La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) advirtió al Tribunal Federal en San Juan que operaciones críticas de la Policía de Puerto Rico están en “riesgo” por el presupuesto establecido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Así lo planteó en una moción ante el juez federal Francisco Besosa, solicitando que sea incluida en el caso de la Reforma de la Policía, donde pueda conseguir los recursos necesarios para el mantenimiento para continuar operando las instalaciones de la Uniformada.

La moción destacó que para el próximo presupuesto del año fiscal 2025-2026 identificó un déficit de $17.5 millones en el presupuesto aprobado para la AEP.

Denunció que esa “situación levanta preocupaciones serias sobre su estabilidad operacional y financiera”.

“A pesar de múltiples solicitudes a la JSF para que apruebe un presupuesto acorde con las necesidades operacionales, incluyendo las necesidades de mantenimiento y conservación de sus propiedades, el presupuesto aprobado es insuficiente para cubrir las responsabilidades fiscales de la AEP.”, apuntó.

“Una de las agencias que se ve más afectada por esta situación es el Departamento de Seguridad Pública (DPS), particularmente la Policía de Puerto Rico”, agregó.

La agencia acudió al Tribunal Federal buscando una intervención que “corrija las proyecciones del presupuesto para salvaguardar la habilidad de la AEP para operar efectivamente, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones y rol esencial en la infraestructura del gobierno, incluyendo los edificios que alquila a la Policía”.

Detalló que 105 edificios de la AEP actualmente están alquilados a la Policía, que le paga 65 centavos por pies cuadrado, lo que catalogó como “insuficiente para proporcionar mantenimiento y realizar las mejoras capitales necesarias para mantener” esas instalaciones “en condiciones óptimas y funcionales”.

Reveló un “incidente que ilustra la situación actual y el riesgo sustancial involucrado”. Relató que ocurrió en junio pasado, cuando LUMA Energy desconectó la subestación de la Comandancia de Carolina, “sin notificación previa”, dejando sin servicio eléctrico a una instalación “que es esencial para proveer seguridad a las áreas de Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza”.

“LUMA desconectó dicha subestación eléctrica para obligar a la AEP a brindar un mantenimiento exhaustivo. Los trabajos de mantenimiento se prolongaron hasta el 24 de junio de 2024, por lo que la Comandancia estuvo operando con un generador eléctrico durante todo el fin de semana de la Noche de San Juan”, agregó.

Detalló que actualmente no tienen fondos identificados para realizar mejoras capitales, así como estudios por asbesto y mitigación, entre otros, en instalaciones alquiladas a la Policía.

Señaló que esos edificios afectados son las comandancias de la Policía en Caguas ($2,540,176.56), Carolina ($2,764,851.67), Guayama ($2,049,376.99), Utuado ($1,646,676.54), Bayamón ($2,916,736.29), Arecibo ($1,183,666.79) y Mayagüez ($1,783,333.14). También incluyó la antigua comandancia de Mayagüez que ahora es usada por otras undiades ($2,234,769.07).

De otra parte, la AEP informó que desde diciembre de 2023 ha solicitado fondos de “fideicomiso” que fue autorizado por el gobierno de Puerto Rico, pero que la JSF no ha emitido la aprobación de desembolso.

“Como resultado, la AEP no ha podido llevar a cabo las reparaciones necesarias” en instalaciones de la Policía, comenzando por el Cuartel General, a un costo de $9,063,29. Otros edificios que esperan por esos fondos para reparaciones son la comandancia de Ponce ($2,000,000), segunda fase de las barracas ($3,000,000), así como cuarteles en Manatí ($500,000), Guánica ($500,000) y Patillas ($588,529).

“Las condiciones actuales de estas estructuras afectan la operación de la Policía de Puerto Rico y evitan que se logren los objetivos de la Reforma Sostenible”, apuntó la moción.

De paso, la AEP manifestó que la situación precaria no es solo para edificios de la Policía, sino para múltiples entidades del gobierno que le rentan sus edificios.

“De igual forma, los presupuestos que se han aprobado para la AEP, sujeto a los fondos asignados a las agencias arrendatarias de la AEP, impiden que la AEP pueda cumplir con su Ley Orgánica, que requiere que el alquiler a pagar sea un ingreso razonable y suficiente, tomando en consideración las cantidades que la AEP necesita pagar por los gastos de operación y mantenimiento de dichos edificios, incluyendo una cantidad proporcional razonable para cubrir los gastos administrativos de la AEP, el costo de reemplazo de equipo y otros gastos de operación y mantenimiento que no ocurren anualmente, y para proveer una reserva para tales fines”, explicó.

“La situación descrita anteriormente pone en riesgo la continuidad de las operaciones de la Policía de Puerto Rico y la AEP”, advirtió.

Expuso que, en una carta enviada a la JSF en junio pasado, la AEP alertó “sobre las graves consecuencias por la falta de fondos por la que atraviesa”. Específicamente le indicó que, como resultado, no podrá “realizar el mantenimiento crítico de nuestras escuelas, estaciones de policía, tribunales y otras estructuras esenciales”.

Asimismo, advirtió que si no se subsana la situación, “la Policía se verá obligada a dejar o abandonar las propiedades de la AEP”, lo que “resultará en la interrupción de los servicios prestados por la Policía y/o en un aumento significativo en los gastos de la Policía, frustrando su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo” de la Reforma.

Después de que la moción fuera radicada el pasado 30 de diciembre, el juez Besosa ordenó al Monitor, al Comisionado Especial y al Departamento de Justicia de Estados Unidos - que son parte en el caso de la Reforma - a que expresen sus posiciones con relación a la petición, en o antes del 13 de enero.