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El Partido Nuevo Progresista (PNP) se querelló este martes ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) contra el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) alegando que la colectividad publicó, sin la autorización del ente, una plataforma para que las personas conocieran su número electoral y en la que, supuestamente, se vulneraba la confidencialidad de los datos.

“Con una simple información, cualquier persona podría conseguir el número electoral de cualquier familiar. Solo necesitaba la fecha de nacimiento, el nombre de (la) madre y el nombre de(l) padre para acceder al número electoral de un elector. El sistema de la CEE, por ley, requiere el número electoral y los cuatro (últimos) números del Seguro Social para autenticar cualquier entrada al sistema”, indicó Ciary Pérez Peña, comisionada electoral alterna del PNP, al detallar las presuntas irregularidades.

Pese a que la plataforma no está disponible desde el sábado en la noche, Pérez Peña y el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, identificaron supuestas violaciones a los artículos 12.8 (Interferencia, manipulación, alteración, divulgación o acceso no autorizado, o ataque a sistemas electrónicos) y 12.9 (Uso ilegal de información del registro electoral) del Código Electoral.

Según Pérez Peña, la información del registro se tomó del “Master CD”, que contiene los datos de los electores inscritos y que se colocó en unos servidores sobre los que la CEE no tiene control y donde no autorizó que se compartieran.

La querella del PNP menciona a la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, y al candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, pues su nombre aparece en la transacción para adquirir el dominio (dirección) victoriaenlacomision.pr, portal en el que se colgó la herramienta para identificar el número electoral.

Ante la denuncia, el MVC rechazó “categóricamente” las alegaciones, y aseguró que la plataforma fue diseñada con el “único propósito” de ayudar al electorado en sus gestiones de registro frente a las “limitaciones” en las plataformas de la CEE.

“Nuestra herramienta no vulnera la privacidad de los electores. La información pertenece al registro electoral y los partidos ya tienen acceso a esos datos. Lo que hemos hecho es ofrecer un servicio para facilitar el acceso al registro electoral, algo que la CEE ha fallado en proveer de manera eficiente”, acentuó Aponte Dones, en comunicado de prensa.

Respecto al planteamiento sobre el dominio, el MVC lo catalogó como una “maniobra de desinformación”, al señalar que la dirección web “no tiene ninguna relación con los datos que se manejan en la plataforma”.

Al entrar a la plataforma en web, ahora aparece un mensaje en el que el MVC explica que el sistema se desactivó por orden de la CEE y su presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, “a pesar de existir un acuerdo unánime de los comisionados electorales de todos los partidos para que este servicio estuviera activo”.

Sobre este señalamiento, Pérez Peña expresó que, cuando Aponte Dones presentó la herramienta ante el pleno de la CEE, el PNP, supuestamente, indicó que “expondría” los datos. Aunque Pérez Peña reconoció que se acordó unánimemente que se presentara la herramienta ante la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE para que se evaluara, dicha dependencia no emitió un informe.

“Lo que hicieron fue que yo, con la fecha de nacimiento de mi papá, entro a la plataforma que ellos abrieron, (pongo) el nombre de mi abuelo, el nombre de mi abuela y adquirí el número electoral de mi papá. Y, los últimos cuatro números del seguro social, tienes 10,000 combinaciones para poder llegar al que es lógico. Los mismos servidores pueden hacer el juego para coger cuatro números de seguros sociales. Tú no tienes que hacer más nada para entrar a un sistema de la CEE. Por eso, precisamente, no se le autorizó a que ellos abrieran esta herramienta”, agregó Pérez Peña sobre cómo, supuestamente, funcionaba el sistema.

Aun así, Aponte Dones se reafirmó en que la plataforma fue aprobada por la CEE y la OSIPE.

El PNP solicitó a la CEE que refiera la querella al Departamento de Justicia, al fiscal federal Seth Erbe (oficial electoral para el Distrito de Puerto Rico), la Oficina de Ética Gubernamental y la Fiscalía federal, entre otras agencias locales y federales no especificadas.