El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este lunes que habrá una consulta de status el mismo día de las elecciones generales, respaldada por la Ley 165 del 2020, que le permite convocar un plebiscito sin el aval de la Asamblea Legislativa.

---

Read this article in English.

---

Este sería el séptimo plebiscito de status que tendría Puerto Rico.

El referido estatuto permite que el gobernador de turno convoque una consulta de status, escoja las definiciones e identifique los fondos para la votación. Las alternativas en la consulta serán la estadidad, la libre asociación e independencia, precisó el primer ejecutivo.

“Esta consulta plebiscitaria es un mecanismo para ejercer presión sobre el Congreso, reclamarle acción al Congreso. Exigirle acción al Congreso para resolver el problema de nuestro status. Nada tiene más peso que la expresión de nuestro pueblo. De eso se trata la autodeterminación”, enfatizó el gobernador al planteársele el carácter no vinculante de la consulta y cuestionarle qué haría para que su resultado sea considerado.

“Aquí debemos expresarnos cuantas veces sea necesario para que el Congreso sepa que basta ya de esta desigualdad, que basta ya de la colonia. Que el pueblo de Puerto Rico quiere que se le respete y que se le escuche”, agregó.

Al hacer el anuncio, en La Fortaleza, el mandatario estampó su firma en la orden ejecutiva (OE-2024-016) que convoca la consulta mediante una proclama, como establece la Ley 165.

A preguntas de El Nuevo Día, Pieruisi precisó que el gobierno no solicitará los $2.5 millones que separó la administración de Barack Obama como parte del presupuesto del 2014 para atender el tema del status. El uso de ese dinero federal está condicionado a que haya una campaña educativa objetiva y no partidista, y un proceso plebiscitario con aval congresional entre alternativas constitucional y legalmente válidas, que debían ser ratificadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“En vista del tiempo que falta para las elecciones generales y esta consulta, no vislumbro estar consultando al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así que los fondos que se van a utilizar son fondos estatales”, respondió.

Pierluisi había adelantado que no descartaba convocar la consulta, sujeto a lo que pasara en el Congreso de los Estados Unidos con el Proyecto 3231, presentado, en octubre, en el Senado federal por el demócrata Martin Heinrich.

La medida, al igual que el 2757 de la Cámara de Representantes federal, propone vincular al gobierno estadounidense con un plebiscito en la isla entre la soberanía en libre asociación, la independencia y la estadidad.

La ahora presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidata a la gobernación por esa colectividad, Jenniffer González, había comentado, tras su triunfo en las primarias, que el gobernador haría un anuncio importante sobre el status y que ella lo respaldaría.

Al preguntársele si no se trata de una estrategia política para llevar a las urnas a más estadistas, Pierluisi respondió que “la estadidad va más allá de partidos”.

“Lo vimos en el 2020. La opción de la estadidad obtuvo más votos a su favor que cualquier candidato o candidata en Puerto Rico, fuera del partido que fuera. Obtuvo más votos que los votos íntegros que recibió el PNP, que es el único partido que defiende la estadidad”, enfatizó Pierluisi, no sin antes reconocer que “ahora tenemos estadistas en múltiples partidos en Puerto Rico”.

Con la consulta de status, serán cinco las papeletas que tendrá el elector en los comicios del 5 de noviembre: la de gobernador y comisionado residente, la municipal, la legislativa, la de la consulta criolla y la de las elecciones presidenciales estadounidenses, que en Puerto Rico tendrán un carácter simbólico, según dispuesto en el Código Electoral.

El anuncio de Pierluisi se produce en momentos en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) separó 10 millones de papeletas para los comicios generales, contemplando una quinta boleta.

“El costo mayor que tiene esta consulta es la impresión de las papeletas. Por otro lado, la orden ejecutiva, y esto viene de la Ley 165 del 2020, se le pide a la Comisión que, en el término de 15 días a partir de la comunicación de la convocatoria, me presente un plan de presupuesto para el costo no solo de las papeletas, sino también de la campaña educativa que tiene que llevar a cabo la Comisión”, explicó Pierluisi.

El 22 de agosto, de acuerdo con el calendario electoral aprobado por la CEE, es la fecha límite para la producción de papeletas oficiales y de muestras.

De paso, el gobernador reaccionó a las posturas de algunos de los líderes otras colectividades. Por ejemplo, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ha dicho que, ante una consulta de esta naturaleza, consideraría un boicot, mientras que Ana Irma Rivera Lassén, coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ha manifestado que prevé “acciones conjuntas”.

“Me chocaría que le den la espalda a su ideal. El que es independentista, ¿cómo va a dejar votar la independencia cuando tiene la oportunidad de hacerlo? El que es soberanista, ¿cómo va a dejar de votar por la libre asociación cuando tiene oportunidad de hacerlo? Y ni hablar de los estadistas”, sostuvo Pierluisi.

“El que no vote está dejando pasar la oportunidad de escoger entre las tres opciones que el propio Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos nos está brindando”, abundó.