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Más allá del rechazo –casi inmediato– de la oposición política, el anuncio del gobernador Pedro Pierluisi sobre la celebración de una nueva consulta de status ha generado múltiples cuestionamientos, siendo uno de los principales la inversión en fondos estatales que requerirá, una cifra que, sin embargo, aún era desconocida este martes.

Tampoco se sabe todavía de dónde provendrá el dinero para costear la consulta a llevarse a cabo el 5 de noviembre, junto con las elecciones generales. Al hacer su anuncio el lunes, Pierluisi sí dejó claro que el gobierno no solicitará los $2.5 millones que la administración del expresidente Barack Obama separó, como parte del presupuesto de año fiscal 2014, para atender el tema del status.

“En momentos donde enfrentamos crisis de acceso adecuado a salud, energía, vivienda y educación, entre otras cosas, resulta bochornoso el uso de fondos públicos para tratar de atraer a personas electoras bajo engaño de soluciones mágicas de status”, denunció la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte.

El Código Electoral dispone que toda ley habilitadora que ordene la realización de un referéndum –en este caso, la Ley 165 de 2020– “proveerá los fondos necesarios, así como las cantidades de dinero, si alguna, que se autorizarán y concederán a los partidos políticos y las agrupaciones de ciudadanos para su campaña”.

La Ley 165 de 2020 señala específicamente que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal “tienen el deber de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos necesarios” para la celebración de la consulta.

Según el representante José “Conny” Varela, como mínimo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) necesita $600,000 solo para imprimir las papeletas. “¿De dónde va a salir este dinero? Esa es la pregunta que tiene que contestar el gobernador saliente”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), quien reclamó la convocatoria de una sesión extraordinaria para cancelar, además, la llamada “elección presidencial”, que se efectuará también el 5 de noviembre.

Al momento, la CEE ha estimado que se imprimirán 10 millones de papeletas, una cantidad que sería suficiente para cubrir la boleta de la consulta de status, cuyas alternativas serán la estadidad, la libre asociación e independencia.

“Con el dinero y el esfuerzo que nos ahorraríamos, podemos intentar recuperar la confianza en las elecciones generales que se socavó con la aprobación, en el 2020, del Código Electoral y estas leyes absurdas que permitieron el despilfarro de fondos en los cabilderos de la estadidad y la que permitiría este otro plebiscito criollo”, manifestó Varela.

El Nuevo Día solicitó expresiones adicionales sobre el costo de la consulta a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, pero no hubo respuesta al momento de esta publicación.

Por su parte, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, anticipó que este miércoles reunirá a la Junta de Gobierno para definir cuál será la postura oficial de la colectividad frente a esta nueva consulta.

“Una vez más, un gobernador del PNP (Partido Nuevo Progresista) convoca un plebiscito inconsecuente a celebrarse el mismo día de las elecciones generales. Esta acción constituye otro ejercicio que solo pretende desviar la atención de los malos gobiernos del PNP para tratar de mover a sus huestes a las urnas”, aseveró Ortiz.

Para el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, la nueva convocatoria refleja una falta de respeto del liderato del PNP hacia el pueblo estadista, y aseveró que se trata de un “señuelo” para atraer electores a las urnas.

“Cada vez que tienen problemas en unas elecciones generales, invocan un plebiscito para tratar que la gente vaya a votar y vea que el único partido que defiende la estadidad es el PNP, cosa que hoy podemos evaluar de una forma más sosegada”, expuso Jiménez, un exmilitante de la Palma.

Sostuvo, además, que, a 57 años de la fundación del PNP, es cuando más lejos ha estado la anexión a Estados Unidos. “Tenemos un país quebrado. En el gobierno federal, la percepción es que el gobierno de Puerto Rico es corrupto, y tenemos un país que está, básicamente, gobernado por una Junta de Control Fiscal, que es un ente antidemocrático. Hoy, más que nunca, estoy convencido que el mayor enemigo de la estadidad es el PNP”, subrayó.

Mientras, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en alianza con el MVC, Juan Dalmau, sostuvo que van a “combatir este engaño en todos los foros”. “Los que creemos, en serio, en la descolonización no jugamos a plebiscitos de mentiras. El PIP va a impugnar en los tribunales el que gobernador convoque un plebiscito por decreto”, anticipó.

Dalmau ha dicho que su compromiso, de ser electo gobernador, es convocar una asamblea de status, “donde nadie renuncia a su opción de status, y obligamos al Congreso a actuar”.

De concretarse, esta sería la séptima consulta de status. Las otras se celebraron en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020. En la más reciente, la estadidad ganó al obtener 655,505 votos o el 52.5%.

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REFERENCIAS:

Ley 165 de 2020