A una semana de que se reportara que una turista presuntamente incendió cuatro comercios en Cabo Rojo, las autoridades estatales y federales unen esfuerzos para investigar y presentar un caso sólido en los tribunales.

En declaraciones escritas, la Fiscalía de Mayagüez confirmó a El Nuevo Día que “se encuentran en un proceso de investigación en conjunto con las autoridades federales”.

Mientras, el teniente Miguel Rivera Sepúlveda, de la División de Explosivos de Mayagüez afirmó, en declaraciones a este medio, que el Negociado de la Policía continúa al mando de la investigación.

“Estamos trabajando en conjunto con las autoridades federales. Es lo único que puedo decir... Nosotros seguimos con la investigación”, sostuvo el oficial, quien añadió que la supuesta sospechosa no ha cooperado con las autoridades. “No se ha comunicado”, agregó.

Al momento, la fémina no ha sido identificada oficialmente por las autoridades y tampoco ha sido arrestada o imputada por el siniestro que dejó miles de dólares en pérdidas para comerciantes puertorriqueños.

No obstante, el nombre de la presunta sospechosa, Danielle Renee Bertothy, residente en la ciudad de St. Peters, en el estado de Missouri, fue revelado por la empresa HLK, que la suspendió de su empleo.

Esta semana, agentes de la Oficina de San Luis, Missouri, del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), ejecutaron una orden de allanamiento y registro en la residencia de la mujer, según confirmó a El Nuevo Día la Oficial de Información de la División de Miami de ATF, Clara Himel.

Al ser contactada en la noche del miércoles por El Nuevo Día para solicitar detalles adicionales de por qué obtuvieron y diligenciaron una orden de allanamiento pese a que ni la Policía de Puerto Rico ni Justicia estatal se han comunicado con las autoridades en Missouri, Himel respondió, por escrito, que “debido a que tenemos que preservar la integridad de la investigación, desafortunadamente no podemos ofrecer más detalles de la pesquisa”.

La investigación de la Uniformada sostiene que los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2025, en la carretera PR-3301, sector El Combate, cuando comenzó un incendio que afectó los restaurantes Marinera y Barea Restaurant, al igual que el hotel Luichy’s Seaside Hotel y el negocio Artesanías Juavia.

Horas después del incendio, comenzaron a circular en las redes sociales vídeos y fotos de la presunta sospechosa.

Sin embargo, al día siguiente, la concejal municipal puertorriqueña de San Luis, Daniela Velázquez, reclamó a la compañía HLK que cooperara con las autoridades de Puerto Rico en la investigación mediante una carta en la que identificó a la sospechosa por nombre y apellido.

“Como una compañía con raíces en San Luis, con una reputación de compromiso con la diversidad e impacto comunitario, confío en que vean esta situación con la necesaria seriedad que requiere”, indicó Velázquez en su carta.

Mientras, el 4 de enero, Rivera Sepúlveda confirmó a El Nuevo Día que la turista -que figura como “persona de interés” en la investigación- había abandonado el país.

Sin embargo, el oficial sostuvo que, aún cuando la sospechosa salió de Puerto Rico, el caso no quedaría impune. “El caso no se está quedando impune, se está investigando para poder llevarlo hasta las últimas consecuencias”, mencionó Rivera Sepúlveda.

Ese mismo día, la empresa HLK confirmó, en declaraciones escritas, que suspendió a la fémina hasta que se completara la pesquisa. La compañía indicó estar sorprendida por las acciones imputadas a la empleada.

“Estamos indignados por este acto sin sentido y esperamos que las autoridades puedan abordarlo de manera oportuna”, indicó la empresa, que advirtió que no ha sido contactada por las autoridades puertorriqueñas.

Asimismo, el 5 de enero, Ángel Luis Marrero, propietario de Luichy’s Seaside Hotel que arrendaba locales a los restaurantes Marinera y Marea Restaurant, y a Artesanías Juavia, estimó los daños en sobre $500,000.

“Yo tengo que pensar en hipotecar mi casa para poder reparar todo esto. Esto es bien difícil, lo que estamos pasando, por no decir caótico”, contó a este medio.

Finalmente, el 7 de enero, Rivera Sepúlveda adelantó que “esta semana, o la semana próxima” podría ocurrir la presentación del caso en el Tribunal de Mayagüez e hizo un llamado a la responsable a enfrentar la justicia.

“Que dé cara y se entregue a las autoridades”, sostuvo el oficial, quien se reunió con la Fiscalía de Mayagüez, para obtener y diligenciar una citación basada en pruebas forenses realizadas en las escenas de los incendios, al igual que la dirección física de la sospechosa en Estados Unidos.

Mientras, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, confirmó que ordenó una “investigación exhaustiva” y que un agente de la Policía Municipal que, presuntamente, intervino con la sospechosa fue “separado de servicio” mientras culmina la pesquisa.

“Si hay que tomar también (otra acción y) aplicar el reglamento de la Policía a uno o algún otro de los policías, pues así hacerlo, porque entendemos la molestia del público, por el video que está circulando”, resaltó el ejecutivo municipal a este medio.

Cabe destacar que, en la noche del 7 de enero, personal de ATF ejecutó la orden de allanamiento y registro en la residencia de la presunta sospechosa. Clara Himel, Oficial de Información de la División de Miami de ATF, quienes atienden casos en el Caribe, confirmó que la mujer no fue arrestada ni se encuentra bajo custodia de la agencia.