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La candidata al Senado por el distrito de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí, aseguró este miércoles que se activó el protocolo del partido para investigar el incidente de presunta agresión sexual que involucra a una exintegrante de su campaña política, y abrió la puerta a cualquier pesquisa externa sobre los hechos denunciados en una carta de la coordinadora de la Comisión de Organización Electoral, Karen de León.

“La información que tengo del MVC es que se está siguiendo su curso (el protocolo), y si hay un curso en una Procuraduría, que se dé paso y que se investigue. Es nuestra posición”, sostuvo Seguí, quien no reveló mayores detalles de la denuncia, en conferencia de prensa, junto a otros candidatos de la Alianza de País con el Partido Independentista Puertorriqueño.

La abogada laboral compartió su postura ante los referidos que hizo el martes la procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y al comisionado de la Policía, Antonio López, con relación con “una seria y alarmante alegación sobre conducta constitutiva de violencia sexual entre miembros del MVC”.

Un grupo de exlegisladoras y candidatas del Partido Popular Democrático (PPD) expusieron el martes, en rueda de prensa, la carta enviada, el 24 de octubre, por De León a la coordinadora general del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, con los detalles de la denuncia.

El Nuevo Día preguntó, puntualmente, si en el grupo de campaña de Seguí continuaba colaborando el presunto agresor, a lo que la candidata respondió que no. “Son unas alegaciones malintencionadas y totalmente falsas”, sostuvo.

La candidata rechazó que esa persona hubiese trabajado en su equipo, aunque la referida carta indica que “trabaja o trabajó” en el grupo, y que ahora ocupa un puesto a nivel nacional. La presunta víctima renunció a sus posiciones en las estructuras internas del partido, añade el escrito.

“Insisto que cualquier persona de mi campaña que haya confiado en mí, sepa que actué conforme a esa confidencialidad. Lo que me pidieron que yo hiciera, fue con su autorización (de la víctima). Se cumplió con todos los procesos que requieren la validación y acompañamiento de la persona”, dijo, al señalar que el PPD no debió plantear la denuncia, presuntamente, sin el consentimiento de la víctima.

Según la misiva, la agresión sexual se habría perpetrado en “un viaje que realizaron varios funcionarios y funcionarias del MVC fuera del país con el fin de tomar un curso de comunicación política”. Además, la víctima le contó a De León que le había reportado a Seguí la agresión, pero supuestamente su proceder se limitó a que el victimario pidiera disculpas.

“Puedo asegurar, en los casos que he tenido que atender, recibir y manejar, que garantizo el acompañamiento, la validación y su autonomía. Si una persona no me concede el privilegio de hablar, no lo puedo hacer. No sé si la persona afectada ha dado el consentimiento para todo lo que se está expresando públicamente”, aseguró, en tanto, Seguí.

Este mismo miércoles, el MVC publicó, en su plataforma, su “Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género del Código de Ética”, revisado en noviembre de 2023, el cual fue criticado por expertas en atención a sobrevivientes de violencia de género.

La abogada feminista Mariana Iriarte señaló que “los protocolos en organizaciones de justicia social y que abogan por la transformación social no pueden depender de que solo quien denuncie sea la persona agredida o alguien con conocimiento directo”.

Iriarte enfatizó que ese requisito “está diseñado, con o sin intención, para proteger a los agresores y a las agresoras”. Recordó que las personas agresoras no se comportan de la misma manera con todo el mundo y, cuando hacen daño, generalmente, no hay testigos.

Ante estas realidades de las diferentes modalidades de violencia sexual, recomendó que “una buena práctica es que cualquier persona que haya escuchado un rumor pueda plantearlo y se inicie un proceso con la persona que se alega cometió el daño”.

“No podemos exigir los mismos criterios que exigen los tribunales, que ya sabemos, les hace casi imposible a una víctima denunciar. Lo primero que se tiene que hacer es separar a esa persona para proteger a la víctima y a la comunidad, en lo que se lleva a cabo un proceso de rendición de cuentas y la persona que ha hecho daño, pues entre en un proceso de transformación”, dijo Iriarte.

“Hay que señalar que el uso de una información, que no se había divulgado, por parte de las candidatas de del PPD deja mucho que decir sobre sus prácticas en cuanto a cómo atender los daños. Podemos denunciar cómo el PPD utiliza a una víctima de agresión sexual para atacar al partido rival, y también podemos denunciar cómo ese partido que está siendo señalado no ha actuado de manera correcta y exigirles que rindan cuentas”, sentenció.