Un hombre convicto por el asesinato de una expareja, en 2010, fue arrestado por la Policía tras, presuntamente, amenazar a otra expareja y a su hija.

En un comunicado de prensa, la Uniformada informó que ayer, lunes, agentes “diligenciaron una orden de arresto contra Héctor Rafael Ponce Ayala, de 59 años y vecino de San Juan, por maltrato mediante amenaza (artículo 3.3) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54)”.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, “cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte a su expareja durante una comunicación telefónica”.

“La perjudicada también alegó que este profirió amenazas contra su hija y manifestó que no temía a una orden de protección vigente en su contra”, agregó.

El caso fue consultado con la fiscal Verónica Ortiz. Después de evaluar la prueba, la jueza Miriam M. Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $300,000.

“Posteriormente, Ponce Ayala fue arrestado y, al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en una institución penal”, apuntó.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Xavier Rivera Báez, de la División de Arrestos Especiales del Área de Bayamón.

Ponce Ayala había sido arrestado en el 2023, también por amenazas contra una expareja. Previamente, en 2020, Ponce Ayala, un exárbitro del Baloncesto Superior Nacional, había sido arrestado por violencia de género.

En ese momento, ya había cumplido una sentencia de cárcel tras declararse culpable, en octubre de 2010, por haber asesinado a su expareja Mildred Pérez Rodríguez al propinarle 22 puñaladas.

Enfrentaba cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y escalamiento por la muerte de la mujer, pero la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que fue aprobado por la familia de la víctima, reclasificando la denuncia a asesinato atenuado.

En un caso que conmovió la opinión pública, tras más de un año de proceso judicial, el juez superior de Bayamón, Miguel Fabre Ramírez, impuso la pena máxima para los delitos contemplados del Código Penal (ocho años en penas concurrentes), más ocho años por el caso de la violación a la Ley de Armas, para un total de 16 años.