Proyecto Dignidad presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se detenga la selección de la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) iniciada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), al alegar que, de seguir adelante con el proceso, la colectividad sufriría “un daño irreparable”.

Desde diciembre, Proyecto Dignidad –que ha participado en dos elecciones– mantiene una batalla legal para exigir un asiento en la CEE como partido propietario. La colectividad argumenta que le corresponde la misma participación que tienen el PNP, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como entidades que retuvieron su franquicia en las elecciones de noviembre pasado. El caso está bajo la consideración del Tribunal Supremo.

Ahora, Proyecto Dignidad pide un “injunction”, un recurso legal que busca que el tribunal ordene a una parte demandada “abstenerse de hacer, o de permitir que se haga, determinada cosa que perjudique el derecho de otra”.

“Debe haber alguna celebración de una vista temprano la semana que viene”, anticipó este sábado a El Nuevo Día el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau.

En el recurso, el partido cuestiona por qué el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, presentó a los jueces Jorge Rivera Rueda y Cyndia Irizarry Casiano como candidatos a presidente y presidenta alterna de la CEE, respectivamente, en momentos en que el pleito legal incoado no ha finalizado.

“Ello, a pesar de que el dictamen que en su día emita el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de ser favorable, implicaría que Proyecto Dignidad tendrían derecho a una participación igualitaria ante la CEE. Por tanto, de fallar a favor de Proyecto Dignidad, este tendría derecho a participar de las deliberaciones en torno a los nombramientos del presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, conforme establece el Código Electoral”, indica el recurso legal.

“Sin embargo, al iniciar el procedimiento sin esperar a la determinación del Tribunal Supremo al respecto, bien podría ocasionarse un daño irreparable a Proyecto Dignidad. Ello, toda vez que dicho partido político se encontraría desprovisto de remedio alguno en ley para hacer valer el derecho que como Comisionado Electoral Propietario tendría una vez el Tribunal Supremo adjudique la controversia”, agrega la colectividad, que pide “intervención urgente”.

De paso, reitera que, al igual que las demás colectividades, es “un partido estatal con franquicia, ya que obtuvo más del 2%, pero menos del 25% de los votos íntegros bajo su insignia en la papeleta estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta”.

En el caso ante el Supremo, las partes demandadas -la CEE, el PNP, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que son las mismas del nuevo pleito- tuvieron hasta el pasado 26 de febrero para presentar sus argumentos.

Según Proyecto Dignidad, si no se concede el “injunction” y se escoge a los nuevos regentes de la CEE, “quedaría privado de causa de acción alguna para revertir la nominación o tan siquiera expresar su parecer respecto a ellas”.

El lunes, el PNP –por conducto del comisionado Vega Borges– presentó a Rivera Rueda, del Tribunal de Caguas, y a Irizarry Casiano, del Tribunal de Arecibo, como candidatos a dirigir la CEE. La movida sorprendió a los comisionados electorales de los demás partidos, quienes tienen 30 días naturales para hacer su determinación respecto a los nominados, y debe ser por unanimidad.

La gobernadora Jenniffer González comentó que se propone someter a la Asamblea Legislativa las nominaciones ante la falta de consenso de los comisionados electorales. “Lamento que quieran oponerse a todo”, planteó la mandataria el martes.