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Aunque el Código Electoral establece que, tras un evento en las urnas, la remoción de la propaganda política de los espacios públicos es responsabilidad de los candidatos y partidos, varios municipios ya tomaron medidas –por cuenta propia– para atender esta problemática, que no solo contribuye a la contaminación visual, sino que suele quedar desatendida.

Tal es el caso del Municipio de Bayamón, que tan reciente como el miércoles, un día después de las elecciones generales, comenzó “una campaña de remoción y limpieza” de la propaganda en calles, puentes, postes y árboles, entre otros espacios, explicó el alcalde reelecto Ramón Luis Rivera Cruz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En entrevista con El Nuevo Día, Rivera Cruz destacó que, en 24 horas, ya se había removido “la mayoría” de la propaganda de la contienda. Dijo que eran “miles” de pancartas, letreros o afiches, cuyo recogido estuvo a cargo de entre 15 y 20 brigadas municipales.

“Es un deber ciudadano de los que corremos a distintas posiciones entender que debemos ser prudentes a la hora de la colocación de propaganda y, obviamente, hacer un esfuerzo para recoger las mismas después de las elecciones”, opinó, tras invitar a otros candidatos –electos o derrotados–, que no cuenten con recursos para asumir la remoción, a que apoyen a los ayuntamientos en la tarea.

Otros municipios, como Guayama, Aguada, Caguas y Arecibo, recurrieron a sus redes sociales para documentar, con fotos, la remoción de la propagada por parte de sus brigadas.

En el caso de Villalba, el alcalde y senador por acumulación electo, Luis Javier Hernández Ortiz, contó que, en acuerdo con todos los partidos, su administración delimitó “áreas de expresión pública” en las que los candidatos pudieron plasmar su propaganda.

“Muchos de los candidatos, especialmente los que no salen prevaleciendo, se desaparecen y, después, los municipios tienen que asumir las consecuencias de que sus brigadas tengan que removerlos”, advirtió el también presidente saliente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo otro es buscar la forma de que el contralor electoral obligue a los candidatos a que recojan su propaganda con sus propios empleados. Todos sabemos que aquellos que no prevalecen no lo van a hacer”, recalcó Hernández Ortiz.

Mientras, en San Juan, el director de Obras Públicas Municipales, Raúl García, estimó, en entrevista con Primera Hora, que la remoción tomará un mínimo de tres semanas.

Según el Artículo 12.21 del Código Electoral, la propaganda debe ser removida de los espacios públicos en 30 días a partir del evento político. El estatuto agrega que, transcurrido ese término “sin que el partido político o candidato a puesto electivo hayan removido la propaganda política, cualquier agencia estatal o municipal que realice la remoción le requerirá el pago razonable de la labor de remoción realizada”.

A tono con lo anterior, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), a través del subdirector del Comité Nacional, Pablo Defendini, ya notificó a sus candidatos que deben remover su propaganda de los espacios públicos, informó el oficial de prensa de la colectividad, Luis Soto López.

Por otra parte, el secretario general del PPD, Juan Camacho Semidei, argumentó que la responsabilidad de la remoción recae en los comités municipales y candidatos.

“El llamado a todos los candidatos es cumplir con el Código (Electoral) y remover, en estas próximas semanas, toda la propaganda”, dijo Camacho Semidei.

Al momento de esta publicación, fue imposible obtener información de las faenas de remoción, si alguna, que realizan el PNP, el Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad.