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En una vista a finales de agosto, una jueza declaró “no ha lugar” la recusación presentada contra Xavier Valcárcel, residente en el precinto 1 de San Juan. Sin embargo, el pasado martes, día de los comicios generales, su nombre no apareció en la lista de electores activos, por lo que tuvo que votar en el colegio de añadidos a mano.

Ahora, las papeletas con los votos de Valcárcel están entre los 18,390 sobres que serán verificados y adjudicados durante el escrutinio general –que comenzó este martes–, sin que haya una explicación de por qué su estatus electoral no fue corregido ni cuántos votantes estarían en su misma situación.

“No tiene que ver con quién gane y quién pierda, tiene que ver con que haya justicia en el ejercicio del voto”, subrayó Valcárcel, de 39 años, en entrevista con El Nuevo Día.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) define la recusación como el procedimiento para impugnar el estatus de una persona en el registro general de electores, a fin de excluirla, inactivarla o anular una petición de inscripción. También, puede significar el acto de objetar el voto de un elector.

En las elecciones de 2020, el número de electores añadidos a mano fue de 13,795, de modo que este año hay, por lo menos, 4,595 adicionales.

“Por lo que he escuchado, no es el primer caso”, dijo, por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte Berríos, en referencia al estatus electoral de Valcárcel.

El Nuevo Día pidió a la CEE, en varias ocasiones, datos sobre la cantidad de recusaciones solicitadas y la lista completa de personas recusadas entre el 1 de mayo y el 5 de noviembre. Pese a que es una obligación de ley hacer dicha publicación, el ente no proveyó la información. Aponte Berríos indicó que los comisionados electorales tampoco la han recibido.

Al momento de esta publicación, la CEE no respondió por qué personas cuya recusación no procedió aparecieron como inactivas en las listas de los colegios el día de las elecciones, ni si hay un estimado de cuántos sobres, del total de electores añadidos a mano, corresponden a ciudadanos recusados que acudieron a votar.

Valcárcel relató que su recusador, del Partido Nuevo Progresista, fue dos veces a su residencia cuando él no estaba, por lo que fue avisado por una vecina. En la segunda ocasión, el recusador tomó fotos de la casa, que fueron mostradas en la vista de agosto, en la CEE, en Hato Rey.

“Llevé documentación para probar mi domicilio”, anotó el vecino de Santurce. “Yo vivía en Loíza hasta mis 32 años; mis procesos electorales los hice allá, pero vivo en San Juan desde hace ocho años y ya había hecho el cambio de domicilio para las elecciones anteriores con el domicilio donde estoy en San Juan. Pude votar en las pasadas elecciones con mi dirección”, agregó.

Contó que, en la vista, su recusador presentó argumentos “totalmente especulativos” y nunca se explicó por qué se tomaron fotos de su casa para presentar como evidencia de un señalamiento falso.

Según el Código Electoral, las recusaciones por domicilio se hacen hasta abril en año electoral. Sin embargo, este año, el estatuto se enmendó para permitir las recusaciones después de ese mes, lo que dio paso a recusaciones hasta prácticamente antes del día de las elecciones.

Tras el “no ha lugar” de la vista, Valcárcel se retiró esperando que su estatus fuera debidamente identificado en las listas, como elector activo. Pero, cuando verificó el 24 de octubre, vio que aún aparecía con una “R”, indicativo de que había sido recusado por domicilio. Regresó a la CEE para cuestionar por qué no había sido corregido y solicitar evidencia de que era un elector hábil.

Tras insistir y esperar varias horas, recibió una copia del acta que se firmó el día de la vista. “Subí a asistencia legal en la Comisión para que me hicieran una declaración jurada y llegué con esos documentos a la elección el día de las elecciones a mi precinto. En efecto, no estaba en lista, me dijeron que tenía que votar en los añadidos a mano”, continuó.

Valcárcel cuestionó por qué su estatus electoral no fue corregido a tiempo, sobre todo, tomando en cuenta que el registro electoral no cerró hasta el 21 de septiembre. “Había tiempo suficiente como para que se resolviera”, expuso.

“Me levanta un montón de interrogantes, me genera una incredulidad respecto a procesos viciados por parte del sistema electoral. La Comisión debe regirse por la mayor transparencia como institución del Estado a cargo de garantizar procesos electorales justos y democráticos”, señaló, al urgir a la CEE a que “se devuelva al electorado la confianza en este tipo de procesos”.

Ahora, una preocupación es qué ocurrirá con el voto de personas recusadas añadidas a mano que, al votar, no tenían la evidencia que Varcárcel proveyó. Aponte Berríos explicó que esa verificación se hará en “el cernimiento” de los sobres en mesa durante el escrutinio.

“Cuando está haciéndose el cernimiento y se está identificando ese elector, hay que asegurar que cumple con todos los requisitos, ese es el momento, y asegurar que se cuente el voto de esa persona”, subrayó. “Hay representación de todos los partidos, pero ha sido muy cuesta arriba para el elector, que se defienda el derecho de ellos”.

En octubre, El Nuevo Día publicó que varios comisionados electorales señalaron que el mecanismo de recusación se estaba utilizado para coartar derechos de los electores. En aquel momento, la CEE tampoco proveyó estadísticas de las recusaciones sometidas y cuántas habían prevalecido.