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El manejo de las recusaciones en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mantiene preocupados a los comisionados electorales de tres de los cinco partidos políticos, que, a tres semanas de las elecciones generales, entienden que ese mecanismo se ha utilizado para coartar los derechos de los electores, a quienes supuestamente no se les garantiza el debido proceso.

Los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y de Proyecto Dignidad advirtieron, en entrevistas separadas, que algunos electores que se inscribieron o reactivaron a partir de mayo son sometidos al proceso de recusación cuando personas acuden a sus casas y, al ser llamados por sus nombres, no contestan.

“Definitivamente, la manera en que se están trabajando me preocupa. La informalidad de que llegue alguien allí (frente a la casa), pregunte... La informalidad de los procesos es preocupante”, dijo el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau.

Destacó que esa informalidad es posible luego que, este año, se enmendó el Código Electoral para permitir las recusaciones después del mes de abril, pero no se fijó el procedimiento que debe seguir la CEE o que le permita al elector defenderse adecuadamente sin necesidad de llegar a un tribunal.

“La enmienda (a la ley) no es mala. El asunto es cómo se utiliza. Hay que hacer una revisión. Debe haber un proceso en el que la Comisión Local, antes de darle paso a la recusación formal, vea la prueba”, apuntó Frontera Suau.

La CEE no proveyó estadísticas de las recusaciones sometidas y cuántas han prevalecido hasta el momento. Sin embargo, la semana pasada este medio publicó que ocho de nueve jóvenes que fueron sometidos al proceso de recusación prevalecieron al presentar evidencia que demostraba que no procedía sacarlos del registro electoral.

La recusación es el procedimiento para impugnar el estatus de un elector en el Registro General de Electores. Su objetivo es “anular una petición de inscripción”, así como “excluir o inactivar a un elector” del registro oficial. Para recusar, hay que emplazar al elector, tarea que debe pagar el partido político. El proceso lo inicia una comisión local y termina ante un juez.

De acuerdo con el Código Electoral, se hacen recusaciones por domicilio hasta abril en año electoral. Después de esa fecha, se pueden hacer recusaciones de nuevos inscritos o reactivados 10 días después de realizada la transacción electoral, pero el tiempo comienza a correr tan pronto la transacción llega a la comisión local para su revisión.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, defendió el proceso. Dijo, sin embargo, que llamar a una casa y no contestar no es suficiente evidencia para “sostener una recusación en un tribunal”.

“Tú tienes que buscar evidencia. Primero, hay una presunción de que ese es tu domicilio. Quien quiera rebatir eso tiene que presentar evidencia”, afirmó.

Pero el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, sostuvo que el proceso es “un dolor de cabeza” para quien sea sometido al proceso, por el tiempo que le requiere.

Además, cuestionó qué sucede con quien no se entera que está siendo recusado y el día del evento electoral “llega de repente al colegio y no puede votar”.

“La gente no se entera. Ese es el problema fundamental. No estás ahí (en la casa), y a ti te recusaron. Lo que se está buscando es entorpecer el derecho al voto, y es una cuestión sistemática. Se está persiguiendo al elector, particularmente al joven”, sentenció, por su parte, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones.