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Líderes de la Alianza de País buscarán “poner fecha de salida” a la Junta de Supervisión Fiscal

Los candidatos Ana Irma Rivera Lassén y Juan Dalmau Ramírez presentaron 10 objetivos programáticos comunes del PIP y Victoria Ciudadana

18 de septiembre de 2024 - 1:07 PM

Los candidatos de la Alianza de País a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez, y a comisionada residente, Ana Irma Rivera Lassén, en conferencia de prensa. (Suministrada)

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La eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la vía política en el Congreso estadounidense es uno de los 10 objetivos programáticos comunes que presentaron este miércoles los líderes de la llamada Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La candidata a comisionada residente de la Alianza, Ana Irma Rivera Lassén, reconoció que no sería una gesta sencilla. Aseguró, obstante, que ya inició conversaciones, principalmente con legisladores demócratas, a fin de “poner fecha de salida” al ente fiscal.

Sostuvo, además, que es “esencial” que la JSF tenga una “rendición de cuentas de todo lo que no ha hecho en todo este tiempo” y que se conduzca un análisis forense de la deuda de Puerto Rico.

“La Junta de Control Fiscal no es lo que la gente pensó. No ha sido una entidad ni para terminar con el tema de la deuda, ni mucho menos terminar con la corrupción, y así se la vendieron al pueblo de Puerto Rico. El problema que tiene también la puesta en marcha de esa (ley Promesa) que crea la Junta desde el Congreso es que dejaron a la Junta por la libre, ni siquiera el Congreso está mirando lo que la Junta hace y lo que no hace”, señaló la senadora, quien fue portavoz en contra del organismo antes de entrar a la política partidista, y catalogó a la JSF como “totalmente despótica” y que “no tiene ninguna intención de irse”.

Por su parte, el candidato a la gobernación de la Alianza, Juan Dalmau Ramírez, señaló que la eliminación de la JSF, desde Puerto Rico, debe asumirse como un “proyecto de país”, que una a diversos sectores para enviar un mensaje “contundente” en contra del ente fiscal, que “elimine una Junta que tiene siete personas que nadie eligió con más poder político que las ramas constitucionales”.

“Ese reclamo hay que elevarlo, además, a los medios de comunicación estadounidenses, de manera tal que, junto a la diáspora, se cree opinión pública necesaria para poder empujar al Congreso a actuar, conforme a los intereses de Puerto Rico”, puntualizó Dalmau Ramírez, al recordar que la JSF tiene la obligación de desarrollar planes de desarrollo económico, sin embargo, “no han hecho uno, todo han sido iniciativas para el pago de los acreedores y los bonistas”.

Además de la eliminación de la JSF, que es parte de su propuesta para un desarrollo económico sostenible, los puntos comunes del PIP y el MVC incluyen el establecimiento de un sistema universal de salud y la eliminación del Código Electoral de 2020 tras un diálogo sobre los lineamientos para un nuevo ordenamiento “plenamente democrático”.

Otra de las propuestas es garantizar la autonomía de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que le dé “espacio a la propia comunidad universitaria para que establezca los criterios democráticos de una universidad independiente, accesible, democrática y fuera a los vaivenes político-partidistas”.

Asimismo, ambas colectividades buscarán restaurar la fórmula presupuestaria del 9.6% para la UPR y combatir los intentos de aumentar el costo de matrícula. En tanto, Rivera Lassén dijo que se podría, desde el Congreso, allegar recursos que fortalezcan la universidad y para “defender el derecho a la educación”.

También, resaltaron la transformación energética, que incluye la cancelación de los contratos de LUMA Energy y GeneraPR, los cuales, según Dalmau Ramírez, son “cancelables” siguiendo las cláusulas por “incumplimiento”, lo que no conllevaría penalidades.

Mientras, apostarían por un modelo de seguridad pública solidario, que incluye la promoción de un enfoque salubrista para tratar el uso y abuso de sustancias controladas. Igualmente, figuran la Asamblea Constitucional de Status como mecanismo para seleccionar una alternativa descolonizadora para Puerto Rico, la defensa de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales, entre otros puntos.

“La gente las tiene que ver (las propuestas) no solo como esperanza y como amor por Puerto Rico, sino como una propuesta seria de dos entidades políticas, el PIP y el MVC, hacia las elecciones, que no se dejen convencer por el miedo y las mentiras. En estas elecciones, lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico y estas propuestas son una buena solución”, destacó Rivera Lassén.

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