Políticos derrotados en las primarias o elecciones de 2020, convictos por corrupción o que han manifestado desinterés en nuevas aspiraciones electorales solicitaron a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la disolución de sus comités de campaña, un trámite que la dependencia ha encaminado, rechazado o ejecutado a tono con las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222 de 2011).