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Presidenta de la CEE destituye a empleada que confesó haber difundido información confidencial de Mayra López Mulero

Jessika Padilla Rivera indicó que la decisión fue producto de la investigación administrativa que inició el ente electoral tras la denuncia hecha pública por la abogada

12 de septiembre de 2024 - 6:09 PM

Updated At

Actualizado el 13 de septiembre de 2024 - 9:01 PM

Padilla Rivera reiteró que los empleados de la CEE son responsables de velar y garantizar en todo momento los datos contenidos en el Registro General de Electorales. (Carlos Rivera Giusti)

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Horas después de revelar que una empleada admitió haber divulgado los datos electorales de la abogada Mayra López Mulero y de que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, dejara en sus manos cualquier decisión, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, anunció este jueves la destitución de la funcionaria.

Padilla Rivera informó, por escrito, que la decisión se produjo tras haber concluido una “investigación administrativa” que determinó que la empleada –que no identificó– violó el Reglamento de Normas de Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del ente electoral.

“Habiendo atendido esta desafortunada situación con la celeridad que lo ameritaba, la Comisión, haciendo valer, como de costumbre, lo dispuesto en el Código Electoral del 2020 y los reglamentos aplicables, resolvió destituir a la empleada que incurrió en este reprochable comportamiento, expresamente prohibido”, manifestó Padilla Rivera, en un comunicado de prensa.

Recalcó que “todos los empleados de la Comisión, y muy en particular aquellos que, por la naturaleza de sus funciones tienen acceso a la información de los electores, son responsables de velar y garantizar, en todo momento, los datos contenidos en el Registro General de Electorales”.

Padilla Rivera no precisó si remitirá el asunto ante el Departamento de Justicia u otra agencia investigadora, como le exigieron los comisionados electorales y expertos en materia electoral. No obstante, en una entrevista radial más temprano (Radio Isla), afirmó que los actos cometidos por la funcionaria constituyen un “delito grave”.

Padilla Rivera no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día, pese a que se solicitó desde temprano.

Mientras, Justicia se limitó a decir, también por escrito, que esperará por que López Mulero presente una denuncia formal ante la agencia para proceder con el asunto. “Tan pronto la recibamos, la estaremos evaluando con la diligencia y el rigor que amerita”, rezan las declaraciones escritas.

La Policía informó, igualmente, que necesitan una querella formal “para poder obtener la información esencial” que les permita iniciar una investigación. “De esta manera, podemos evaluar, junto a la fiscalía, la prueba existente para determinar qué delitos estatales se configuran, adicionales a las faltas administrativas que ya identificó la CEE, y asegurarnos de no duplicar esfuerzos con los colegas de las agencias federales a los que la licenciada López Mulero indicó que recurría”, indicó la agencia de seguridad por escrito.

Tras la decisión de la CEE, López Mulero se mostró complacida con la acción de la presidenta alterna, pero advirtió que sería “una burla a la justicia” si el asunto quedase ahí.

“Alguien le pidió (a la empleada) que enviara mis datos. La medida administrativa contra la empleada es el primer paso para indagar en una investigación más rigurosa del alcance de sus acciones ilícitas”, afirmó la abogada.

Más temprano en el día, López Mulero indicó a El Nuevo Día que aún no había hecho las denuncias formales ante Justicia ni las autoridades federales.

“Estoy dando los últimos toques a la declaración jurada para cumplir con los requisitos de forma”, afirmó la abogada entonces.

Más tarde, se supo que presentaría las denuncias mañana viernes.

La investigación interna en la CEE comenzó el miércoles, luego que López Mulero dijo que, esta semana, acudió ante esa entidad pública e hizo una transacción electoral, y se enteró luego que sus datos personales fueron divulgados a través de un chat presuntamente integrado por miembros del PNP.

“Esta señora (empleada de la CEE) es la punta del ‘iceberg’, y esta señora no actuó sola, y a esta señora le hicieron ese requerimiento y la llevaron a cometer delito con una intención deliberada. Es imperativo que esa investigación siga profundizándose para llegar hasta el autor intelectual porque, indudablemente, aquí lo que está en juego es la estabilidad del sistema electoral y lo que va a estar pasando el 5 de noviembre”, dijo a este medio.

Aunque la empleada era de confianza, adscrita a la oficina de Vega Borges, el comisionado electoral del PNP dejó el caso en manos de la presidenta alterna de la CEE.

“Nosotros avalamos cualquier gestión conducente a mantener la transparencia de la Comisión y de cualquier otro procedimiento u organismo del gobierno que sirva al pueblo de Puerto Rico”, indicó, en un comunicado, Vega Borges, quien tampoco estuvo disponible para una entrevista.

El comisionado de la Palma destacó que el miércoles, en una reunión del pleno de la CEE, avaló que se investigara la denuncia hecha por López Mulero respecto a la filtración de datos personales.

“Seguimos totalmente enfocados en nuestro trabajo, que es garantizarle al electorado progresista y en general, un proceso claro, transparente, justo y eficaz el día 5 de noviembre”, comentó Vega Borges.

Exigen intervención de Justicia

Ante esta controversia, cuatro de los cinco comisionados electorales exigieron que el asunto sea referido a Justicia para su esclarecimiento total.

Según el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, podría haber delitos federales y se debe investigar a “toda aquella persona que haya ayudado en la divulgación de esa información, toda persona puede estar sujeta también a un proceso criminal”.

“Parece ser que las denuncias de irregularidades están pasando al plano de la impunidad”, sostuvo, por su parte, el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz.

Los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Roberto Iván Aponte y Lillian Aponte, respectivamente, exigieron que el asunto sea investigado en profundidad.

“No es la primera vez que hay una querella sobre el manejo de información de los electores y del registro electoral. Sin embargo, ninguna ha tenido consecuencias”, recordó la comisionada del MVC, en referencia a que, este año, se divulgaron datos electorales de periodistas.

“Creo que hay que ir más allá y, para eso, están las entidades (investigadoras)”, dijo, en tanto, el comisionado independentista.

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