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Bajo anonimato y luego que candidatas del Partido Popular Democrático (PPD) hicieran público su caso sin su consentimiento, una exintegrante de la campaña de Rosa Seguí, aspirante al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), señaló este jueves que fue hostigada sexualmente por un funcionario al que identificó como integrante del equipo de comunicaciones del partido, y que luego fue retirado de sus funciones.

“Las últimas declaraciones que quiere dar la víctima son las siguientes: ‘Gracias por el interés, y no hay más nada que añadir a la declaración que fui obligada a hacer en el día de hoy (jueves). Mi declaración cubre todos los aspectos relevantes de lo sucedido. La credibilidad de la víctima de abuso sexual siempre será atacada, pero esa injusta realidad no obliga a la mujer a responder’”, leyó un amigo de la víctima, identificado como Jonathan Martínez, vía telefónica con El Nuevo Día.

Las declaraciones surgen en medio de referidos al Departamento de Justicia y la Policía por parte de la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, con relación a “una seria y alarmante alegación sobre conducta constitutiva de violencia sexual entre miembros del MVC”. Seguí ya había informado que se activó el protocolo del MVC para investigar los hechos, denunciados en una carta de la coordinadora de la Comisión de Organización Electoral, Karen de León.

Mediante comunicado de prensa, la víctima, a quien este medio no identificará, expuso que su presunto agresor la “hostigó sexualmente en una recepción asistida por líderes y activistas del MVC el 20 de octubre de 2023, en el Hotel Congress en Tucson, Arizona”.

El Nuevo Día procuró una reacción del funcionario del MVC supuestamente implicado, que tampoco será identificado, y respondió por escrito: “Existe una investigación, en este momento, sobre los alegados hechos en el MVC, por lo que no haré ninguna expresión pública, de acuerdo al consejo de mi asesora legal”.

Por su parte, Ana Irma Rivera Lassén, coordinadora general del MVC y candidata a comisionada residente, confirmó, en entrevista con Primera Pregunta (Telemundo), que “se tomaron las medidas cautelares” en el caso, como remover al alegado agresor de sus funciones.

En sus declaraciones escritas, la víctima aseguró que le contó a Seguí sobre lo sucedido, en noviembre del año pasado, y le solicitó “no hacer una denuncia formal en el MVC, tampoco en las autoridades en Arizona ni en Puerto Rico”. “No hice denuncia y no consentí a divulgar la información para proteger mi privacidad”, afirmó.

La víctima contó que, después de apartarse de la “actividad política” por un tiempo, quiso regresar en calidad de funcionaria de colegio electoral para las elecciones del 5 de noviembre, por lo que habló con De León, a quien le confió lo sucedido en el viaje a Arizona.

“Fue una absoluta y desagradable sorpresa para mí cuando supe que la señora De León había compartido nuestras conversaciones con Ivonne Lozada del PPD, y esta divulgó mi caso a los medios nacionales con acusaciones contra el liderazgo del MVC. Lozada me confirma que había orquestado esto junto a Karen de León, quien le aseguraba mi consentimiento. En ningún momento, yo di mi consentimiento a nadie para que se divulgara nada sobre mi caso en espacios públicos, ni tampoco hubiera dado permiso por razones de privacidad”, abundó.

Del mismo modo, la exintegrante de la campaña de Seguí condenó a Lozada y De León, al señalar que “violentaron mi privacidad para sus agendas a días de las elecciones”. “No es posible pensar que se adelanten los derechos de la mujer despojando a la víctima del control de su propio caso”, enfatizó.

“Quiero dejar completamente claro que Juan Dalmau, Manuel Natal y Joel Vázquez no estuvieron involucrados, en ningún momento, en este asunto. Yo apoyo la Alianza”, defendió.

En respuesta, Lozada, candidata del PPD al Distrito de San Juan, sostuvo, en declaraciones escritas, que “nunca se mencionaron los nombres de la víctima ni del agresor”.

“Jamás hubo una intención de que se hicieran públicos. Debo señalar que actué con el entendido de que había consentimiento para hacer públicos los hechos de la denuncia”, comentó.

“Queda confirmado que es urgente que se continúe educando a la sociedad sobre el peligro moral y social de la violencia de género. Que sirva de ejemplo”, agregó Lozada.