Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

Sin que aún haya terminado el escrutinio general y se emitan certificaciones oficiales, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que reclama a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que desista de su intención de desmantelar su oficina, luego que la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera les enviara una carta para informarles que sus empleados cesan funciones este martes.

“Sin entrar en consideraciones constitucionales en este momento, y sin renunciar a dichos argumentos que estaremos esbozando más adelante, con relación a las acciones que la CEE pretende poner en vigor tan cercano como el 31 de diciembre de 2024, las mismas no se sostienen bajo ninguna disposición del Código Electoral y dejan sin representación igualitaria y efectiva a los electores que, con su voto, han respaldado la representación de Proyecto Dignidad ante el pleno de la CEE”, sostiene el recurso legal de 28 páginas.

Frontera Suau, mediante sus abogados, Jaime L. Sanabria Montañez y Chery M. Negrón Rosario, sostiene que la postura de la CEE violenta lo establecido en el Código Electoral e incumple con lo determinado en una sentencia del 21 de enero de 2021, en la que la colectividad prevaleció para retener su espacio en la CEE.

Proyecto Dignidad argumenta que el Código Electoral, en su Artículo 3.1, establece que “el término de vigencia para los nombramientos de los comisionados electorales de los partidos políticos con franquicia electoral se extiende hasta el 30 de junio del año siguiente a cada elección general, en este caso, hasta el 30 de junio de 2025″.

Frontera Suau, pese a varias llamadas, no estuvo disponible para entrevista, pero convocó una conferencia de prensa para este martes sobre la cual no reveló mayores detalles.

En la demanda, el comisionado electoral también recuerda que el Código Electoral, en el Artículo 6.10, inciso 2, indica que, una vez la CEE certifique los resultados oficiales de las elecciones generales del 2024, los comisionados electorales de la colectividad que perdió la franquicia electoral cesarán funciones 10 días después.

Sin embargo, Proyecto Dignidad, contrario al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), no perdió su franquicia electoral.

“De hacerse efectiva la intención de la CEE comunicada en sus cartas del 27 de diciembre de 2024, los electores que han votado por Proyecto Dignidad para que les represente como partido ante la CEE, así como dicha colectividad y su comisionado electoral, sufrirán un daño irreparable que solo puede prevenirse mediante la intervención de este Honorable Tribunal emitiendo una orden de injunction preliminar preservando el status quo en lo que se dilucida la controversia planteada”, indica la demanda.

La comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, indicó, por escrito, que también recibieron una carta de la presidenta alterna de la CEE en la que indica que, para el 31 de diciembre, “quedará separado del puesto que actualmente ocupa”. “(Esto) aunque el Código (Electoral) dice 10 días”, sostuvo. No precisó qué hará el partido ante este escenario.

Padilla Rivera no estuvo disponible este lunes para entrevista.

Entretanto, el escrutinio general no ha concluido, pese a que la expectativa de la presidenta alterna de la CEE y de los comisionados electorales era que se comenzaran a emitir las certificaciones oficiales de los candidatos que prevalecieron en las elecciones generales este lunes.

Sin embargo, surgió una nueva controversia con ocho maletines de Aguada, cuyas actas no estaban cuadradas. No hubo consenso entre los comisionados electorales sobre cómo proceder con los maletines, por lo que Padilla Rivera determinó que se contaran nuevamente los ocho maletines “desde cero”, indicó la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Karla Angleró.

“Se supone que las certificaciones iban a ser hoy (lunes), pero surge la controversia con los maletines de Aguada hoy en la madrugada”, afirmó Angleró.

“Falta también la tabulación de la nominación directa. Las certificaciones oficiales no se pueden hacer hasta tanto el escrutinio se cierre”, abundó.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, opinó que las certificaciones “debían trabajarse” porque hay cargos electivos en los que no hay pugnas.

Sobre la tabulación de los votos por nominación directa, que incluyen al activista ambiental Eliezer Molina, Vega Borges dijo que faltan por adjudicar 5,000 votos bajo esa modalidad. Recordó, además, que la CEE debe determinar quién, a base de los resultados oficiales, ocupará escaños en la Cámara de Representantes, según la cláusula constitucional sobre minorías (Artículo III Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico).

“Entiendo que le corresponde uno al Partido Popular y uno al partido de Victoria Ciudadana, toda vez que el Partido Independentista hizo campaña coaligada, lo cual está prohibido por la ley”, sostuvo el comisionado del PNP.

El comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, no respondió llamadas de este medio. El PIP, el PPD (en representación del candidato Gabriel López Arrieta) y Proyecto Dignidad (en representación del candidato Pedro A. Lebrón) ya pidieron a Padilla Rivera que se les dé un escaño a base de la cláusula constitucional sobre minorías.

“Le corresponde a la presidenta responder eso, y el que no esté de acuerdo puede ir a los tribunales”, dijo Vega Borges.

Al cierre de esta edición, el pleno de la CEE se mantenía reunido, confirmó este medio.