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La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha resuelto ninguno de los casos de supuestos delitos electorales ante su consideración –algunos reportados hace meses–, que incluyen denuncias formales y más de una docena de quejas recientes, confirmaron este miércoles los comisionados electorales.

“Ninguna se ha resuelto. Creo que está todo superlento”, resumió el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, quien, junto a otros tres comisionados, solicitó celeridad en las investigaciones.

Vega Borges recordó que las pesquisas más recientes encaminadas por la CEE conciernen a denuncias contra el representante Jorge “Georgie” Navarro y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ambos del PNP. Las dos están en manos de una comisión investigadora, con un representante de cada comisionado electoral.

En cuanto a Navarro, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera –quien no comentó este miércoles sobre los casos–, ordenó celebrar una vista administrativa para escucharle. Al legislador se le imputa violentar el Código Electoral y el Reglamento para el Establecimiento de Locales de Propaganda al recoger y entregar solicitudes de voto adelantado en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

Mientras, a Romero se le imputó usar funcionarios de su campaña para gestionar un formulario en el que se pedía el correo electrónico y la contraseña de los electores, datos que están desautorizados por la CEE.

La comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, trajo otras dos querellas, de una residente de Aguas Buenas y otra de Canóvanas, que aseguran no haber solicitado el voto adelantado por correo y, aun así, aparecen como si lo hubiesen hecho.

“La CEE no ha resuelto ningún caso que se le haya sometido. Alguien les arrebató (a las ciudadanas) el derecho de votar. Esperamos que la CEE los refiera a Justicia federal y a Justicia estatal”, dijo Aponte Dones.

Juan Manuel Frontera Suau, comisionado de Proyecto Dignidad, se expresó en términos similares, al destacar que también están pendientes de acción dos casos de electores de Jayuya que reportaron ante el Negociado de la Policía un supuesto fraude electoral en un hogar de cuido prolongado.

El martes se reportó igualmente ante la Uniformada el caso de una electora que alegó fraude en la urbanización La Experimental, en Río Piedras. La mujer, de 59 años, dijo que, hace una semana, “le llegó un correo electrónico a su cuenta personal, donde le notifican que ella había solicitado voto adelantado, gestión que esta niega”, según la querella.

Entretanto, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, destacó que el Departamento de Justicia “tampoco ha actuado” sobre la denuncia formal presentada por la abogada Mayra López Mulero, quien alertó que una funcionaria de una JIP divulgó, sin su autorización, datos confidenciales de su registro electoral. “Del caso de Mayra, tampoco ha pasado nada”, deploró.

Justicia también investiga el caso de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López, quien fue la primera persona en realizar una denuncia formal ante la CEE, al alegar –hace ocho meses– que se había utilizado su nombre para endosar a Elmer Román como precandidato a comisionado residente del PNP.

La segunda denuncia, en Justicia, fue sometida por una electora que quería emitir un endoso a favor de Román, pero el sistema le alertó que ya había dado uno a William Villafañe, quien finalmente prevaleció en las primarias.

Luego, trascendió la pesquisa del caso de otra votante que se disponía a dar un endoso a la ahora candidata a la gobernación del PNP, Jenniffer González, pero tampoco pudo porque, en el sistema de la CEE, aparecía que ya había agotado sus posibilidades. La CEE nunca precisó a qué otro candidato esta persona, presuntamente, había respaldado.

El Nuevo Día supo que Justicia también investiga otro posible delito electoral en Caguas, que apunta a que el gobierno municipal habría usado la misma página oficial en la red social Facebook, costeada con fondos públicos, para hacer campaña política después de cambiarle el nombre. Tras saber de la denuncia, el ayuntamiento eliminó la página, dijo una fuente.

Pese a que se solicitó, ningún funcionario de Justicia estuvo disponible para entrevista. La Policía tampoco atendió una petición para actualizar la cantidad de denuncias recibidas sobre posibles delitos electorales.