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A solo horas de que culminara el período para solicitar el voto adelantado, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, anticipó este lunes que no se alcanzarían las cifras obtenidas en los comicios de 2020, que sobrepasaron las 210,000, debido a lo que calificó como una campaña de descrédito contra el ente electoral, en medio de los cuestionamientos surgidos sobre su desempeño.

Padilla Rivera indicó a El Nuevo Día que, hasta la noche del domingo, las solicitudes de voto adelantado rondaban las 150,000. En marzo, había estimado que el voto adelantado y ausente aumentarían en un 25% respecto a los pasados comicios.

“En efecto, no se va a concretar (ese estimado). No va a haber un aumento de ese 25% porque ya anoche (domingo) rondábamos por los 150,000 aproximadamente de solicitudes de voto adelantado. Evidentemente, estuvimos, ante el 2020, en un voto adelantado de 210,000. Anoche, los números no llegaron a 200,000″, afirmó la funcionaria.

Posterior a la entrevista y al cierre de esta edición, la portavoz de la CEE, Gisela Ayala, precisó que, hasta el domingo, tenían 136,338 solicitudes de voto adelantado. De esa cantidad, 45,162 ya habían sido grabadas y 91,176 estaban pendientes de ser grabadas. La grabación de las solicitudes es el proceso mediante el cual la CEE coloca la petición del elector en sistema y valida que procede, lo que luego permitirá que vote por adelantado.

En las elecciones generales del 2000, 210,896 electores participaron mediante el voto adelantado y ausente. En específico, 201,504 fueron votos adelantados, 5,413 ausentes y 3,979 de confinados, de acuerdo con el informe estadístico de la CEE.

Entre los 201,504 votantes que solicitaron voto adelantado entonces, fueron a domicilio 95,756; presencial en precinto 52,750; correo 52,709 y colegio especial (empleados de la CEE) 289. La fecha para solicitar voto adelantado vencía este lunes, y el plazo para voto ausente, el 21 de septiembre, cuando también cierra el registro electoral.

Padilla Rivera atribuyó la baja en solicitudes a lo que llamó “una campaña en contra de la CEE”, que incluye a los comisionados electorales, por sus denuncias recientes relacionadas con los tropiezos con la organización electoral.

“¿Quién más puede, junto a esta presidenta, informar de manera correcta, de manera oficial, la información con relación a los trabajos que se hacen en la Comisión? Esta presidenta y los comisionados. No hay otra fuente oficial de la Comisión que no seamos nosotros seis. No puedo entrar a evaluar cuál es la intención u objetivo. Definitivamente, no, pero tenemos que remar juntos”, dijo Padilla Rivera a este medio.

“Aquí, lamentablemente, hay una campaña contra la CEE sin precedentes, o sea, históricamente, yo no había visto tanta mancha, tanta laceración contra esta institución, que tengo que decir que, responsablemente, hace su trabajo. El hecho de que se hayan levantado acusaciones, señalamientos contra los procesos del voto adelantado, contra las irregularidades, contra cómo se manejan las solicitudes, el embalaje de los sobres, la intervención de terceros, como lo es el correo, evidentemente, han incidido en la determinación de los electores de no confiar en el proceso”, sostuvo Padilla Rivera.

Ante ese cuadro, reconoció que el 5 de noviembre podría haber más electores acudiendo a votar de forma presencial en los colegios.

“No lo critico, y quiero ser responsable en mis expresiones y que las recojan de esa misma manera. No culpo al elector. El elector tiene derecho a escoger cuál es método más seguro y confiable para él ejercer su derecho al voto”, afirmó.

Acto seguido, puntualizó que, aunque ha habido problemas con el registro electrónico de electores (e-RE) y con las máquinas de escrutinio, algunos obedecen a situaciones imprevistas.

“Aquí todo se está trabajando dentro del calendario electoral, que la noticia pública de las filas, de, lamentablemente, el mal funcionamiento del e-RE, el mal funcionamiento de las Juntas de Inscripción Permanente... Oye, no es algo malo. Es algo que nosotros no contábamos con la avalancha de nuevos electores que quieren inscribirse, de electores que tenían que hacer transacciones –bien sea para mudarse, para reactivarse, para actualizar su récord electoral que están interesados a hacerlo–, lamentablemente, la última semana”, apuntó Padilla Rivera.

Defendió la plataforma del e-RE, aunque confronta problemas con las direcciones, la toma de fotos, la carga de documentos y su actualización. Hasta el domingo, el sistema tenía 60,462 transacciones electorales que debían ser corroboradas y avaladas por la CEE.

“Tenemos que trabajar con eso. Ciertamente, no podemos automatizar las transacciones por el e-RE. Tienen que pasar por un filtro de control de calidad”, sostuvo Padilla Rivera, quien anticipó que asignarán más empleados para verificar y validar las transacciones realizadas por el sistema electrónico.

En horas de la tarde, la Unión Americana de Libertades Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico (AIPR) unieron esfuerzos para exigir a la CEE “transparencia, pulcritud y confiabilidad en el proceso electoral”.

Liza Gallardo, directora de la AIPR, indicó que solicitaron al ente público que les permita fungir como observadores “en todos los componentes del proceso electoral” ante las “serias irregularidades” denunciadas públicamente en torno a los preparativos para las elecciones generales del 5 de noviembre. Aunque el pedido se había hecho formalmente, el 4 de septiembre, se informó, en conferencia de prensa, que aún no tienen respuesta.

Las organizaciones detallaron que las “fallas” denunciadas incluyen problemas con el registro electrónico de electores (e-RE), problemas con el servicio eléctrico que impiden la inscripción de votantes, la falta de recursos humanos, largas filas y tardanzas para la inscripción, divulgación de datos personales del electorado y formularios diseñados para conseguir información personal de adultos mayores.

“Todas estas fallas y aquellas que no conocemos denotan un claro problema de múltiples posibles violaciones al derecho al voto en Puerto Rico”, denunció Anette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR.

“El ejercicio al voto es un derecho fundamental. Es un derecho inalienable y es crítico para el ejercicio de la democracia en el país”, agregó. “Estamos profundamente preocupados ante la multiplicidad de denuncias y querellas que se han ido presentando y que se han hecho públicas por medio de la prensa y que identifican serias irregularidades en el proceso de inscripción, violación en la confidencialidad de la información de los electores”, abundó.

Martínez dijo que, de ser necesario, acudirán a los tribunales para exigir que se hagan valer los derechos que le asisten a los electores.

Los tres organismos fiscalizadores independientes instaron a los electores a denunciar formalmente cualquier irregularidad ante la Policía, la CEE, el Departamento de Justicia estatal y federal, así como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. Solicitaron que se les remita copia de las querellas al correo electrónico querellavoto2024@amnistiapr.org.

Este reclamo se une a la activación de la Academia de Observadores por parte de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) luego de “las denuncias sobre deficiencias en los procedimientos previo a los comicios”. El director ejecutivo de la entidad, Ever Padilla Ruiz, convocó, mediante parte de prensa, a toda persona que quiera fungir como observador a participar de un taller el 19 de septiembre.

Para participar como observador, debe enviar un correo electrónico a naviles@cdc.pr.gov, en el que incluya su nombre completo, dirección electrónica, número de teléfono, municipio donde reside y si representa a alguna organización sin fines de lucro, estudiantil, privada o quiere participar en carácter personal.