Caguas - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, comentó este viernes que la movida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) de considerar cancelar millones de dólares en contratos de arrendamiento en Puerto Rico sigue el “patrón de recortes” que ha distinguido los primeros meses de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es un patrón de recortes que estamos viendo en el gobierno federal en el nombre de la eficiencia gubernamental. Mi exhortación es que, a todas las partes privadas que se han visto afectadas por estos recortes, que revisen los términos legales de sus contratos y tomen acción legal si es necesaria”, indicó Hernández Rivera, en un aparte con El Nuevo Día, previo a celebrar la inauguración de su oficina de distrito en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

A preguntas de qué podría hacer para mediar en este caso, se limitó a decir que “podría interceder por ellos ante las agencias federales, si contactan esta oficina y piden ese tipo de ayuda”.

La decisión de la comisión federal que lidera el multimillonario Elon Musk –que ahora entra en un proceso de negociación y cuyos recortes se acercan a los $4.58 millones– se da mientras el archipiélago se mantiene en incertidumbre ante la posibilidad de recortes en áreas como Medicaid. El comisionado residente ha señalado que el gobierno de Trump también podría estar considerando recortes a fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que la gobernadora Jenniffer González ha rechazado.

Por otro lado, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que aún no ha recibido respuesta de González a la carta que le envió invitándola a colaborar y que integre a su oficina a comités vinculados a la salud y los esfuerzos para atraer industrias manufactureras al país.

“Por el momento, no lo vislumbro (hacer otro acercamiento a González), pero se la envié hace menos de 48 horas, así que quizá todavía están preparando la respuesta”, consideró.

En tanto, Hernández Rivera solicitó a la gobernadora que retire el nombramiento de Víctor Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud, en medio de la controversia que ha surgido ante presuntas irregularidades del designado durante su presidencia en el Colegio de Médicos Cirujanos.

“Si (Ramos Otero) administró mal el Colegio de Médicos, como la prensa misma ha revelado y ha informado contundentemente, ¿cómo podemos pretender que administre bien el Departamento de Salud? Y en lo que a mí concierne como comisionado residente defendiendo los fondos federales el gobierno de Puerto Rico, ¿con qué credibilidad yo voy a ir a Washington a pedir más fondos federales de salud cuando tenemos un secretario de Salud que ha sido o está siendo investigado por los federales por mal manejo de fondos federales?”, cuestionó.

El presidente de la Pava urgió al Senado a no confirmar al secretario designado, y añadió: “El llamado es más concreto, el llamado a la gobernadora es que retire el nombramiento”.

Previo a la ceremonia de inauguración, Hernández Rivera recibió el anillo episcopal de parte del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, en una ceremonia privada en su nueva oficina regional. Le acompañó parte de su familia, incluido su padre, José Alfredo Hernández Mayoral, y varios congresistas.

Durante la ceremonia que tradicionalmente celebran los comisionados residentes, el arzobispo resaltó que el anillo episcopal es “símbolo de vínculo del comisionado con su patria, por el bienestar de sus compatriotas”. Agregó que Hernández Rivera recibe este gesto en momentos de gran incertidumbre a nivel local y en Estados Unidos, destacando el éxodo de puertorriqueños en busca de oportunidades y las ofensivas contra los inmigrantes.

Al inicio de su discurso, Hernández Rivera reiteró que “nos sacaron del Capitolio, pero nos acercaron al pueblo”, en referencia a la decisión del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de no permitirle alquilar el espacio, en un edificio de la Asamblea Legislativa, que los dos anteriores representantes del país ante la Cámara baja federal usaron como su despacho local.

“Caguas para nosotros no es un refugio, Caguas para nosotros es un centro de acción y de lucha. Desde Caguas, luchamos por la justicia, luchamos por un Puerto Rico más justo, luchamos por un Estados Unidos más justo”, abundó, ante un salón lleno de seguidores.

Sobre la posibilidad de que Puerto Rico pierda fondos federales, sentenció que, “cuando los recortes se lleven a cabo, alzaremos nuestra voz en defensa del pueblo de Puerto Rico. Y siempre le diré al americano, en inglés y en español, que este pueblo se respeta”.

Entre los asistentes a la ceremonia –a la que asistieron más de 600 personas–, estuvieron los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, alcaldes del PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP), legisladores y varios congresistas, entre ellos, Adriano Espaillat (Nueva York), Darren Soto (Florida), Rob Menéndez (Nueva Jersey), Ted Lieu (California), Linda Sánchez (California) y Troy Carter (Luisiana).