que llevaron a ella, y adjudicar responsabilidad si hubo actos ilegales en el proceso de adquisición de la deuda.

“Que aquellos que hayan actuado ilegalmente y los delitos no hayan prescrito tengan que enfrentar la justicia. Las acciones contra el pueblo tienen que tener consecuencias”, dijo el candidato, quien aclaró, a preguntas de la prensa, que no sería una “cacería de brujas”, sino que se encausaría solo si se identifica la actividad delictiva.

En la última conferencia de prensa que Dalmau Ramírez ofreció sobre su plan de gobierno –que fue aprobado unánimemente por la Asamblea de Programa del PIP–, mencionó, además, que apoya el Proyecto de la Cámara 2038, que busca establecer la Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno, sus Corporaciones Públicas y Municipios.