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El candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró este viernes que, de resultar airoso en las elecciones de noviembre y asumir el cargo en enero, buscaría comenzar negociaciones tanto con LUMA Energy como con GeneraPR para lograr una “transición ordenada” en la administración del sistema eléctrico en un término no mayor de seis meses.

Según Dalmau, los operadores privados estarían dispuestos a negociar sus respectivas salidas a modo de evitar “un proceso contencioso” con desenlace negativo para ambos.

“Sobre la mesa, en esas conversaciones, va a estar el inventario de los incumplimientos de ambas entidades con respecto a sus obligaciones contractuales. El incentivo es evitar que esto se convierta en un proceso contencioso, en los cuales, al final del camino, ellos perderían, no solo judicial, sino económicamente, por el costo de representación legal. La idea sería que nos sentemos a la mesa y activemos las cláusulas contractuales con respecto a la disolución”, planteó Dalmau, candidato de la Alianza de País que el PIP conforma con el Movimiento Victoria Ciudadana, cuando se le preguntó qué movería a las empresas a acordar voluntariamente las cancelaciones.

La negativa de uno o ambos operadores, insistió el líder pipiolo, no prevendría la cancelación de los pactos que, a su juicio, pueden revertirse tanto a base del desempeño registrado a la fecha como por tratarse de contratos “contrarios al orden público” y, por lo tanto, “nulos”.

“LUMA tiene una obligación de mantenimiento, desganche, actualización de materiales, de subestaciones y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Cuando han tenido que hacer brigadas, por ejemplo, para desganche o mantenimiento, han pedido más dinero de lo que el contrato dispone para esas obligaciones. Es un ejemplo por lo cual se podría, entre otros, encausar a LUMA. En el caso de Genera, recientemente en vistas públicas, reconocieron que están dando unos servicios para actualizar las plantas de generación y, sin embargo, no ha sido suficiente porque vuelven y se caen los sistemas. Ahí, está el historial”, enfatizó, en entrevista con El Nuevo Día.

Contractualmente, LUMA cuenta con una cláusula que le daría derecho a recibir un pago equivalente a su compensación fija más el máximo de bonificaciones para el año en que se cancele el acuerdo, en caso de que se determine que no existe justa causa para la terminación, lo que, al presente, supone una cifra cercana a los $135 millones. Mientras, la cláusula de terminación de GeneraPR asciende a $45 millones, de no haber justa causa.

Si bien Dalmau reconoció que el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contempla la administración privada de los activos del sistema eléctrico, entiende que “no es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo este proceso”.

“Es un capricho de la Junta de Control Fiscal. La Junta, lo que ha dicho, dentro de sus obligaciones, es que lo importante es que la transformación que se haga con respecto a los elementos de la quiebra responda a un presupuesto que no impacte el plan fiscal. Esto no tendría impacto en el plan fiscal porque de lo que se trata es de establecer un sistema eléctrico con el presupuesto y los fondos que actualmente hay”, dijo Dalmau.

Al devolver funciones operacionales a la AEE, como propone tras dejar atrás a LUMA y GeneraPR, Dalmau acentuó que la gerencia de la corporación pública deberá formular planes regionales supervisados por “ingenieros de distrito”, encargados de evaluar el estado de la infraestructura de subestaciones, líneas de transmisión y distribución y necesidades de manejo de vegetación.

“Esto permite que haya un inventario de acuerdo a las realidades topográficas de la red de distribución en cada región, que puede variar. Una vez identifiquemos esas realidades geográficas y topográficas, podremos designar los materiales y recursos”, expresó el candidato independentista, quien además ha insistido en la necesidad de reformar la Junta de Gobierno de la AEE para brindarle mayor “representatividad” a sectores económicos, académicos y de las diversas clases de consumidores.

No obstante, Dalmau reconoció que, de momento, no ha definido cuán amplia sería la Junta de Gobierno, que, al presente, cuenta con ocho sillas, cuatro de ellas vacantes. Cualquier cambio, a su vez, requeriría enmiendas a la ley orgánica de la AEE.

“Ese número va a depender de la evaluación que se haga en su momento. Pero tiene que tener elementos mínimos de garantía democrática y representatividad. Si se convierte en un cuerpo demasiado grande, puede terminar inoperante. Pero no puede ser lo que ocurre ahora, que los consumidores y el interés público solo tienen un representante, y los gobiernos de turno, una supermayoría”, manifestó.

De otra parte, aunque señaló que el Negociado de Energía de Puerto Rico ha exhibido una visión de “siglo 20″ del sistema eléctrico, Dalmau dijo creer en el concepto del organismo regulador para supervisar el manejo de la red.

“La autonomía en su ejecución ha sido muy limitada. Por lo tanto, la revisión que se tiene que hacer es, precisamente, qué ha limitado la ejecución autónoma de ese cuerpo”, acentuó, al señalar que la delegación de funciones a otras entidades, como la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas, ha ido en detrimento del sistema.