Las nominaciones de los jueces Jorge Rivera Rueda y Cyndia Irizarry Casiano como presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), respectivamente, pasarán ahora a evaluación de la Asamblea Legislativa, tras no recibir el aval unánime de los comisionados electorales de los partidos políticos.

La gobernadora Jenniffer González anticipó este martes, incluso, que pudiera añadir más nombres al listado que someta a la Legislatura.

“Nosotros hemos cumplido con la ley (Código Electoral)”, afirmó la primera ejecutiva. “Ahora, lo que manda la ley es que yo, como gobernadora, tengo la facultad de enviar sus nombramientos a la Asamblea Legislativa, de esos o cualquier otro. Pero me inclino por enviar los dos (nombres) que sometió el comisionado electoral (del Partido Nuevo Progresista –PNP–, Aníbal Vega Borges) y, con la aprobación de dos terceras partes en (la) Cámara (de Representantes) y (el) Senado, ponerle punto final a este asunto de la CEE”, abundó.

Convocados por Vega Borges, los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Iván Aponte y Ernesto González Rodríguez, respectivamente, se reunieron en el décimo piso de las oficinas centrales la CEE, en Hato Rey, para establecer la postura de cada colectividad respecto a los nominados.

Ambos comisionados electorales votaron en contra de Rivera Rueda e Irizarry Casiano. Aponte ya había expresado su rechazo a los dos nominados.

“Entendíamos que debía haber sido un proceso mucho más abierto, con varias alternativas para analizarlas y discutirlas, y tratar de llegar a consenso, pero no ocurrió. Por otro lado, entendíamos que debía incluirse al comisionado de Proyecto Dignidad (Juan Manuel Frontera Suau), pero, por las expresiones de la gobernadora, el libreto está claro para que se escojan ambos candidatos en la Legislatura”, afirmó Aponte, en entrevista con El Nuevo Día.

Mientras, González Rodríguez pidió al PNP que “sometieran más nombramientos”.

“Y la postura de ellos (PNP), incluida la expresada por la gobernadora en los medios de comunicación, es que no tenían intención de llegar a consenso, ya que cuentan con la mayoría en la Asamblea Legislativa para aprobar los nombramientos”, dijo el comisionado electoral del PPD.

Previo a la reunión, Frontera Suau había exigido que se le permitiera participar. Proyecto Dignidad mantiene un pleito legal, en el Tribunal Supremo, para exigir su silla en la CEE, porque no se le considera un partido propietario como las demás colectividades, pese a que retuvo su franquicia electoral en los pasados comicios.

Una vez Vega Borges presentó a los nominados, Proyecto Dignidad presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se detuviera la selección de la jefatura de la CEE, alegando que, de seguir adelante con el proceso, la colectividad sufriría “un daño irreparable”.

El Código Electoral establece que los comisionados electorales tienen 30 días naturales para hacer su determinación respecto a los nominados, una vez se le someten los candidatos, que deben ser jueces. La selección debe ser por unanimidad.

De no haber consenso, le corresponde al gobernador de turno hacer los nombramientos, que requerirán el consejo y consentimiento de dos terceras partes del total de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa.