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La abogada Mayra López Mulero presentó este viernes querellas antes varias agencias del gobierno estatal y federal por la divulgación de información personal, que formaba parte de su registro electoral, a manos de una funcionaria de inscripción de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que fue destituida tras confesar los hechos.

En primer lugar, López Mulero radicó una querella personalmente ante la CEE porque, dijo, es el ente gubernamental “donde se origina la infracción de ley”. En la tarde, se personaría al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y mensajeros llevarían las denuncias al Negociado de la Policía, la Oficina de Ética Gubernamental, la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

“Esto es una petición formal de que se haga una investigación de carácter criminal, tanto en el ámbito federal como estatal, para que podamos, definitivamente, llevar esto y poder llegar hasta los artífices de este esquema, de esta patraña y de esta intriga. ¿Cuál era el interés de querer tener mis datos personales? No lo sé, pero no somos ingenuos; vivimos en un país que antecede la historia, precisamente, por acciones de persecución política contra gente como yo, en el pasado, el famoso carpeteo”, dijo, al afirmar que, como ella, otros electores “han sido víctimas de este esquema”.

Junto a la querella ante la CEE, López Mulero sometió una carta dirigida a la presidenta alterna del organismo, Jessika Padilla Rivera, y una declaración jurada de su “conocimiento personal sobre los sucesos que han motivado a que yo tenga que hacer esta petición”.

Por separado, Padilla Rivera confirmó que la querella se recibió y que la evaluaría para potencialmente hacer referidos a las autoridades pertinentes, una decisión que, sostuvo, puede tomar unilateralmente y sin consultar a los comisionados electorales de los partidos.

“La querella, evidentemente, establece la comisión de un delito electoral. Ya, en la tarde de ayer (jueves), se investigó que, en efecto, esta empleada de la CEE, por infracciones al reglamento… siendo estas infracciones la potencial comisión de delitos, pudiéramos estar refiriendo directamente la querella con la comisión del delito al Departamento de Justicia”, dijo la presidenta alterna, quien reiteró que se trata de un suceso aislado.

Justica, en tanto, también confirmó que recibió la querella y, “de inmediato, fue referida a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para que sea evaluada con la responsabilidad y el rigor que requiere”. Actualmente, la División tiene “activas” cinco investigaciones de naturaleza electoral.

Para López Mulero, la acción administrativa contra la empleada del Partido Nuevo Progresista (PNP) que filtró su información fue un intento de “matar la controversia”. Insistió en que la empleada “no actuó sola” y que siguió instrucciones de “un tercero que todavía, al día de hoy, permanece oculto”. Por eso, recalcó, es necesario que las autoridades intervengan para llegar a “los autores intelectuales de esta intriga”.

“El país no se puede conformar con esta pantomima. Sabemos cómo operan, sabemos que esta señora, probablemente, que ha sido supuestamente destituida, la van a estar acomodando en una agencia dentro de poco tiempo, duplicándole el salario y premiándola por esta barbaridad”, expresó la abogada, quien adelantó que votará presencialmente en las elecciones del 5 de noviembre.

Aunque no compareció como su representante legal, el abogado Fermín Arraiza Navas, de la ACLU, acompañó a su colega a presentar la querella, e informó que solicitarán a la CEE que les certifique, como en los pasados comicios, para ser observadores independientes ese día y en el escrutinio.

López Mulero instó a la ciudadanía a “estar alerta”, reclamar sus derechos, “rechazar y repudiar estas acciones fascistas de un gobierno que promueve un estilo que atenta contra nuestros derechos. El derecho al voto es un derecho consagrado por nuestra Constitución, es libre, tiene que estar ajeno a cualquier influencia y presión, y tiene que ser secreto. Estos funcionarios, antes de responderle al PNP, son servidores públicos, y debieron haber pensado en el bienestar del país, pero no, simple y llanamente, son lacayos de una institución que opera a espaldas de la ley”.