Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

Cuando solo resta una semana para las elecciones y sin que aún haya iniciado el conteo del voto por correo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta un nuevo pleito legal para dilucidar cómo se atenderán los 2,990 sobres –podrían ser más– que fueron devueltos con papeletas dirigidas a electores que solicitaron voto adelantado y no los recibieron.

---

Read this article in English.

---

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, presentó el lunes un recurso para que el tribunal revoque y declare nula la determinación de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, para que los sobres sean llevados de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) a las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) y Temporeras (JIT), y puedan llegar a manos de los electores.

Aponte Dones argumentó que Padilla Rivera “desatiende las disposiciones aplicables” del Código Electoral y el Manual de Procedimiento para el Voto Adelantado por Correo para las Primarias de Ley y las Elecciones Generales 2024, aprobado el 24 de septiembre, al decidir llevar los sobres a las JIP y JIT tras un disenso entre los comisionados electorales y cuando ya hubo un acuerdo –unánime– entre ellos para dejarlos en la JAVAA y ejecutar el proceso establecido en el manual.

“El Código Electoral no faculta a la presidenta alterna de la Comisión a emitir la determinación aquí impugnada”, lee el documento de 11 páginas.

Padilla Rivera no estuvo disponible para entrevista al momento de esta publicación.

Tras la radicación de la revisión, el juez Raúl Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, concedió hasta hoy, martes, a las 5:00 p.m., a la CEE y las demás partes para que mostraran causa de por qué no debía expedir el remedio solicitado.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, compareció solicitando hasta las 8:00 p.m. para responder.

Mientras, la CEE rechazó que haya enmendado reglamentos o manuales ni violado el Código Electoral. Alegó, en cambio, que la determinación de Padilla Rivera “evitó barreas onerosas a los electores afectados y protegió el derecho al voto de éstos”.

“Lo tratado en este caso es una laguna del reglamento, el cual no estableció proceso alguno para atender las situaciones en que el sobre de voto adelantado fuese devuelto por el correo en más de una ocasión”, argumentó la CEE, en su escrito al tribunal.

La revisión de Aponte Dones recoge que, inicialmente, hubo un acuerdo entre los cinco comisionados electorales para que los sobres devueltos fuesen manejados por la JAVAA y que, luego Vega Borges, presentó una moción, sin hallar consenso, para que fuesen llevados a las JIP y JIT. El disenso provocó que Padilla Rivera decidiera y optara por acoger la petición de Vega Borges.

Aponte Dones, a través de sus abogados, Frank Torres Viada y José J. Lamas Rivera, recalcó que el manual establece que solo se podrá enmendar 90 días antes de las elecciones, cuando haya unanimidad entre los comisionados electorales.

“Aun con la claridad de sus términos, la presidenta alterna de la Comisión acogió la solicitud ilegal del comisionado electoral del PNP de sustraerle a la JAVAA su responsabilidad de administrar el voto adelantado por correo y atribuírsele a las Juntas de Inscripción Permanentes y Temporeras, donde no existen los controles, ni el balance electoral que sí posee la JAVAA”, indica el recurso judicial.

Vega Borges tampoco estuvo disponible para entrevista de inmediato.

En cambio, Aponte Dones recalcó a El Nuevo Día que, entre los sobres devueltos, puede haber electores que nunca solicitaron voto adelantado, con direcciones erróneas o que hayan fallecido, situaciones con las que, a su juicio, debía lidiar la JAVAA.

Los comisionados electorales de Proyecto Dignidad y del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Manuel Frontera Suau y Roberto Iván Aponte Berríos, respectivamente, concurrieron con los argumentos de la revisión judicial. De hecho, Proyecto Dignidad pidió al tribunal que se declare con lugar la petición del MVC.

“Hay que tener filtros y fiscalización en este proceso. Como hemos dicho, la presidenta cambió las reglas de juego de los manuales”, dijo Aponte Berríos, tras puntualizar que, pese al pleito incoado, ya se enviaron los sobres a las JIP y JIT. “Me parece impropio”, acotó.

Su homóloga del Partido Popular Democrático, Karla Angleró, dijo que votó a favor de enviar los sobres a las JIP y JIT, “siempre y cuando se le entregaran al elector y que ese elector tuviera la oportunidad de recoger un sobre adicional mediante una comunicación escrita y presentando la identificación original de ese otro elector”.

De otra parte, Frontera Suau indicó que el lunes, en el pleno de la CEE, se aprobó –por unanimidad– una moción suya para solicitar al Servicio Postal “toda la evidencia” que tenga sobre dos entregas de cientos de papeletas por dos personas, en lo que ha comenzado a llamarse “gestores” del voto adelantado por correo.

Se trata, específicamente, de 137 sobres con papeletas con votos de Cataño, que fueron llevadas por una persona a las oficinas del correo en el centro comercial Plaza Las Américas; y otra persona, con más de 560 sobres con papeletas ya votadas de Moca, Camuy, Aguadilla y Lares, depositados en las oficinas de San Juan.

“Espero que (la entrega de la evidencia) sea lo más pronto posible. Va dirigido a poder identificar esos sobres y decidir qué se va a hacer con esos sobres, pero no adjudicarlos”, dijo Frontera Suau.

Entretanto, la empresa Dominion Voting Systems trabaja a todo vapor para hacerles pruebas de lógica y precisión a 20 “multimachines” que serán usadas para contar el voto adelantado, dijeron los comisionados. Precisaron que, al momento, debe haber 10 máquinas listas para contar. La CEE compró dos de estos aparatos y rentó otros 13 a Dominion. Ante el atraso en los trabajos causado por la empresa, la CEE exigió cinco “multimachines” adicionales, sin costo alguno, explicó Frontera Suau.

Las pruebas de lógica y precisión son necesarias para evitar imprevistos antes, durante y después del proceso de votación. Buscan verificar el estado de todas las máquinas colocándoles las cinco papeletas que los electores recibirán el 5 de noviembre para cotejar si leen correctamente, si cuentan bien los votos, si los transmiten sin problemas, si cargan de manera adecuada y si no hay fallas con las baterías, así como su funcionamiento en general. Sin hacer esas pruebas, no se debe proceder al conteo de papeletas, que al momento no tiene fecha de comienzo, añadieron los comisionados.

“El proceso, en estos días, se ha centrado en el cernimiento de los sobres y colocarlos en urnas. Aún no se han pasado por máquinas”, sostuvo Frontera Suau, quien entiende que la CEE ya ha recibido 100,000 papeletas votadas. “El voto a domicilio se piensa contar entre el sábado y el domingo”, agregó.

Paralelamente, Dominion hace las mismas pruebas de lógica y precisión a las 6,073 máquinas de escrutinio electrónico propiedad de la CEE. De esa cantidad, se usarán 4,600 para ubicarlas en los colegios de votación y el resto debe estar disponible para resguardo. Frontera Suau precisó que ya se examinó el 50% de las máquinas, y la meta es terminar este jueves.

“Tenemos que hacerlo. No nos queda otra”, respondió, al preguntársele si podrán cumplir con dicha meta.