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Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) condenaron la determinación judicial que ordenó adjudicar todos los votos por correo aunque las direcciones en los sobres no coincidan con las que obran en el registro Electoral, al considerar que lanza sombras sobre la transparencia que debe regir los procesos electorales.

Karla Angleró, del PPD, catalogó la determinación como una “afrenta directa a la democracia”, que podría permitir que se cuenten las papeletas de electores que no cumplan con los requisitos para la mencionada modalidad de sufragio adelantado.

“Esta resolución no sólo valida el fraude, sino que lanza manchas al proceso que debe ser uno transparente. El derecho al voto es el pilar de nuestra democracia, y esta decisión lo debilita al priorizar la desconfianza sembrada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre la dignidad y los derechos de nuestros electores”, indicó Angleró, cuyo partido apelará la sentencia.

En cambio, su homólogo del PNP, Aníbal Vega Borges, aseguró que la determinación fue correcta en garantizar el derecho constitucional al voto y responde a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) retrasara validar que los electores, en efecto, pidieran que las papeletas les llegaran a las direcciones en sus solicitudes.

“La ofensa a un sistema democrático es no contar un voto de un ciudadano que legalmente lo pidió y lo ejerció, principalmente las personas de mayor edad”, sostuvo Vega Borges, quien explicó que la CEE comenzó a hacer llamadas el 5 de noviembre, luego de que los electores recibieron sus papeletas, votaron y las devolvieron al ente, quedando actualmente “miles y miles” de personas sin contactar.

La decisión del miércoles del juez Raúl Candelario López, del Tribunal de San Juan, surge en respuesta a una demanda de una docena de electores que impugnaron el trámite acordado en septiembre por los comisionados electorales –pero que la propia CEE pidió que se revirtiera–, que dictaba que, en los casos de direcciones incongruentes, se llamara para validar que se hubiese solicitado el voto adelantado por correo.

En reacción, Roberto Iván Aponte, del PIP, expresó que la sentencia no le “sorprende”, pero es “lamentable” porque revocó un proceso en el que “hubo un acuerdo” entre los representantes de los partidos en la CEE para evitar potenciales fraudes.

“Va más allá del tema electoral; es lo que está pasando en el país, en todas las ramas gubernamentales y el alto cuestionamiento que existe, con determinaciones continuas solo favoreciendo al partido de gobierno”, dijo.

Mientras, Lillian Aponte, del MVC, consideró que la determinación “devalúa las garantías de transparencia del proceso electoral, al obligar a que se proceda con la adjudicación y conteo de cientos de votos sin que se haya validado la identidad del elector, según los parámetros establecidos por la CEE para el voto adelantado en su modalidad por correo”.

Señaló, también, que dificulta el reclamo de “transparencia y confiabilidad” en los trámites electorales.

Así también se expresó el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, quien señaló como “equivocada” la decisión del Tribunal y que eliminar el proceso de validación “es abrir el proceso al fraude, sobre todo, cuando se reciben múltiples votos desde la misma dirección”.

Igualmente, criticó que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, y el Tribunal fueran “por encima” de la determinación unánime de los comisionados electorales. “Estamos de frente al asalto de la CEE por parte del PNP con la complicidad de la presidencia nombrada por ellos”, insistió, al señalar que “la legitimidad de un gobierno depende de la confiabilidad del proceso electoral”.