La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, opinó este viernes que la designación del juez superior Raúl Candelario López al Tribunal Supremo responde a las decisiones que el togado tomó en el pasado ciclo electoral y que, a su juicio, favorecieron el Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellas, no extender el término de inscripción para los comicios de noviembre.

“(Candelario López) representa una persona que tomó muchísimas decisiones favoreciendo al PNP y a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), de una manera que mucha gente cuestionábamos. Nos parece (que su designación al Supremo) responde a las decisiones que tomó que favoreceían al PNP”, insistió la exportavoz del MVC en el Senado, en entrevista telefónica.

La gobernadora Jenniffer González nombró ayer, jueves, a Candelario López y Camille Rivera Pérez a cubrir dos vacantes de jueces asociados al Supremo. Candelario López saldría del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y Rivera Pérez, del Tribunal de Apelaciones. Ambos necesitarían ser confirmados por el Senado.

Rivera Lassén, también excandidata a comisionada residente por la Alianza de País entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), afirmó que “el problema de los nombramientos judiciales es que la gente los está percibiendo, desde hace muchos años, como nombramientos políticos”.

“La puesta en marcha de la justicia, el Poder Judicial e, incluso, la aprobación de legislación o políticas públicas no es neutral, porque usualmente tienen el sesgo de la visión que en ese momento tienen las personas que están a cargo de los gobiernos. Si estamos frente a un gobierno que discrimina contra grupos minoritarios, vamos a tener legislación y política pública en contra de las personas que están en grupos minoritarios. Por eso, es tan importante uno estar consciente de que los cambios –tanto en la justicia, en la política pública como en la legislación– tienen que hacerse discutiendo de frente lo que está en controversia”, manifestó.

Candelario López desestimó, en junio de 2023, la petición del PIP y el MVC para impugnar unos artículos del Código Electoral que prohíben las candidaturas coaligadas en Puerto Rico. Esta controversia también llegó al Supremo, donde prevaleció la posición del PNP.

Tras el fallo, ambos partidos tuvieron que buscar vías políticas alternas y llegar a acuerdos, entre ellos, que el MVC presentaría un “candidato de agua” para la gobernación, pero pediría a su militancia que votara por Juan Dalmau, del PIP. En los comicios generales, el MVC perdió su franquicia electoral, por lo que ahora está en el proceso de reinscribirse como colectividad.

En septiembre pasado, a pocos días de cerrar el trámite de inscripción en la CEE y con todos los retos que enfrentó la ciudadanía para acceder al sistema, Candelario López también rechazó extender el plazo solicitado por el MVC y otras organizaciones civiles.

Rivera Lassén enfatizó en que el Poder Judicial se base en principios constitucionales, como la no discriminación, en vez de que los gobernantes privilegien que los jueces favorezcan su partido.

“Lamentablemente, eso no siempre sucede en el Poder Judicial. Para empezar, los jueces y las juezas son personas que tienen también posiciones sobre diferentes temas y, en muchas ocasiones, también funcionan a base de sus propias miradas y discrímenes. Es muy complejo. Hay gente que no cree que se pueda buscar justicia en los tribunales, y eso es lamentable y ese es el reto”, planteó la también expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Con la alta posibilidad de que Candelario López pase el cedazo del Senado –dominado igualmente por el PNP–, Rivera Lassén planteó que “esta persona va a estar ahí en las próximas elecciones, que se van a estar dando muchas controversias”.

“Estaremos pendientes a quién le tocan los casos (en el Tribunal de Primera Instancia) y, si tienen que subir al Tribunal Supremo, pues, la cosa va a estar difícil”, anticipó.

De otro lado, Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), solicitó participar de la vista de confirmación de ambos jueces que realizará el Senado.

“Desde el CAAPR solicitamos que se anuncie con suficiente antelación las vistas de confirmación y nos concedan un turno para participar en la evaluación de las personas nominadas. Para ello, es imperativo tener disponible toda la información posible del juez Raúl Candelario López y la jueza Camille Rivera Pérez”, mencionó Godineaux Villaronga.

En un comunicado de prensa, la licenciada dijo que se requiere información para poder evaluar el “temperamento judicial” y “prestigio dentro de la profesión” de los nominados, así como “el historial de publicaciones, sus evaluaciones previas realizadas por el Tribunal Supremo para ocupar los puestos en la judicatura, entre otros aspectos, que nos puedan dar luz de su capacidad jurídica y visión del derecho”.

Por otro lado, afirmó que “es el momento idóneo para evaluar si es necesario tener un Tribunal Supremo compuesto por nueve jueces, o si mantenemos la composición de siete jueces, como era históricamente, sobre todo, cuando tenemos un Tribunal de Apelaciones muy activo en la atención y resolución de controversias, y ha disminuido la tramitación de casos que llegan al Tribunal Supremo”.

Por ello, invitó a la gobernadora a “mirar de manera crítica esta realidad”, y propuso, además, que se analicen otros métodos de nombramientos a fin de que se reduzca la posibilidad de que los intereses partidistas interfieran en la administración de la justicia.

A esos fines, recordó que la Comisión Especial sobre Nombramientos y Ascensos Judiciales del CAAPR rindió un informe que propone crear una comisión compuesta por expertos legales, académicos y ciudadanos, para seleccionar a los candidatos más cualificados, y que el Ejecutivo elija entre los recomendados.

“Urge implementar estos mecanismos para fortalecer la independencia judicial y dar confianza al país”, sostuvo la licenciada.

“Es fundamental que se consideren los balances necesarios en términos de género, pericia y posiciones ideológicas de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo, que es nuestro tribunal de mayor jerarquía, cuyas decisiones repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida y del futuro de nuestro país; y que las personas seleccionadas respondan a criterios jurídicos, éticos y sociales, y no a ideologías políticas”, puntualizó.