La Policía de Puerto Rico admitió bajo juramento que no tiene reglamentos que controlen su práctica de grabar a las personas en manifestaciones públicas como la huelga de la Universidad de Puerto Rico (UPR), piquetes y marchas.

La admisión ocurrió en una demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en la que se le solicitó a la Policía que entregaran copia de cualquier orden administrativa, reglamento, o circular que regule la práctica de grabar a las personas.

De acuerdo al CPI, el Departamento de Justicia pidió la desestimación del pleito del Centro con una declaración jurada del sargento Miguel Ángel Candelario Rodríguez, de la Oficina de Información Criminal de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas.

Candelario Rodríguez dijo que "la labor para llevar a cabo la recopilación fílmica en este tipo de eventos de trascendencia pública en la Policía de Puerto Rico no se encuentra regulado por directrices escritas, ya que las mismas están en proceso de desarrollo y consulta".

El CPI confirmó que desde el 14 de septiembre, cuando el sargento suscribió la declaración, hasta ahora, la situación de ausencia de reglamento es la misma.

La falta de reglamentación y la decisión de grabar en actividades de expresión pública contrastan con la decisión del Tribunal Supremo que declaró ilegal la práctica de la Policía de mantener expedientes o "carpetas" sobre ciudadanos por motivos ideológicos y no porque tuvieran motivos para creer que habían cometiendo delitos.

El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, dijo esta semana que las grabaciones "se mantiene[n] por un período de tiempo y es la misma forma que ellos nos están grabando a nosotros".

Figueroa Sancha dijo que se graban las órdenes que se les dan a las personas e incluso a periodistas.

El CPI sostiene que el hecho de que la Policía está grabando sin reglas ni directrices puede ser base para declarar nulo cualquier procedimiento legal que surja de esas grabaciones.