Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

El juez Raúl A. Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continuar “ininterrumpidamente” el conteo del voto adelantado, abriendo así la puerta a que el proceso se realice sin la presencia de representantes de todos los partidos en contienda.

“En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, el sufragio, como expresión individual y colectiva, ocupa un sitial de primerísimo orden que obliga a los tribunales a conferirle la máxima protección... por estos fundamentos se declara ha lugar la solicitud de sentencia declaratoria, presentada por el comisionado del PNP”, lee la decisión -de 11 páginas- emitida esta tarde.

Ayer, domingo, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, demandó a la CEE y a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad por supuestamente abandonar las mesas de balance donde se trabaja el voto adelantado.

Asimismo, Vega Borges solicitó que se dejara sin efecto una resolución emitida por la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, en la que declaró no ha lugar una petición suya y de la comisionada alterna del PNP, Ciary Pérez Peña, para disponer que los partidos sin representantes en las juntas de balance, al así hacerlo, “renunciaban a su derecho de representación en cualquiera de las etapas del proceso electoral”.

“No debe existir margen de discreción alguno que permita que alguno de los actores del proceso electoral intente descarrillar la voluntad del pueblo o atentar contra los postulados constitucionales que protegen el derecho al voto”, reza la sentencia, al citar al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Valentín Rivera v. Rosado Colomer, relacionado con el escrutinio de las elecciones del 2020.

En sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de San Juan por el MVC, Manuel Natal, arremetió contra la decisión judicial por permitir contar el voto adelantado sin balance electoral, y convocó a “personas comprometidas con la democracia para hacerle frente al PNP”. “El PNP está metiendo decenas de empleados públicos a la CEE para forzar a abrir más mesas y, si los otros partidos no tienen suficiente personal..., pueden contar los votos de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) solos”, señaló Natal.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de los comisionados del PPD y Proyecto Dignidad, pero no fue posible al momento de esta publicación.

El equipo de campaña de la candidata del PNP, Jenniffer González, insistió, durante una conferencia de prensa este lunes, que han sido los demás partidos los que han intentado entorpecer el conteo de los votos adelantados, y describieron el asunto como “una verdadera tragedia electoral”. Asimismo, alegaron, que el retraso del proceso colocaría a esos electores como unos de “segunda categoría”.

“Una vez se comienza a contar el voto, nada lo detiene porque la voluntad del sufragio electoral va por encima de cualquier cosa“, expuso el director de la campaña de González, el licenciado Francisco Domenech, al sostener que la contabilización de estos sufragios en adelanto no puede detenerse pasadas las 5:00 p.m. de este martes, una vez cierren los colegios de votación.

La CEE recibió, en total, 224,295 solicitudes de voto adelantado y ausente. Unas 145,959 fueron para el voto por correo, 62,191 para la modalidad a domicilio y 10,556 para el voto ausente. Las restantes recaen en otras categorías, como la de “Comisión”, dirigida a los funcionarios del ente electoral, jueces, policías y periodistas, que votan usando ese mecanismo por su trabajo.

El director político de la campaña de González, Ángel Cintrón, sostuvo que el balance es una oportunidad para los partidos, pero no es la obligación del sistema “porque si no, entonces, los partidos tendrían la capacidad de vetar el proceso electoral de Puerto Rico, y así no puede ser”.

“La presidenta tiene una obligación ministerial y, de no hacerlo, está violando la ley y violando un mandato judicial... Se tiene que escrutar hasta que se termine todo porque, si no, usted está dándole una categoría distinta a ese elector y tratándolo como un elector de segunda clase frente al elector que fue a votar el día del evento, y está discriminando”, expuso Cintrón.