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El juez Raúl Candelario López, del Tribunal de San Juan, ordenó este miércoles a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) contar las papeletas de los electores que solicitaron voto por correo, independientemente de si el organismo logra contactarlos para validar su identidad en aquellos casos en que pidieron que los sobres se enviaran a direcciones postales distintas a las que obran en el registro electoral.

La decisión del magistrado surge en respuesta a una demanda de una docena de electores que impugnaron el trámite acordado por los comisionados electorales en septiembre, pero que la propia CEE pidió que se revirtiera en una moción el lunes.

“Este tribunal determina que existe un deber ministerial de la CEE en contabilizar absolutamente todos los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, sin excepción y sin crear barreras o condiciones procesales onerosas al elector. Por lo tanto, se declara ha lugar la solicitud de ‘mandamus’ y se ordena a la CEE a verificar, validar y adjudicar los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, independientemente de si las solicitudes de voto adelantado reflejan una dirección postal distinta a la del Registro General de Electores”, indica la sentencia de Candelario López.

Bajo el trámite delineado por consenso de los comisionados electorales de los cinco partidos el 20 de septiembre, cuando en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado se recibiera el sobre de un votante que había pedido que las papeletas llegaran a una dirección distinta a la que consta en el registro de electores, los funcionarios, en balance partidista, debían llamar al elector para corroborar que, en efecto, hubiera solicitado el sufragio mediante esa modalidad. De esa forma, se minimizaría la posibilidad de que se solicitara fraudulentamente el voto por correo.

Ante la nueva directriz judicial, la copia de identificación que el elector debe incluir en el sobre quedaría como la única vía para validar la integridad del voto.

La semana pasada, luego de la presentación de la demanda, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, estimó que podría haber entre 3,000 y 8,000 sobres que hubieran estado sujetos al trámite de validación.

En respuesta al recurso judicial, tanto la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, como Vega Borges se expresaron a favor de los demandantes.

Más temprano este miércoles, el comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, había tronado contra la postura institucional de la CEE, que contravenía el acuerdo unánime alcanzado por las cinco colectividades en septiembre.

“¿Con qué autoridad los abogados hacen esto? Si es así, se acabó la Comisión. Si hay una decisión por unanimidad de la CEE, la representación legal (tiene que) respaldar esa decisión”, afirmo Cruz, quien, posterior a la sentencia, dijo, en una entrevista televisiva (Telemundo), que el PPD apelaría el dictamen.

En su alegato ante la corte, sometido el lunes, la CEE había expresado que el acuerdo se había tornado en “un trámite inoficioso que resultará en un efecto práctico de evitar se cuenten votos y por tanto invalidarlos sin evidencia alguna de ilegalidad”.

Padilla Rivera, en una rueda de prensa previo a la sentencia, rehusó responder directamente si la postura asumida por la CEE era consistente con el acuerdo del pleno.

“Lo que estoy respondiendo es que no voy a entrar a interpretar la posición de la CEE ahora (que) ya eso está en el tribunal. Lo que sí digo y categorizo es que la CEE siempre va a proteger el interés del elector”, sostuvo.

Más temprano esta semana, el PPD denunció que hubo 41 peticionarios de voto por correo que solicitaron que el sobre se enviara a la misma dirección postal en Santa Isabel.