En momentos en que cuatro mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2025 en incidentes que involucran a sus parejas o exparejas, el Departamento de Justicia busca fortalecer el procesamiento de los delitos de feminicidio y violencia de género en la isla.

A esos fines, la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, informó este jueves la capacitación de sobre 560 funcionarios de múltiples sectores que tienen un rol clave en el sistema de justicia criminal a la hora de lograr que los casos no queden impunes.

“En el Departamento de Justicia continuamos implementando medidas para optimizar el procesamiento de los casos de violencia de género y feminicidios en nuestra sociedad”, dijo Parra Mercado, en un comunicado de prensa.

El adiestramiento denominado como “Foro Magistral sobre Estrangulamiento: Enfoque Multidisciplinario para una Respuesta Coordinada en Puerto Rico”, se celebró junto al Instituto de Prevención de Estrangulamiento, crucial en este esfuerzo.

En Puerto Rico, la Ley 71-2024 tipifica el estrangulamiento como un delito grave, y desde su aprobación, se han radicado más de 300 casos de maltrato por estrangulamiento bajo la Ley 54-1989.

En esta ronda de capacitación, fiscales, jueces, enfermeros, policías, investigadores forenses, doctores en medicina, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y primeros respondedores, entre otros, recibieron el adiestramiento sobre el tema.

“Como resultado de este adiestramiento, los participantes podrán investigar y documentar casos para su enjuiciamiento; procesar casos, incluyendo el uso de expertos en la corte y lo más importante, mejorar la seguridad de las víctimas a través de servicios informados sobre el trauma”, mencionó Parra Mercado.

Según la titular de Justicia, de esta forma, se procesará esta conducta “con el rigor que requiere, pues diversos estudios demuestran que las víctimas de estrangulamiento tienen un riesgo 700% mayor de ser asesinadas por su pareja”.

“El adiestramiento nos permite procesar efectivamente a potenciales feminicidas, lo que contribuye a la prevención de muertes”, añadió.

La actividad contó con recursos experimentados en los temas de estrangulamiento fatal, estrangulamiento no fatal, violencia doméstica y violencia sexual, informó Justicia.

Entre los conferenciantes, se destacaron educadores del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, organización internacional líder enfocada en el adiestramiento de profesionales para la identificación, documentación, investigación y procesamiento de casos de estrangulamiento en relaciones de pareja.

Dicha organización ha colaborado en casos de alto perfil en los Estados Unidos y se ha dedicado a educar, prevenir y alertar sobre las consecuencias del estrangulamiento no fatal en las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual.

Entre sus conferenciantes estuvieron presentes los licenciados Casey Gwinn, Gael Strack, Gerald Finemann y Joe Bianco, así como el doctor William Smock.

Por su parte, la jefa de los fiscales, Lynnette Velázquez Grau, destacó que “esta iniciativa reafirma el compromiso del Departamento de Justicia en combatir la violencia de género en nuestra sociedad”.

En este 2025, cuatro mujeres han sido asesinadas en incidentes de violencia de género.

Las víctimas han sido identificadas por la Policía como Lisalee Escalante Espada, de 28 años y vecina de Guayama; Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50 y residente de Villalba; Jada Waldmann, de 22, natural de Indiana, pero residía en Carolina; y Camill Vilmenay Menéndez, de 62, vecina de Caguas.

“La capacitación de fiscales y peritos en temas especializados como estos es fundamental en su preparación y tiene el objetivo principal de maximizar las destrezas necesarias para garantizar el procesamiento efectivo de este tipo de casos para poder probarlos más allá de duda razonable en un Tribunal y lograr convicciones”, puntualizó Velázquez Grau.

El evento fue coordinado por la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores (DCUE) y la Oficina de la Jefa de los Fiscales del Departamento de Justicia.

Según la agencia, los participantes se reunieron en diferentes sesiones paralelas enfocadas en los temas legales, médicos y comunitarios para educarse, promover la discusión, trabajar en equipo, conocer la función de los demás y establecer nuevas estrategias que tengan como fin mejorar la respuesta a las personas que sobreviven a estos actos.

La fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la DCUE, dijo que “es fundamental que nuestras comunidades, junto con los profesionales de primera respuesta, funcionarios y miembros del sistema de justicia, estén debidamente preparados para enfrentar la alarmante problemática del estrangulamiento en casos de violencia doméstica, abuso sexual y maltrato infantil”.

“Cada incidente de estrangulamiento no solo representa un riesgo inmediato, sino que también pone en jaque la vida de la víctima. A través de esta capacitación multisectorial, el Departamento de Justicia tiene como objetivo sensibilizar, empoderar y brindar las herramientas educativas necesarias para asegurarse de que todos los que intervienen en la atención de estas situaciones, desde jueces y fiscales hasta médicos, educadores y personal de organizaciones que apoyan a las víctimas, puedan identificar adecuadamente a las víctimas y ofrecer el mejor servicio posible”, abundó.

Hernández Gutiérrez planteó que “juntos podemos reconocer la gravedad de esta forma de violencia y actuar con la compasión y eficacia que los sobrevivientes de delito requieren”.

“Solo así podremos avanzar de manera significativa en la prevención de feminicidios y muertes pediátricas, construyendo un futuro más seguro y saludable para todos en Puerto Rico”, concluyó la fiscal.

El evento contó con la participación del Poder Judicial, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, los departamentos de Salud, Educación, Corrección y Rehabilitación y Familia, el Negociado de la Policía, Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Cuerpo de Emergencias Médicas; adscritos al Departamento de Seguridad Pública.

De igual forma, participó personal del Instituto de Ciencias Forenses, el Recinto de Ciencias Médicas, la academia y entidades que ofrecen servicios directos a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual, entre las que se encuentra Coordinadora Paz para las Mujeres y Centro Salud Justicia.