Un residente de Ponce fue arrestado el pasado martes, 25 de marzo, y acusado por su presunta participación con varios esquemas de fraude bancario y lavado de dinero, informó este viernes la Fiscalía federal.

Además, una empresa que él operaba, Rossy Sport Bar Panorámico, LLC., también fue acusada por su presunto “papel en el esquema de fraude bancario”, añadió la fiscalía en un comunicado de prensa.

Según los documentos judiciales, en 2020 y 2022, Melvin E. Rivera Oliveras, de 40 años, presuntamente orquestó y ejecutó un esquema para defraudar a múltiples instituciones financieras, que están aseguradas a nivel federal en Puerto Rico.

Rivera Oliveras supuestamente intentó realizar transacciones fraudulentas de reembolso por más de $7 millones utilizando múltiples tarjetas de débito en varias empresas que administraba y operaba.

Después de adquirir sistemas de punto de venta (POS, en inglés), Rivera Oliveras habría realizado transacciones fraudulentas de reembolso y “pudo obtener acceso temporal a los fondos y gastar una parte de los fondos que no le pertenecían”.

La investigación federal reveló, además, que en julio de 2022, Rivera Oliveras presentó transacciones fraudulentas en un intento de obtener más de $270,000 mediante transacciones de reembolso fraudulentas utilizando una tarjeta de débito asociada a Rossy Sport Bar Panorámico, que era otra empresa que presuntamente él gestionaba.

El producto de esta estafa se depositó en una cuenta de Rossy Sport Bar Panorámico, informó la fiscalía.

Con el producto de estos delitos, Rivera Oliveras supuestamente adquirió múltiples vehículos, entre ellos un Cadillac CTS, un Ford Transit Connect XL y un Mercedes Benz Clase C.

Además, Rivera Oliveras realizó múltiples transacciones bancarias por valor de más de $10,000.

“El acusado creó y ejecutó un complejo esquema para defraudar a bancos y empresas”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el comunicado de prensa.

Mientras, Devin J. Kowalski, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo de San Juan del FBI, dijo que “estos delitos golpean el corazón de la confianza pública y la estabilidad financiera”.

“El fraude bancario no siempre deja a una víctima específica con los bolsillos vacíos, pero no se equivoquen, erosiona los mismos sistemas que sostienen nuestra economía”, añadió.

Asimismo, envió un mensaje “a aquellos que creen que pueden ocultar su fraude detrás de capas de engaño, sepan que el FBI no descansará hasta que sean llevados ante la justicia”.

Si es encontrado culpable, Rivera Oliveras se enfrenta a las siguientes penas: hasta 30 años de prisión por fraude bancario y electrónico; y hasta 10 años por blanqueo de capitales.

El FBI está a cargo de la investigación, mientras que la fiscal federal adjunta Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, está asignada al caso.

La Fiscalía federal recordó que una acusación no es más que una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.